Los empresarios quieren abrir nueve universidades privadas al amparo de los gobiernos autonómicos del PP

La educación superior es un negocio estable ―en época de crisis la población invierte en formarse―, así que la fiebre de abrir nuevas universidades no termina de amainar, pese al decreto de creación y reconocimiento de centros de 2021 que sacó adelante el Gobierno y que obliga a las instituciones a cumplir unos requisitos mínimos de calidad. En ese escenario, los empresarios y los fondos de inversión prueban suerte en las comunidades gobernadas por la derecha, más proclives a extender las privadas, según los datos recabados por este diario. Al menos hay nueve proyectos con distinto grado de maduración: dos en Madrid, dos en Andalucía, uno en Baleares, uno en Canarias, dos en Extremadura y otro en Galicia. Y el alcalde de Calatayud maniobra para que haya un décimo en Aragón.

En 1998 se fundó la última universidad pública en España, la Politécnica de Cartagena, y en total son 50. A este ritmo de inauguraciones, pronto las privadas ―que forman al 20,5 % de los alumnos de grado (278.000), cuando en 2015 eran el 13,5%― empatarán. Ese 1998 eran 13 centros y ahora el triple (43). Los gobiernos autonómicos son los que tienen potestad para abrir y clausurar una universidad, mientras que el Ministerio de Universidades emite un informe (obligatorio, pero no vinculante) sobre la calidad del nuevo centro y, a través de la agencia de evaluación ANECA, autoriza los planes de estudios.

Alguna institución privada ya en funcionamiento podría cerrar si en cinco años no cumple el decreto que diseñó Manuel Castells. “El decreto intenta poner un poco de orden en un sistema que tenía el peligro de que le llamásemos universidad a cualquier cosa. Las universidades tienen que cumplir unas condiciones determinadas, también las públicas, con altos porcentajes de precariedad: un porcentaje dedicado a la investigación [5%], número de doctores... Los chiringuitos son ahora más difíciles de hacer”, pronosticó el ministro en funciones, Joan Subirats, en una entrevista en este periódico. Si la Administración fuerza al empresario a que la mitad de tus alumnos sean de grado (para que no se centre en cursos de reciclaje profesional), a ofertar estudios en tres de las cinco áreas de conocimiento o a montar escuelas de doctorado, de entrada, no parece un negocio tan boyante, pero se mueven tantos millones que el interés no decae.

Madrid, la región más rica y una de las que menos invierte en sus universidades públicas (1.100 millones), según datos oficiales reflejados en el informe de la Fundación CYD ―y ello tiene su reflejo en los parámetros de calidad―, quiere competir con Miami en educación superior. Ya cuenta con 13 privadas ―frente a apenas seis públicas―, a las que se suman cinco centros extranjeros autorizados y cuatro campus de universidades de otras regiones. Y eso sin contar los 18 centros adscritos a sus instituciones públicas y los siete de las privadas que, siguiendo la estela de otros similares, podrían pretender convertirse en universidades autónomas. Un estudio encargado por la propia Comunidad de Madrid, cuando el PP gobernaba con Ciudadanos y que ha sido tapado, ya alertaba en 2022: hay una sobreoferta de 13.700 plazas de grado en los campus públicos madrileños y 12.000 en los privados.

La UCAM, en Madrid

“Se están analizando las propuestas del IMF para crear la Universidad Felipe II y la del Centro de Estudios Superiores Alma Máter, como centro adscrito a la Universidad Católica de Murcia (UCAM)”, precisan desde la consejería madrileña. “Estas solicitudes pasan un proceso de estudio, que incluye la petición de informes de distintos centros directivos, de la Agencia de Calidad Madrileña y el preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria del Ministerio de Universidades [los técnicos del ministerio]”. Además, IE University, que funciona con normalidad como un centro adscrito en la capital ―su sede original está en Segovia―, está pendiente de convertirse en la decimocuarta privada.

Eldiario.es adelantó los planes de la UCAM que vuelve a intentar conquistar Madrid. Entre medias ha muerto su fundador, José Luis Mendoza, amigo de Joseph Ratzinger, que aseguró en este periódico en 2012 haber donado al Vaticano 49 millones de euros en 15 años. Tuvieron retorno. En 1996 el obispo de Cartagena, Javier Azagra, firmó el “decreto de erección” de la universidad amparado en los Acuerdos con el Vaticano, de 1979, sin pedir la autorización de la Administración. La institución no sería de la Iglesia, sino de una fundación en manos de Mendoza. La UCAM, conocida por becar a grandes deportistas, trató de expandirse sin éxito en Alicante y León, y en 2020 anunció que instalaría en la capital la Universidad Internacional Católica del Deporte, que no fructificó. Ahora sus herederos prueba suerte de nuevo en la capital como centro adscrito. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013 impide que las diócesis españolas puedan crear universidades, como ocurrió en Murcia.

