Subirats, tras autorizarse dos universidades privadas en Andalucía: “Es un problema acuciante que afecta a todo el sistema”

En plena polémica por la posibilidad de concertar la atención primaria, el Gobierno andaluz, que el PP dirige con mayoría absoluta, autorizó este martes la apertura de dos nuevas universidades privadas para el próximo curso ―la CEU Fernando III en Bormujos (Sevilla) y la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) de Málaga, de enseñanza a distancia― que han soliviantado a los nueve rectores de los campus públicos de la comunidad y al ministro de Universidades, Joan Subirats. “Estamos ante un auge de universidades privadas en muchas comunidades autónomas que, en muchos casos, no cumplen los estándares de calidad fijados. Es un problema acuciante, porque todo ello acaba afectando al conjunto del sistema universitario”, declara el ministro a EL PAÍS.

“Hemos desarrollado y aprobado el real decreto de creación de universidades, que establece los mínimos para evitar que cualquier iniciativa acabe llamándose universidad y velar así por la calidad del sistema”, subraya el ministro. “Las comunidades, que son las que tienen la competencia sobre el tema, deben corresponsabilizarse de este problema que afecta a toda la ciudadanía. No puede ser que acaben aprobándose pseudouniversidades cuando tienen informes previos en contra”. Y añade: “Vamos a estar vigilantes. No podemos avalar que se emitan títulos oficiales sin que cumplan los mínimos para ello. Hay que evitar un problema ahora que puede ser mayor en el futuro”.

Los técnicos del Ministerio de Universidades emiten un informe sobre la calidad de un proyecto de universidad y se somete a votación en la Conferencia General de Política Universitaria, de la que forman parte Subirats y los gobiernos autonómicos. En esta ocasión ambos informes ―preceptivos, pero no vinculantes para la autonomía― tuvieron distinto signo: el de la Fernando III (en él se aplicaron los criterios anteriores al decreto, que eran menos estrictos) fue favorable y el de UTAMED, negativo. Un portavoz de la Consejería de Universidades asegura que ambos promotores han cumplido con las mejoras que había requerido el Gobierno central.

“Siguen existiendo serias dudas sobre la sostenibilidad económica (...). Hay una deficiente planificación del profesorado. Imposibilidad de garantizar prácticas obligatorias externas, incertidumbre respecto a la sede de la universidad o falta de garantías que aseguren la financiación”, se afirma en las conclusiones del informe de UTAMED. También los técnicos reprochan que los grados que se van a ofertar ya están en el catálogo de las universidades andaluzas: “No aporta iniciativas novedosas”.

“Quisiera recalcar mi apoyo a la carta que este miércoles han publicado los rectores y rectoras de Andalucía”, precisa Subirats. En su manifiesto, los nueve rectores afirman: “Este anuncio ―junto con el conocimiento de que dos nuevas universidades privadas más han iniciado también su tramitación y una tercera próximamente― despierta una gran inquietud entre las comunidades universitarias, pues, al mismo tiempo que se asiste a este crecimiento exponencial de la oferta privada en la Educación Superior, las universidades públicas seguimos necesitando un nuevo modelo de financiación”.

El consejero se opuso siendo rector

José Carlos Gómez Villamandos, quien siendo rector de la Universidad de Córdoba (pública) había criticado la implantación de los dos centros en una carta fechada en febrero de 2022 con los otros ocho rectores de la universidad pública ―”Deben pasar siempre por la exigencia a estas instituciones de los mismos estrictos requisitos de calidad”, manifestaron―, ahora ha sido el encargado de defender la autorización en calidad de nuevo consejero del ramo: “Las universidades cuentan con todas las garantías desde que hace tres años se presentaron los proyectos y sus promotores han ido asumiendo las evaluaciones y consideraciones que se les han ido haciendo desde la Conferencia General de Política Universitaria y la Agencia Andaluza del Conocimiento”.

La aprobación deberá pasar por el trámite parlamentario, pero el PP dispone de mayoría absoluta. Villamandos señala que ambas universidades cuentan con los informes positivos de la Junta, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social. Este, el pasado diciembre, se pronunció en contra de la apertura de la UTAMED y fue muy crítica con los planes de estudio y las metodologías docentes presentados y en el que se cuestionaba la financiación.

UTAMED fue impulsada en sus inicios por Medac, la empresa que Javier Imbroda, que fue consejero de Educación de la Junta en la pasada legislatura, fundó y de la que fue propietario hasta que entró en política. Imbroda había intentado en 2018 como empresario abrir la universidad en Almería con su hermano Juan José, como presidente de la ciudad autónoma. La propuesta para implantarse en Málaga ―ya sin Imbroda y con más medios― recibió el espaldarazo del Gobierno andaluz en febrero de 2022, pese a contar con los informes desfavorables de la propia Junta. En abril de ese año, el Consejo Andaluz de Universidades, del que Villamandos formaba parte como rector, también emitió un informe contrario.

Francisco Ávila, presidente de UTAMED, explica a este diario que su intención es comenzar con los grados por internet y masters en septiembre de 2024, y los estudios estarán dirigidos a trabajadores que necesiten conciliar y una nueva formación para progresar en su entorno laboral. “Es necesario un cambio en la cultura global para ayudar a esta reinserción”, sostiene Ávila, quien no comparte las quejas de los rectores de las universidades públicas sobre que haya una duplicidad de titulaciones. “Entendemos que nadie puede vivir sin competencia, pero si el título fuera el mismo, que no lo es, el perfil de estudiante es diferente y hay mucha más demanda que oferta ahora mismo”, opina.

La UTAMED ofrecerá los grados por 4.000 euros y aún no ha terminado de concretar el precio de los másters. Ávila no aspira a que esta universidad sea “la de la última oportunidad”, sino que quiere vincular su crecimiento “en términos de marca y reputación” por las sinergias que cree con la empresa y la investigación. “Algo que en nuestra tierra no se ha hecho”, añade.

Villamandos asegura que la consejería va a establecer en ambas universidades, “como requisitos especiales, que se priorice el resultado académico a la hora del ingreso” y que desarrollen un sistema de becas que favorezca el acceso de los estudiantes con rentas más bajas.

En paralelo a la autorización de estas dos universidades, la Junta ha rechazado crear la Universidad de la Costa del Sol, que aguarda desde 2018. Los promotores de la Universidad Internacional del Mediterráneo, que pretendía ubicarse en Almería, y la Universidad Internacional Lucio Anneo Séneca, en Córdoba, se han retirado del proceso tras recibir observaciones negativas.

No es la primera vez que un Gobierno no tiene en cuenta el informe contrario de la CGPU. Madrid ha aprobado su decimotercer campus privado, la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), que incumple todos los criterios de calidad del ministerio y de su propio Ejecutivo (durante el mandato de Ciudadanos). Cantabria, entonces también en manos del PP, aprobó en 2013 la creación de la Universidad Europea del Atlántico sin el visto bueno de su ministro, José Ignacio Wert. El año pasado, este campus intentó que la justicia parase el nuevo decreto, que le obliga a pasar unos estándares de calidad de los que está lejos, y el Tribunal Supremo fue demoledor: “Pretender que las universidades privadas operen en el vacío regulatorio resulta manifiestamente insostenible”.

En la actualidad, hay en España 50 universidades públicas ―la última, la Politécnica de Cartagena, se fundó en 1997― y 41 privadas, que no paran de abrirse por toda la geografía española. Las últimas son: Universidad Intercontinental de la Empresa, de Abanca, en Galicia; Euniz, centrada en el deporte y los videojuegos, en el País Vasco, y UDIT, la madrileña, en el diseño.

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