Las universidades públicas de Madrid, a Ayuso: “Con los fondos no cubrimos los gastos de personal”

Hace años que las universidades de Madrid (Complutense, Autónoma, Carlos III, Alcalá, Politécnica y Rey Juan Carlos) viven con el agua al cuello ―se asientan en la región que peor financia de España por alumno―, pero ha habido que esperar a este miércoles para que, por fin, hablasen públicamente de su situación. El tema ha surgido en una mesa redonda sobre el valor y el impacto social de los campus públicos organizada por la Universidad de Alcalá. “Tenemos en las universidades en general un 15% menos de la financiación que teníamos en 2010. Y no pasa solo en Madrid, no. Tenemos, además, una precariedad del 49%, un gran envejecimiento de plantillas (55 de media los profesores titulares, 59 los catedráticos) y en 10 años se jubila el 30% de las plantillas”, ha enumerado Ángel Arias, rector de la Carlos III. “Y Madrid, con el PIB más alto, no es precisamente la que más invierte en I+D. Necesitamos una financiación basal. No cubre los gastos de personal. Hay obsolescencia en todas las infraestructuras”.

“Necesitamos atraer el mejor talento nacional e internacional y tenemos unos sueldos que no son competitivos. Eso está produciendo una descapitalización. No hay la estabilización que necesitamos para abordar los retos sociales, de la salud...”, ha proseguido Arias. Entre los presentes se encontraba Javier Nicolás Casas, director general de Universidades de la Comunidad de Madrid, que a la salida ha reconocido la falta de fondos a este diario: “Somos perfectamente conscientes de la situación [financiera] de las universidades”. “Estamos intentando pisar el acelerador. El equipo lleva desde julio y el presupuesto estaba prácticamente cerrado y no teníamos margen de maniobra para este año. De cara a 2025 queremos sacar un nuevo modelo de financiación”. Educación trabaja también en una nueva ley universitaria. Los rectores reconocen la “buena predisposición” de Casas.

“Cada universidad tiene una situación distinta y una financiación diferente”, ha explicado Amaya Mendikoetxea, rectora de la Autónoma de Madrid. El 80% de la partida (de la subvención y la matrícula) se le va en pagar sueldos, otro 15% en “abrir cada día” y le queda “un 5% para todo lo demás”. Eso supone que no pueda relevar a todos los que se jubilan ―”me da igual que la tasa de reposición esté al 120%” (por cada 10 que se retiran, el Ministerio de Ciencia permite hacer fijos a 12)―, que no tenga, asegura, “ninguna capacidad de crecimiento, de expansión, de nuevos proyectos de titulaciones, de nuevos centros de investigación...”. Y se ha comparado, sin citarla, con la Universidad Europea, vendida la semana pasada por 2.200 millones y que va a reinvertir un 30% en expansionarse.

Este mes o en mayo se van a conocer los presupuestos ejecutados de 2023 y las seis universidades van a estar o en números rojos o cerca, admiten fuentes de los rectorados. En los últimos años, los campus han contado con el remanente de las sentencias ganadas en 2015 a la Comunidad de Madrid en el Tribunal Supremo, después de que Esperanza Aguirre cortase los fondos prometidos en infraestructuras. Pero esos 280 millones más los intereses de demora se agotan en este 2024 y la angustia es evidente. Los rectores calculan que necesitarían unos 200 millones para “salvar los muebles” este 2024 y 2025.

“Una sociedad que no invierte en sus universidades está renunciando en su futuro”, ha recordado José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá. “Una sociedad sin universidad es más pobre y menos innovadora. Hace falta que Madrid se lo crea y le dé a sus universidades el dinero que necesitan”, ha remarcado la única rectora.

Lo que ocurra en Madrid puede hacer tambalear todo el sistema universitario por su enorme peso: acoge al 22% de los estudiantes y al 21% del PDI (personal docente investigador) de España. “Por el lado de los ingresos, Madrid presenta el menor valor en las transferencias (corrientes y de capital) procedentes de la administración de su comunidad autónoma por alumno y el mayor valor en el indicador acerca de la recaudación por precios públicos respecto al número de matriculados”, se afirma en el informe sobre la región de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, formada por grandes compañías encabezadas por el Banco Santander. Es decir, es la autonomía que menos financia, pese a tener la mayor renta per cápita del país ―un 36,5% superior a la media nacional en 2022, según el INE― y la que más cobra a las familias.

