La presidenta de los rectores: “Los alojamientos turísticos son más rentables y faltan residencias universitarias”

Empieza a ser una tradición que la conferencia de rectores (CRUE) arranque el curso universitario organizando un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander y este año, que tiene que empezar a ponerse en marcha la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), es sin duda crucial. Hay muchísimo en juego y al frente se encuentra la filóloga y la rectora de la Jaume I Eva Alcón (Castellón, 1963), segunda presidenta de la institución en 30 años de historia. En los próximos días se firmarán los convenios para incorporar a 5.600 profesores ayudantes doctor ―un proceso cofinanciado por primera vez por el Estado y las comunidades―, hay que establecer un plan financiero con vistas a 2030 (han vuelto a niveles presupuestarios de 2009, tras años por debajo) y se está revisando el decreto de 2021 que ha tratado sin éxito de parar las universidades chiringuito. Alcón es optimista.

Pregunta. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades estima que este año se llegará al récord de 1,8 millones de alumnos por el avance de los campus privados, que suman 500.000 alumnos. ¿Qué hace mal la pública?

Respuesta. Las cifras hay que tomarlas con cautela aún, pero sí que hay que revisar el sistema universitario español. Las públicas tendremos que reflexionar sobre algunos de los procedimientos que llevamos a término, no porque lo hagamos mal ―el sistema público es potente y muy eficiente―, pero la sociedad va cambiando. Por ejemplo, estamos muy bien preparados para acoger a los estudiantes al inicio de su formación universitaria, pero hoy es insuficiente. Estamos en ello. El programa de microcredenciales [cursos cortos de especialización] ha entrado en todas las públicas. Es una oportunidad de que la gente nos vea como referentes de formación, de reciclaje profesional. Si queremos preservar los estudios universitarios públicos hay que llegar al que no puede y se llega con unas ayudas económicas que tienen que ir evolucionando. Están surgiendo muchas necesidades que deberemos abordar.

No nos equivoquemos y construyamos residencias que cuesten 1.500 euros a mes

P. ¿Como cuáles?

R. La falta de alojamiento de nuestros estudiantes es un problema. Los alojamientos turísticos son más rentables y faltan residencias universitarias. Hay que ser imaginativos, buscar iniciativas público-privadas para construir en los campus las residencias. Pero no nos equivoquemos y construyamos residencias que cuesten 1.500 euros al mes. Tiene que haber una apuesta con visión social para que todo el mundo pueda acceder. Y, por otro lado, tendremos que empezar a ofrecer formación híbrida, no solamente presencial, ni solamente online. Es fundamental garantizar la calidad, sea pública o privada. Todas son bienvenidas, pero que todas tengan unos criterios de calidad en la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento. Ya hay un grupo de trabajo que está trabajando en los requisitos que debe tener una universidad para ser universidad.

P. ¿El decreto de Castells (2021) que busca frenar las universidades chiringuito se ha quedado corto?

R. Haces una norma con la mejor intención, pero cuando la llevas a la práctica es cuando sabes si has fallado o no. Es el momento de que entre todos evaluemos si lo que tenemos es suficiente para garantizar la calidad. A veces miramos con preocupación estudios, especialmente online, porque no tenemos garantías de dónde están ubicadas las universidades que los ofrecen. Son bienvenidas las iniciativas públicas y privadas que han apostado por la virtualidad, pero asegurémonos de que lo que estamos ofreciendo es lo que España considera que es una universidad.

P. Hay una propuesta en Canarias que va adelante, cuya idea inicial era reservar solo un 4% plazas para estudios oficiales. El problema es grande.

R. No puede ser solamente centrarse en la formación, que eso ya se corrigió ampliando los ámbitos [cada universidad está forzada a ofertar carreras de tres de los cinco ámbitos de conocimiento], pero hay que ir más allá. Hay que motivar para que todas las universidades nos impliquemos en la investigación y en la transferencia de conocimiento.

P. La ministra Diana Morant insiste mucho en que el 95% de la investigación universitaria se hace en campus públicos y hay que cuidarlos, pero a un padre lo que le importa es la carrera de su hijo.