En 2011 los socialistas en Andalucía sucumbieron a la privada con la fundación de la Universidad Ignacio de Loyola y el pasado mes se han aprobado con el voto de la derecha en el Parlamento andaluz dos nuevas privadas ―la CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico-Mediterránea (Utamed)― para indignación de las públicas y del ministro Subirats. “No puede ser que acaben aprobándose pseudouniversidades cuando tienen informes previos en contra”, declaró Subirats sobre Utamed.

Por eso, el consejero José Carlos Gómez Villamandos, muy crítico con los proyectos cuando era rector de Córdoba, se ha comprometido a que las privadas tengan también “controles de calidad exhaustivos”. Y la consejería ha desestimado proyectos para Almería, Córdoba y la Costa del Sol. El Ayuntamiento de Málaga (PP), por su parte, ha cedido a dos fondos de inversión terrenos a cambio de un canon para que se instalen la Universidad Alfonso X y la Europea de Madrid. “Ambas tienen todos los informes positivos del Gobierno y la agencia de calidad de Andalucía y ahora deberían empezar con todos los trámites parlamentarios”, explica un portavoz de la consejería.

El Gobierno de Baleares, que ha pasado a manos populares, “ha recibido una petición de la Universidad Europea de Madrid que quieren presentarle sus proyectos”, explica una portavoz. “Una reunión que aún se tiene que agendar y de la que no nos constan los detalles”. Ya Laureate International Universities, la anterior dueña, presentó en 2012 un proyecto al PP. “Seguimos interesados en llevar nuestro modelo académico a otros territorios de la geografía nacional, aunque en estos momentos no podemos dar más detalles”, precisan desde la Europea.

La apuesta más avanzada es la de CESUGA, un centro adscrito de Coruña propiedad de relevantes empresarios de Galicia. En diciembre de 2021, Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo, entonces presidentes del PP y de Galicia, visitaron su sede para conocer el proyecto, demostrando la cercanía del centro al poder regional. “El Ministerio de Universidades tiene en estos momentos una solicitud para el informe de legalidad preceptivo”, cuentan desde la Xunta. En 2021 se autorizó, entre críticas de las públicas, la primera privada gallega, la Universidad Intercontinental de la Empresa, promovida por Abanca, fusión de las cajas de ahorro locales.

En Canarias, donde vuelve a gobernar Coalición Canaria con respaldo del PP, se han fundado cuatro privadas desde 2010 y se ha presentado un proyecto para abrir la Universidad Tecnológica de Canarias. “Está todavía en fase de análisis”, afirma una portavoz. Mientras que en Aragón, también territorio popular, el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha visitado en Roma la Universidad Niccolo Cusano, con la idea de abrir conjuntamente la Universidad NCI Aragón junto a la estación del AVE y con capacidad para 3.000 alumnos. Desde el Gobierno aragonés indican, sin embargo, que “no hay ninguna petición oficial de nueva universidad en tramitación”. Apenas se han dado los primeros pasos.

Las privadas no han entrado solo en tres comunidades, además de en Baleares. En Castilla-La Mancha han descartado cuatro proyectos en los últimos tiempos y no tienen ninguno sobre la mesa, y en Asturias no han recibido ninguno. Mientras en Extremadura, donde los socialistas han descartado durante 20 años propuestas, hay dos para instalarse en Badajoz desde la pasada legislatura: la Universidad Abierta de Extremadura (del grupo Planeta, con modalidad a distancia) y la Universidad Internacional para el Desarrollo, ligada a la Universidad Autónoma de Chile. “Están pendientes del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria”, señalan desde la Junta extremeña.

En Cataluña, gobernada por Esquerra y con el sistema universitario mejor posicionado en los rankings de calidad, no son partidarios de abrir más privadas —a diferencia del otro polo de atracción de estudiantes que es Madrid, menos selectivo— y los empresarios son conscientes. Desde la Generalitat informan que no tienen ninguna propuesta encima de la mesa. Por ahora.

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