Universidades

El decreto para frenar las “universidades chiringuito” levanta las primeras ampollas

El foro que agrupa a las instituciones privadas considera inapropiado que se exija a todos los campus la misma labor de investigación. El texto de Manuel Castells podría acabar en los tribunales

Los ministros Manuel Castells (centro), Alberto Garzón y Irene Montero durante la celebración de la Constitución en Madrid.
Los ministros Manuel Castells (centro), Alberto Garzón y Irene Montero durante la celebración de la Constitución en Madrid.Ballesteros / EFE

El decreto de creación de nuevas universidades y reconocimiento de las antiguas que propone el ministro Manuel Castells ―que intenta poner freno a las que actúan como meras academias (conocidas como universidades chiringuito en el sector), a las que se exigirá que acrediten su labor de investigación― ha empezado a levantar ampollas. El Foro Emilia Pardo Bazán, que agrupa a casi el total de las 39 universidades privadas, reclama que el plazo para adaptarse a los nuevos condicionantes de calidad sea de más de cinco años, ya que no todos los campus compiten en igualdad de condiciones, ni en tamaño ni en recursos económicos.

Castells quiere que todas las universidades hagan docencia, investigación y transferencia de conocimiento y considera que muchas descuidan las dos últimas, especialmente las privadas (parte con una excelente enseñanza) cuya financiación está condicionada por las matrículas. En un documento consensuado por el foro ―cuyos miembros aspiran a que la conferencia de rectores (CRUE) adopte parte de sus alegaciones― se comparte “la preocupación por mejorar el sistema universitario español” expresada por Castells, aunque a continuación se añaden cinco páginas de peros. Si no se cumplen los requisitos del nuevo decreto, el campus dejará de llamarse universidad y no impartirá grados. “Podría suponer la restricción de derechos fundamentales, el constreñimiento del derecho a la autonomía universitaria”, se alega en el resumen ejecutivo del plenario del foro celebrado hace dos viernes, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los integrantes del foro creen que debe haber “reglas de similar exigencia para todos (igual capacidad para acceder a las convocatorias)”. Juan Cayón, exrector de la Universidad Antonio de Nebrija y autor de las conclusiones, explica que, por ejemplo, universidades creadas en los noventa ―su centro, la Europea o la Alfonso X― no pueden contratar a investigadores con becas Fulbright al ser sociedades anónimas. Ahora suelen constituirse como fundaciones (con beneficios fiscales) aunque parte buscan el lucro.

Además, piden que se tengan en cuenta las particularidades: antigüedad, tamaño y consolidación de cada universidad. Mientras las Administraciones no han inaugurado ningún campus público desde 1998 (la Politécnica de Cartagena), las privadas han creado 22, hasta sumar los 39 actuales. Con la Universidad Internacional de la Empresa, del grupo Planeta, son cuatro las instituciones que se han fundando en Madrid en dos años ―junto a ESIC, CUNEF y Villanueva―. Uno de los problemas que afrontan de cara al nuevo decreto es que estarán obligadas a impartir grados de tres de las cinco áreas de conocimiento (Ingeniería, Ciencia, Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Ciencias de la Salud), cuando estos campus están centrados únicamente en las ciencias sociales. “Si las politécnicas están excluidas en el decreto, ¿por qué no el resto? ¿La especialización va en contra de la calidad? Stanford la tiene y nadie la cuestiona”, plantea Cayón.

El tamaño es también un gran handicap para las privadas. Muchas de ellas tienen menos de 2.000 alumnos ―la Complutense de Madrid tuvo en el curso 2019-2020 más de 72.000― y eso es precisamente lo que quiere evitar el ministerio, convencido que en proporciones tan pequeñas no hay “masa crítica de profesores, titulaciones y estudiantes” suficiente para generar conocimiento. Cada universidad tendrá que ofertar un mínimo de 10 carreras, seis másteres y tres doctorados (algunas privadas no tienen ninguno).

“No parece razonable imponer un determinado modelo de organización universitaria, sin dejar margen alguno de discrecionalidad a las comunidades autónomas”, se lamenta la alianza. Eso es justamente lo que busca el ministerio, frenar el poder de los gobiernos autonómicos que llevan años dando vía libre a universidades ―una fuente de dinero y puestos de trabajo― pese al informe en contra del Consejo de Universidades (preceptivo, pero no vinculante), en el que está presente el ministro y los rectores (50 de la pública).

Forzar a las universidades a invertir en investigación es visto por el foro como una injerencia en su “autonomía presupuestaria” y no entienden por qué el número de estudiantes de grado debe ser mayor al de posgrado (cuyos créditos tienen un coste superior), al contrario de lo que ocurre en universidades de primer nivel como Harvard, el MIT o Yale. “Nos preocupa que haya un crecimiento desordenado. Que la universidad sea un paraguas para dar títulos de formación continua online cuando esa no es su misión”, sostienen fuentes gubernamentales. Desde la alianza se recuerda que ese tipo de formación de menor duración y más especializada va a ser indispensable en un mundo en constante cambio.

El decreto obliga, además, a que el 60% del profesorado tenga un sexenio de investigación (un complemento salarial unido al rendimiento científico). Ese reconocimiento lo otorga la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que depende del Ministerio de Universidades, y por ello el foro sostiene que ahuyentará al talento extranjero. Ven incomprensible que el 60% de la plantilla sea a tiempo completo, porque en su opinión “no se justifica por criterios de calidad e impide la colaboración parcial entre varias universidades nacionales o internacionales”. Tampoco comparten que el 70% de los profesores de máster tengan que ser doctores. “La mayoría de los másteres son habilitantes [para poder ejercer una profesión, como abogado o profesor de secundaria], no de investigación. Es un sinsentido”, añaden.

Estos son los primeros pasos de un decreto que previsiblemente llegará al Consejo de Ministros el próximo trimestre y no es descartable que el asunto termine en los tribunales.

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