Ayuso impulsa en su último consejo la 13ª universidad privada de Madrid con informes propios en contra

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprobó este martes en su último Consejo de Gobierno dar los primeros pasos para la creación de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE), que sería el decimotercer campus privado de la región, frente a los seis públicos. Cuatro informes se oponen al proyecto: los del Ministerio de Universidades, su Consejería de Ciencia, el Consejo Universitario de Madrid (por unanimidad de todas las entidades) y la Fundación Madri+d, la rama de innovación de su Gobierno. A favor de ESNE ha jugado en la decisión de Ayuso el apremio de dos predecesores en el cargo: el popular Alberto Ruiz Gallardón y el exsocialista Joaquín Leguina, que ha hecho campaña con ella la semana pasada. Y, ante todo, ha pesado la labor de su viceconsejera de Educación Rocío Albert, que fue vicepresidenta académica de ESNE en 2019 y estas semanas ha ultimado los detalles de la creación de la entidad tras convertirse en la responsable de Universidades por absorción, al salir del Gobierno Ciudadanos.

“Rocío Albert conoció al centro adscrito ESNE en 2013 como directora general de Universidades y como consecuencia de la inauguración del curso académico 2013-2014. Después, ha tenido conocimiento de los avances en lo referente a la nueva oferta universitaria”, asegura un portavoz de la Consejería de Educación. Sin embargo, seis fuentes de todo el arco universitario madrileño confirman a este diario que Albert visitó junto a Leguina y Ruiz Gallardón los campus públicos en calidad de consejera de ESNE. Y asistió a los actos de graduación de los alumnos, como queda constancia en las imágenes de la entidad de 2016, 2018 y 2019. En el último, incluso, se pone el birrete rojo y la toga y preside la ceremonia hablando en su nombre: “En ESNE tenemos meridianamente claro que el compromiso...”, afirma en una grabación colgada en Youtube (minuto 1:18). Un cartel la presenta como vicepresidenta académica de la escuela de diseño.

Albert, ante las evidencias gráficas, ha reconocido a este diario que fue asesora de ESNE hasta dos meses antes de las elecciones de mayo de 2019. Y explica que el título de “vicepresidenta académica” era honorífico. Cuando dirigió la gala de graduación era julio de 2019, de modo que simuló un puesto al que acababa de renunciar. ESNE funciona como un centro adscrito a la Universidad Camilo José Cela (privada), a la que paga un canon por la alianza. Si logra la licencia de universidad, se revalorizará el negocio de forma exponencial porque hay muchos fondos dispuestos a invertir cifras millonarias.

Los exmandatarios y hoy lobistas no han parado de reunirse con políticos y rectores en nombre del centro ―este asegura que no son asalariados―, aunque formalmente el Consejo Asesor de ESME del que eran miembros se disolvió en 2019. Cuatro años antes ambos perdieron los 8.500 euros brutos mensuales vitalicios (5.500 netos), un coche oficial y un asistente cuando Cristina Cifuentes optó por cerrar el Consejo Consultivo de la Comunidad que se reunía una vez a la semana.

El Gobierno madrileño reconoce las visitas de Ruiz Gallardón y Leguina, que suman 20 años dirigiendo la Comunidad (1983-2003), a tres consejeros: Rafael van Grieken en la pasada legislatura y a Eduardo Sicilia (Universidades) y Enrique Ossorio (Educación) en las últimas semanas. Van Grieken, según el informe de Ciencia, emitió un informe de viabilidad económica con “observaciones relevantes” en contra. “Para un consejero es una gran satisfacción recibir y atender a personas tan cualificadas como estos dos expresidentes para cualquier asunto de interés para la región”, argumentan desde Sol.

El Gobierno de Madrid niega prisas en los trámites: “El proceso de autorización para la creación de una universidad en la Comunidad es un proceso de una media de tres o cuatro años”. Pero lo cierto es que la solicitud se hizo en 2017 y nadie del Ejecutivo ha mostrado gran interés en que saliese adelante hasta poco antes del aterrizaje de la viceconsejera, que ocupa el puesto 26 en la lista electoral del PP. De la vinculación de Albert con ESNE no hay constancia en linkedin, pero sí en el Portal de Transparencia de la Comunidad. En su declaración de bienes y rentas de octubre de 2019, tras volver a la política con Ayuso, aparece como “miembro del Consejo Académico Asesor de ESNE”. El año anterior ganó 109.854 euros brutos.

Cuatro de las seis fuentes consultadas asistieron a las reuniones en las que el trío se vio con las máximas autoridades de los campus entre 2017 y 2018, haciendo valer su condición de expresidentes. Acudieron también al Ministerio de Ciencia en 2018. Uno de los presentes fue Carlos Andradas, por entonces rector de la Complutense, universidad de la que Albert es profesora en excedencia. Recuerda a su excompañera y que él hizo un alegato en defensa de la Universidad pública. El matemático lamenta la “permisibilidad de Madrid” que concentra un tercio de las universidades privadas de España y recuerda cómo en marzo de 2019 se aprobó la creación de Villanueva (del Opus Dei), ESIC (de una congregación religiosa) y Cunef (de la Banca) “en el penúltimo pleno del mandato de Ángel Garrido y con lectura única porque, si no, no les daba tiempo”. Esta legislatura se ha aprobado la 12º, del Grupo Planeta.

