Campus y pescaderías

“Mire, yo vivo en un primer piso, y en los bajos tengo una panadería, una charcutería, una pescadería y una peluquería. A lo mejor me gustaría tener una librería, no sé, una peletería que huele menos que... [...] una joyería, que es mucho más agradable. Pero es que hay libertad, en España hay libertad”. Con estas comparaciones, el consejero de Educación de Cantabria, Miguel Ángel Serna, justificaba el pasado mes de junio en el Parlamento autonómico la creación de una nueva universidad privada, la primera de su comunidad. La oposición, por su parte, le transmitía las dudas sobre la solvencia académica y financiera de proyecto manifestadas en informes del Ministerio de Educación.

Pero el Gobierno defendió que su deber es tramitar la solicitud (aquello que decía el consejero de la “libertad”) y, si se cumplen los requisitos, aprobarla, lo cual ocurrió el pasado 5 de julio. Será la Universidad Europea del Atlántico, impulsada por la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), que lleva años ofreciendo en colaboración con distintos campus títulos superiores en España y Latinoamérica.

Precisamente, la experiencia de algunas de esas universidades colaboradoras la ha sacado a relucir la oposición del PSOE, pues hablan de prácticas “inaceptables” o de “nula transparencia”. “Vimos que había muy pocas garantías de calidad académica, que aparecían profesores en la web que luego no eran los que daban clase, o que un solo profesor firmaba todas las actas de una titulación”, aseguran fuentes de la Universidad Politécnica de Cataluña. Así, en 2009, la universidad catalana decidió rescindir los convenios y avisar de ello a las universidades latinoamericanas con las que la Politécnica guarda relación. Por ello, FUNIBER denunció en los tribunales al rector Antoni Girò, aunque la querella quedó en nada, explican las mismas fuentes.

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Desde la Universidad Europea del Atlántico, su responsable institucional, Rubén Calderón, asegura que, si bien existen esas opiniones, ellos han aportado durante el debate parlamentario documentos de apoyo de otras universidades con las que trabajan, incluidas varias españolas. “¿Cómo pueden dudar de la solvencia académica de una institución [FUNIBER] que tiene sedes en 26 países? Estamos hablando de un proyecto que genera actividad, dinamismo y que permitirá que se queden estudiantes en Cantabria”, se queja Calderón.

Además, habla de intereses partidistas en las críticas y de cierta envidia. Sobre la solvencia económica, asegura que está garantizada, pues aunque no han entregado un aval bancario de tres millones de euros, como se suele hacer, han presentado la parcela que han comprado al Gobierno cántabro por 2,5 millones y otros dos millones de tesorería. Sobre las palabras acerca de pescaderías y joyerías del consejero Serna (este diario solicitó sin éxito la opinión de su departamento), Calderón dice que fue “un ejemplo nada afortunado”, para empezar, porque la “educación es un servicio público en España”, la ofrezca quien la ofrezca.

Es cierto, desde luego, que las exigencias administrativas para abrir una pescadería poco tienen que ver con las de un campus; esto último requiere aprobar una ley en el parlamento regional. Pero tampoco es igual tener que cerrar una peletería que hacerlo con una universidad en la que están involucrados cientos o miles de alumnos a mitad de carrera.

“Aunque defendemos la pública, no tenemos ningún problema en que haya privadas, pero estas deben cumplir todos los requisitos exigibles y este proyecto aún presenta deficiencias importantes”, asegura la portavoz del PSOE en el Parlamento cántabro, Rosa Eva Díaz Tezanos. Desde la Universidad pública de Cantabria, su rector, José Carlos Gómez Sal, asegura no tener ningún miedo a la competencia, pero se queja también de esas dudas que varios informes lanzan sobre la iniciativa. Cantabria “no necesita universidades privadas en este momento”, pues hay “muy poco espacio”, ha manifestado en más de una ocasión Gómez Sal.

El último informe del ministerio sobre la nueva universidad, del 14 de junio, señala falta de profesores doctores y dice que su oferta “no constituye desarrollo de nuevas ramas surgidas del avance científico, sino que incorpora enseñanzas consolidadas” y “tampoco se da respuesta a necesidades de los distintos sectores profesionales, dado que el mercado laboral se encuentra suficientemente atendido”. Calderón, por su parte, se queja de un informe que, asegura, respalda la iniciativa en todo el texto, menos en las conclusiones. Además, asegura que su oferta (14 grados y 16 posgrados a partir del curso 2014-2015) será complementaria a la de la pública.