R. Tendremos que ir cambiando la cultura en la sociedad, ¿no? No olvidemos que como profesores transmitimos conocimiento y este se crea en las universidades. Sería perverso que hiciéramos escuelas de expedición de títulos. Deberíamos aspirar a una formación integral de todas las personas, que me consta que se hace en públicas y privadas. Y si una universidad no hace investigación, hay que poner los mecanismos necesarios para que acceda. Y, a su vez, hay que buscar los mecanismos para que, cuando se cree una institución con unos objetivos, si estos no se cumplen, se actúe. Y eso ahora no lo tenemos.

P. El presupuesto de todo el sistema público español para un curso son 8.100 millones de euros (50 universidades) y solo Harvard tiene más de 5.000 millones. España está en otra liga y, sin embargo, la sociedad aspira a que compita.

R. Tendríamos que estar contentos de que 36 universidades estamos bien posicionadas en el ranking Shanghái [entre las 1.000 mejores 35 públicas y 1 privada] con una financiación muy inferior al resto de universidades que nos acompañan. La pregunta sería: ¿son eficientes las universidades españolas? Lo somos y por eso hay que inyectarles dinero. Con esta financiación podemos hacer lo que podemos hacer. Nos encantaría ofrecer muchas más plazas en titulaciones que tienen demanda, pero ¿sabes por qué no podemos? porque necesitamos recursos en personal e instalaciones. ¡Qué más quisiéramos las universidades públicas que ofrecer donde vemos que hay demanda!

P. El viernes EL PAÍS publicó que el 51% de los alumnos de Medicina en Madrid van a pagar más de 110.000 euros por su título.

R. Hay que tener recursos y tener en cuenta que somos un sistema universitario. Y, ojo, si no tenemos en cuenta la empleabilidad, las prospectivas... podemos generar frustración porque no haya trabajo para tantas plazas.

Hay que hacer una planificación y una prospectiva de lo que esta demanda social va a implicar en el tiempo

P. Los colegios profesionales de Veterinaria, Psicología o Criminología alertan de la saturación, pero los gobiernos autonómicos siguen creando plazas. ¿Es irresponsable?

R. Hay que hacer una planificación y una prospectiva de lo que esta demanda social va a implicar en el tiempo. Hay que ser cuidadosos. A veces en Magisterio cierras un grupo porque sabes que prospectivamente no va a haber más demanda, pero en estos momentos sí tiene, y es impopular hacerlo. La planificación supone ser responsable.

P. El compromiso con la universidad pública es muy distinto entre comunidades. Cuesta creer que muchas lleguen a invertir el 1% del PIB (ahora es del 0,75%).

R. Sí, [las diferencias presupuestarias] son inmensas. Se ha creado una comisión del ministerio, las comunidades y las universidades que tiene que servir, por lo menos, para tener un diagnóstico. Y cuando lo tengamos, tiene que haber un plan de choque. Hay que intentar llegar [al 1%], porque todos los ciudadanos tenemos derecho a una educación con las mismas características. La financiación es nuestra prioridad.

P. ¿Este es un año clave?

P. Sí, sin duda. Se va a firmar el Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador. Creo que el ministerio, las comunidades y las universidades están haciendo un gran esfuerzo para dotarnos de nuevo personal para mitigar la precariedad. Tendremos que aterrizarlo en estos próximos años [el plan puede ponerse en marcha durante los próximos tres años]. Y lo siguiente es la financiación, porque sin ella no podemos hablar de nada más.

P. Este plan para incorporar a 5.600 profesores ayudantes doctor suena bien, pero ¿no puede crear un tapón para las próximas promociones universitarias?

R. Habrá muchísimas jubilaciones. Yo voy a dotar con estas plazas de ayudantes a los departamentos donde hay jubilaciones o donde tenga necesidades de docencia.

P. Resulta sonrojante que el índice de temporalidad en la universidad sea del 49%, más que el doble que en hostelería (21%). Algo de culpa tendrán las universidades públicas si tras los recortes siguió subiendo la tasa.

R. La universidad no podía estar parada, y si frenaban la tasa de reposición [relevo lo de los jubilados] y no tenías profesores, tirabas de parciales para crear un grado. Preferimos el tiempo completo, pero no ha habido recursos.

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