Pero, sobre todo, Andradas carga contra las puertas giratorias: “Esta mezcla de intereses institucionales y personales me resulta lamentable”. El exrector especula que Ayuso da este paso para ganar tiempo antes de que el ministro Manuel Castells lleve a Consejo de Ministros el decreto que obligará a las universidades a demostrar su calidad para poder seguir funcionando bajo ese nombre. “Si se está poniendo en marcha la universidad, te dicen: cómo vas a echar a 1.600 alumnos...”.

Juan José Moreno, portavoz de Educación de los socialistas en la Asamblea, denuncia que el tema se haya gestionado estando el Gobierno en funciones “cuando no hay ninguna urgencia que lo explique”. Cree que en la actuación de Albert hay “indicios claros de prevaricación” que terminarán en los tribunales y no entiende que no se haya abstenido ella ―por su vinculación― y toda la consejería.

Clara Ramas, diputada de Más Madrid y su responsable de Universidad en la Asamblea, añade: “Este es un favor personal de Ayuso. Rocío Albert era consejera de Avalmadrid cuando se perdonó el crédito de 400.000 euros a su padre. Pero no es un caso aislado. Es parte de unas dinámicas para favorecer los intereses ramas empresariales, sin preocuparse de la calidad de la docencia, mientras se asfixia a la Universidad pública”.

Los servicios jurdícos de Comisiones Obreras van a estudiar “la documentación así como las circunstancias y personas implicadas en esta decisión tan lesiva para los intereses generales para valorar posibles acciones legales”, explica Isabel Galvín, responsable de Enseñanza de CCOO en Madrid. “ESNE es casi una academia y con su reconocimiento como Universidad le permite entrar en el mercado con un valor no de de 500.000 euros sino de 20-25 millones, lo que puede ser un aliciente para los inversores”.

Potestad para desoír al Gobierno

“El porcentaje de profesorado en régimen de dedicación a tiempo completo no alcanzaría el porcentaje indicado [60%]. Destaca la insuficiencia de la dedicación a la investigación, inferior al 50% del profesorado que propone el Consejo de Universidades”, critican los técnicos en el informe del Gobierno Central, que se hizo en 2018 y a cuyas conclusiones ha accedido EL PAÍS. Estos desconfían también del “número y tamaño” de los espacios: “Los laboratorios de informática se han contabilizado doblemente”. Ayuso desoye al Ministerio de Universidades como antes hizo el Gobierno del PP de Cantabria, que aprobó en 2013 la Universidad Europea del Atlántico pese a contar con el informe contrario del ministro José Ignacio Wert. La presidenta puede hacerlo porque la valoración ministerial es preceptiva, pero no vinculante.

El dictamen negativo de la Consejería de Ciencia de Ayuso va en la línea del ministerio. Es tajantemente contrario, pero el escrito se cierra con una sugerencia: “La propuesta debe reforzar los aspectos en los que aún hay un margen importante para mejora: cualificación del profesorado, ampliación de oferta formativa de posgrado, impulso a la investigación para obtener reconocimientos de acuerdo a los estándares universitarios...”.

El centro imparte siete carreras de diseño y cuatro másteres oficiales. El departamento de comunicación de ESNE niega la mayor: “Todos los informes que nos han ido llegando desde los distintos organismos son positivos o favorables. A lo largo de estos años ha habido numerosas interacciones donde se han mejorado los aspectos que se nos han solicitado”.

“Hay un informe positivo tanto de infraestructuras de la Dirección General de Infraestructuras Educativas de la Comunidad, como de los correspondientes informes de profesorado y de investigación, que cuentan ambos con informes positivos de la Fundación Madri+d”, se defiende el Gobierno de Ayuso. El dictamen de Madri+d se habría hecho a última hora ―tras la salida del consejero Sicilia, contrario al proyecto―, pues los dos primeros eran negativos y así se recoge en la denegación técnica de la Consejería de Ciencia de finales de febrero. El proyecto ha pasado a consulta pública y la Comunidad tendrá que redactar una ley de creación y votarla en la Asamblea.

A las puertas de Sol el candidato socialista Ángel Gabilondo, que fue rector y ministro de Educación, ha comentado a este diario tras la noticia: “Madrid no necesita más universidades, debe financiar, ser exigente, potenciar y posibilitar lo que ya tiene. “No es un discurso contra universidades privadas, sino contra un procedimiento acelerado y de última hora para una universidad que a mi juicio no es necesaria”.

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