El Gobierno va a replantearse las becas universitarias tras caer el número de beneficiarios

Es un hecho que las becas universitarias no paran de bajar en número de beneficiarios ―360.700 en el curso 2019-2020 y 342.000 en el 2021-2022 (últimos datos publicados)― y eso que ha coincidido con una inversión récord de la Administración General del Estado: 2.535 millones de euros estimados este 2024-2025, de los que 1.300 millones se destinarán a los universitarios. Parece claro que los umbrales de renta exigidos a las familias son muy bajos para la vida real y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades quiere reunirse con el de Educación, quien gestiona todas las becas, para repensar el modelo. Por ejemplo, una familia compuesta por cuatro miembros solo puede pedir beca si tiene una renta menor a 42.835 euros, y en ese caso se sitúa en el umbral 3, el más alto de la escala (el 1 hasta 23.385 euros y el 2 hasta 38.242), que da derecho a una cuantía menor de ayuda.

La partida de becas total ha crecido un 72% desde 2018 y va a beneficiar este curso a más de un millón de estudiantes de etapas no obligatorias no universitarias y universitarias. El ministerio calcula que se van a matricular 1,8 millones de personas en los campus (1,35 millones en modalidad presencial), con las inscripciones en la pública estables y en alza en las privadas, que alcanzan los 500.000 alumnos. Los campus están recibiendo en estos momentos a los alumnos de la cresta de la ola de nacimientos (2005), pero pronto se enfrentarán a una bajada. En un informe sobre la situación financiera de las universidades, la conferencia de rectores (CRUE) reclamó el pasado año ampliar la inversión en becas y ayudas “hasta alcanzar el objetivo de los 2.000 millones de euros (0,1507%, PIB 2022)”. Es decir, según sus cálculos, faltan por invertir 700 millones.

Francisco García, secretario general de Universidades, cree que hay que “acompasar” las becas a “las nuevas realidades”, con un entorno de trabajo inestable ―tan pronto se gana mucho como no y ello tarda en reflejarse en una ayuda, porque se tiene en cuenta la renta de dos cursos antes― y con un mercado del alquiler desbocado que destroza cualquier economía. Aún Ciencia y Educación no se han sentado a hablar. Este curso los umbrales han subido un 5% para evitar que las familias perdiesen la beca por una subida mínima de los salarios, menor que el ascenso del coste de la vida.

Una familia que vive con un sueldo de 2.000 euros no puede permitirse mandar a su hijo a estudiar fuera y es lo que quieren muchos estudiantes, porque en su localidad no hay la carrera deseada o universidad. De los casi 1,4 millones de inscritos en el modelo presencial, solo viven en la ciudad en la que estudian 362.000, otros 600.000 se desplazan desde otra localidad de la misma provincia y 400.000 se mueven a otra comunidad.

“Los umbrales de renta están pensados para una persona que viva en casa de sus padres, no para quien tenga que vivir fuera”, reflexiona José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza. “La matrícula no es cara, pero el coste de la vida mucho. La clase media que vive con 2.000, 2.500 euros al mes, ¡cómo va a mandar a su hijo a estudiar fuera, si va a tener un costo de vivienda de 1.000 euros al mes!”. Aunque asegura que Zaragoza “todavía es una ciudad atractiva por precios, han subido, pero razonablemente”. Las sedes de UNIZAR en Teruel y Huesca están teniendo una matriculación muy alta y Mayoral no descarta que sea debido al coste de la vida más bajo, pero no han hecho un estudio.

Alejandro Campuzano, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), e Ignacio Pardo, miembro del consejo permanente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CEUNE), asienten cuando el otro toma la palabra a preguntas de este diario en un descanso la pasada semana de un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander sobre la reforma universitaria. No hay duda de que es un sentir general. “Llevamos dos años reivindicando que suban los umbrales de renta. Hay que buscar una solución real para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades para acceder a la educación pública universitaria con los mismos derechos. Por ejemplo, el hecho de los reintegros [hay que devolver la beca si no se aprueba] provoca que el estudiante se endeude por pedir una beca con su derecho constitucional de ir de universidad”, defiende Pardo, que acaba de terminar Enfermería en la Universidad de León.

“No entiendo que el sistema de becas implique que pueda haber deudas. Este sistema no tiene que ser rentable. Estás haciendo una inversión a futuro de la juventud”, se suma Campuzano, estudiante de Biología en la Universidad de Sevilla. “Ha subido el salario mínimo vital, pero no las becas. Es decir, se entiende que el coste de vida ahora es más caro, pero si eres becado tienes que contar con lo mismo que tenías antes”.

“Es verdad que se están dando pasos hacia delante, porque se ha subido la cuantía de la beca de alojamiento [de 1.600 euros a 2.500 euros], pero estamos en las mismas”, añade Pardo, “si la beca sube, pero el alojamiento lo hace un 20%, sigue siendo insuficiente para la realidad de los estudiantes”.

Un caso paradigmático, y quizás no único, es el caso de Cataluña. El número de universitarios crece lentamente y para el próximo curso se han preinscrito 57.401 estudiantes (150 más que el año pasado), pero sin embargo está perdiendo aspirantes de fuera de la comunidad. Se sitúan en 5.773, un 11% menos que el año anterior. El jefe de la Oficina de Acceso a la Universidad, Jesús Maria Prujà, en rueda de prensa para informar de las preinscripciones, atribuyó en julio el descenso al hecho de que “se están creando muchas universidades en otras comunidades”.

Sin embargo, el precio de los alquileres en Barcelona, como ocurre en Madrid, no puede resultar atractivo a un estudiante de fuera. La mayor cantidad de matriculados se concentra en Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, las comunidades en las que los barrios académicos han repuntado entre un 7% y un 14,5% en cuestión de un año, según el portal inmobiliario Fotocasa. Mientras que las residencias, que han aumentado su oferta un 8,5%, han incrementado los precios entre un 5% y un 10%, según el portal residenciasuniversitarias.es.

La presidenta de los rectores, Eva Alcón, animaba este domingo en EL PAÍS a las universidades a repensar su política de alojamiento: “La falta de alojamiento de nuestros estudiantes es un problema. Los alojamientos turísticos son más rentables y faltan residencias universitarias. Hay que ser imaginativos, buscar iniciativas público-privadas para construir en los campus las residencias. Pero no nos equivoquemos y construyamos residencias que cuesten 1.500 euros al mes. Tiene que haber una apuesta con visión social para que todo el mundo pueda acceder.

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