Aunque el Ministerio de Universidades forzó a las autonomías a bajar las primeras matrículas en grado y máster habilitante, en la capital siguen siendo las más altas. Madrid fue la única comunidad que votó en contra del recorte de precios en los másteres habilitantes (obligatorios para ejercer) y hasta acudió al Tribunal Superior de Madrid para intentar frenar la bajada. Finalmente, la presidenta dio un volantazo y se apuntó el tanto del recorte de precios.

“No podemos ni queremos ser Harvard, que es privada y una inmobiliaria”, ha asegurado Joaquín Goyache, rector de la Complutense, la universidad presencial más grande de España. Pero se quiere comparar con otras públicas. Cambridge tiene 2.000 millones de presupuesto, 1.000 de ellos para investigación, mientras la UCM recibe 380 millones, de los que ya solo en complementos salariales (trienios, sexenios y quinquenios) gastan 50 millones “que no nos permiten ser mejores”.

Madrid tiene equipos muy punteros en muchas áreas de la ciencia y eso explica que la fragilidad del sistema infrafinanciado no sea tan evidente de cara a la opinión pública. En el ranking CYD 2023, Madrid no se posiciona entre los tres con mayor rendimiento del país en ninguno de los cuatro grandes parámetros divididos en 36 parámetros: enseñanza, investigación, orientación internacional y contribución al desarrollo regional. La financiación pasa factura y mejorarla depende ahora de Rocío Albert, profesora en excedencia de la Complutense y consejera de Economía y Hacienda. Durante meses, Albert actuó como viceconsejera de Educación y asesora del centro ESNE (junto a los expresidentes Alberto Ruiz Gallardón y Joaquín Leguina), reconvertido en la decimotercera universidad privada de Madrid.

Sobreoferta de plazas

Madrid tiene una tasa de ocupación de las plazas ofertadas inferior a la española en tres puntos porcentuales: 88,4% frente a 91,4%, pese haber bajado el número de plazas ofertadas un 6% desde 2017, según el informe de CYD. Sin embargo, su Ejecutivo no deja de autorizar nuevas universidades para competir con Miami como “hub de educación superior en español”. Guillermo Cisneros, responsable de la Politécnica, ha reclamado una “regulación” común a todas las universidades, que incluya a estas privadas.

El problema no arrancó con Ayuso. Un estudio del Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad (Inaecu) ―avalado por la CEOE y el Ejecutivo regional― mostró que la inversión en universidades pasó de representar el 0,43% en los presupuestos de la Comunidad de Madrid en 2014 al 0,4% en 2018, mientras que la aportación del campus al Producto Interior Bruto (PIB) regional aumentó de 2% al 2,4% y el empleo generado creció del 2,1% al 2,5%.

“Cada euro invertido en la universidad repercute en cinco euros en la sociedad. Si no lo explicamos bien, corremos el riesgo de que no se nos entienda”, ha insistido el rector de Alcalá. Mendikoetxea, que cree que el problema es que se vende la universidad pública como “anticuada, costosa para la sociedad y alejada del mercado laboral”, cuando resulta ser “el principal motor de ascenso social” y está ligada a “más salario, mejor calidad del trabajo y productividad”. Javier Ramos, rector de la Rey Juan Carlos, no ha incidido en sus propios problemas económicos, pero ha remarcado: “Necesitamos ser tractor de país. Nuestra eficiencia es extraordinaria. Pedimos ambición, que se nos pida responder a todos los retos, para no retroceder pasos”.

Además de un problema financiero, Madrid arrastra otro de exceso de plazas y pese a ello su Ejecutivo sigue autorizando universidades privadas. Cuando Ciudadanos cogobernaba con el PP, lideró una consejería de Ciencia que encargó a la Fundación Europea Sociedad y Educación (FESE) un estudio que puso de manifiesto una sobreoferta de 25.700 plazas en la región. El análisis nunca se presentó públicamente, pero sí en este diario.

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