Once comunidades del PP aceptan cofinanciar con el Estado el sueldo de 5.600 profesores universitarios tras dos meses de resistencias

La ministra Diana Morant fue meridiana en las negociaciones con las comunidades autónomas: el Gobierno repartiría 900 millones euros para pagar los sueldos de 3.400 profesores ayudantes doctor ―primero habló de 1.300 docentes― durante seis años entre las regiones que se comprometieran a asumir sus sueldos tras ese plazo (se estabilizarán) y a contratar a algo más de 20% adicional de docentes con esa figura laboral de cara al curso que viene (han terminado siendo más por su recuento de necesidades). Rezongando, y tras semanas de negociaciones, 11 comunidades gobernadas por el PP (incluida Canarias, donde forman parte del Ejecutivo presidido por Coalición Canaria), que aspiraban a que el Gobierno se hiciese cargo del 100% del coste, han terminado cediendo y han votado a favor del reparto del Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas en la Conferencia General de Política Universitaria celebrada este miércoles. Entre todos pagarán el sueldo de 5.634 ayudantes doctores (entre 1.500 y 2.000 euros al mes, dependiendo de los complementos territoriales). Todas las regiones populares han votado a favor de los criterios menos Islas Baleares, que no está de acuerdo, aunque el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades no descarta que termine firmando el convenio.

El Gobierno de Baleares ha votado en contra porque no quiere que el Estado financie 28 profesores, sino 238, que son los que a su juicio necesita su universidad homónima. La idea del ministerio es que el Gobierno regional costease otras 19. El Ejecutivo regional razona que no se tiene en cuenta “las particularidades ni la idiosincrasia” de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). “Es necesario recordar que el conocido popularmente como decreto Wert, permitía aumentar la carga docente a determinados profesores. La UIB aplicó el mencionado decreto Wert en toda su extensión, lo que hizo que hubiera un elevado número del profesorado que estaba por encima de las 240 horas anuales de docencia (algunos estaban en 360 horas anuales). Ahora la LOSU no permite este extremo”, explico el Govern en una nota. Efectivamente, la Ley Orgánica del Sistema Universitario reduce la carga lectiva de los profesores asociados de 180 a 120 horas. El caso de Baleares, que tiene sus propias figuras, con 360 horas, es muy inusual.

La sorpresa ha sido Madrid, que ha estado hablando durante semanas de “convenio trampa”. En el portal El Debate, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas, el consejero Emilio Viciana desgranó su renuncia el pasado lunes. “Estamos ante una intervención de facto de la autonomía regional; una extorsión que obliga a firmar un manifiesto ideológico de adhesión a las políticas de [el presidente Pedro] Sánchez para poder recibir dinero que el ministerio está obligado a dar; una trampa para la autonomía universitaria; una hipoteca inasumible para las arcas autonómicas (600 millones durante los próximos seis años)”. Por eso ni los rectores madrileños esperaban este volantazo de última hora.

Esos datos que señala el consejero no se sostienen. Cien millones de euros al año darían para que Madrid contratase a 2.500 profesores ayudantes doctor (cada plaza en esta comunidad supone una inversión de unos 40.000 euros), cuando la propuesta de Morant al gobierno regional era que el ministerio costease el sueldo de 1.091 profesores y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a otros 657.

Las comunidades del PP han estado presionando todos estos meses al ministerio ―el plazo para negociar supuestamente terminaba a finales de abril― con el argumento del gran desembolso económico que supone en seis años (las autonomías desde entonces sufragarán todas las plazas fijas y las universidades tienen que comprometerse por escrito a estabilizarles), pero la justificación la desmontan los números. En 2022 había ya a las puertas de la jubilación 22.153 profesores titulares y catedráticos con entre 59 y 70 años, con salarios y complementos de antigüedad y producción mucho más altos, y los funcionarios seguirán retirándose en masa. No será, pues, un esfuerzo económico extra con tantas bajas. Culparon también al Gobierno de negociar “por detrás” con la conferencia de rectores (CRUE), sumamente interesada en que todos firmen el acuerdo. Su presidenta, Eva Alcón, ha aplaudido que se hayan impuesto “el diálogo y la responsabilidad institucional”.

Antonio Sánchez, diputado regional de Más Madrid y profesor asociado de filosofía griega y medieval, ha dialogado sobre este tema varias veces con el consejero Viciana y le resultaba incomprensible la jugada inicial: “El 50% del profesorado madrileño tiene más de 50 años y el 30% se jubila en menos de 10 años. Es decir, quieran o no ―salvo que quieran desmantelar la universidad―, tendrían que incorporar a esos ayudantes doctor en los próximos años”. Madrid, pese a estar a la cabeza en PIB, es la comunidad autónoma que peor financia a sus universidades y, junto a Cataluña, la que dispone de unos precios de matrícula más caros. El pasado abril los seis rectores se juntaron en un acto para hacer una reivindicación conjunta: “Con los fondos no cubrimos los gastos de personal”.

La temporalidad en España en el sector público alcanza el 12,8% y el compromiso con Bruselas es reducirla a por debajo del 8%, pero en el caso de las universidades se dispara hasta el 49% (la mitad de ellos profesores asociados), un porcentaje a ojos de Morant “inadmisible, inaceptable”. La idea es que haya un reparto “objetivo de las plazas” atendiendo a las necesidades “dispares” de las universidades, señala Morant, porque algunas superan por poco el 20% ―la intención es que todas se queden por debajo de ese porcentaje― y otras llegan al 70%, en el caso de Baleares.

El ministerio supuestamente ha calculado la asignación en proporción a los profesores asociados de cada universidad. La figura del asociado no se emplea mucho en la UNED, el País Vasco, Extremadura, Andalucía y Galicia, mientras que se ha abusado especialmente en Cataluña ―que ha diseñado su propio plan de choque con 820 plazas en tres años y que es la que más fondos va a recibir―, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Navarra. Ahora los asociados ganan de media entre 600 y 750 euros. El programa contempla que en esos seis años los ayudantes, ya doctorados, se acrediten como titulares gracias a la labor científica de ese período, en el que no darán demasiadas clases.

Morant culpa del origen del problema a “otros gobiernos” que aplicaron “tasas de reposición casi cero, cuando las jubilaciones se sustituían por ningún profesor”. En realidad, con el ministro Cristóbal Montoro, del PP, llegaron los mayores recortes en los relevos, pero comenzaron en época del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En 2011, el PSOE estableció que solo se sustituyese a tres de cada 10 docentes (30%), y al año siguiente el PP impuso una tasa de reposición del 10%. Ello obligó a los campus a buscar fórmulas para que los jóvenes talentos no emigrasen. En 2014 se subió la tasa al 50% y en 2017 al 100%. A finales del 2021, con Manuel Castells como ministro, se elevó la tasa de reposición al 120%: por cada 10 profesores que se jubilan, las universidades pueden convocar 12 plazas estables. Pero el problema es que muchas no tienen dinero para pagar tantos nuevos sueldos y, por lo general, los gobiernos autonómicos no tienen entre sus prioridades dignificar las plantillas de los campus.

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