El Consejo Consultivo se cierra por “una cuestión de oportunidad política”

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid reconoce que el cierre del Consejo Consultivo, cuya función es emitir dictámenes para el Ejecutivo autónomo y donde los expresidentes autonómicos tienen garantizado un puesto vitalicio remunerado con 5.500 euros netos mensuales, se debe a “una cuestión de oportunidad política”. El Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) justifica la supresión del Consejo, que supondrá un ahorro de 3,6 millones de euros, aludiendo al “marco de austeridad y contención del gasto público”. PSOE, Podemos y Ciudadanos también coinciden en eliminar el Consejo.

El Gobierno regional remitió ayer a la Asamblea de Madrid el proyecto de ley para suprimir el consejo. El documento no hace la mínima mención a los expresidentes regionales Joaquín Leguina (PSOE), Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González, ambos del PP. Esperanza Aguirre, que creó el consejo en 2007, es la única exdirigente de Madrid que rechazó ocupar un asiento en el organismo. El sueldo de los 11 miembros del consejo —nueve vinculados al PP y el resto al PSOE— es de 8.500 euros brutos mensuales (5.500 netos), coche oficial y un asistente. Lo corriente es que se reúnan una vez por semana —suele ser los miércoles— en su sede de la Gran Vía, cuyo alquiler concluye en 2016.

El informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, del pasado 31 de agosto, respalda la intención del Ejecutivo de Cifuentes de suprimir el consejo, ya que la Comunidad de Madrid goza de “la potestad de autoorganización (...), sin que quepa hacer reproche jurídico alguno”.

La intención de Cifuentes es reemplazarlo por un organismo de nueva creación, la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, dentro de la Abogacía General autonómica. La futura institución ejercería sus funciones con “autonomía jerárquica, orgánica y funcional”. Estaría compuesta por entre seis y diez miembros.

El Gobierno regional nombraría por decreto a los vocales a propuesta del consejero de Presidencia y Justicia y número dos de Cifuentes, Ángel Garrido —también es el portavoz del Gobierno y presidente del Canal—, entre letrados de la Comunidad de Madrid que sean funcionarios de carrera con más de 10 años de antigüedad. Deberán estar adscritos a la Abogacía General madrileña.

El presidente de la Comisión Jurídica Asesora sería nombrado por decreto, tras ser elegido de entre los vocales y a propuesta de estos. Los vocales desempeñarían su función por periodos de seis años, y podrían volver a ser nombrados por periodos sucesivos de la misma duración. También podrían ser cesados.

La creación de la Comisión Jurídica Asesora no implica un incremento de los puestos de trabajo ni de la plantilla del personal de la Comunidad: sus funciones las asumirían los funcionarios del cuerpo de letrados de Madrid, que se adscriben a la Abogacía General. Y tampoco supondría un aumento del gasto público porque los vocales de la comisión “no percibirán indemnizaciones ni dietas” por la asistencia a las sesiones del órgano.

El Parlamento abordará la supresión del Consejo Consultivo en octubre, ya que no dará tiempo a tratarlo en el pleno de la semana que viene, el único previsto este mes. La oposición no podrá presentar enmiendas a la propuesta del PP, de lectura única y con artículo único. Cifuentes gobierna en minoría con 48 de los 129 diputados de la Cámara, gracias al pacto de investidura con Ciudadanos (17 escaños). El PSOE cuenta con 37 parlamentarios y Podemos con 27, lo que les deja a un escaño de la mayoría absoluta, que el PP sí alcanza con el apoyo del partido de Albert Rivera.