Los rectores instan a los centenares de científicos repatriados a concursar a plazas de 1.500 euros diseñadas para nuevos doctores

La conferencia de rectores (CRUE) reconoce en una nota enviada a este diario que no estabilizará a los centenares de científicos españoles que han hecho carrera en el exterior o doctores extranjeros y que vinieron a España hace dos años bajo el paraguas del programa María Zambrano, sufragado con fondos públicos y lanzado por el extinto Ministerio de Universidades: “En las ayudas no aparecía como requisito, a la finalización del contrato temporal financiado por el ministerio, el compromiso de estabilización por las universidades beneficiarias de los contratos, a diferencia de lo que sí ocurre con otros programas similares como el Ramón y Cajal o el Beatriz Galindo”.

Ahora les animan a presentarse a la convocatoria de profesores ayudante doctor, concebidas para quienes acaban de leer su tesis y con un sueldo base de 1.500 euros netos, 700 euros menos. Además, estos investigadores batallan en los tribunales para que las universidades les devuelvan otros 1.000 euros mensuales en cuotas patronales (el importe mensual que paga la parte contratante para desempleo, Fogasa o formación).

Este lunes EL PAÍS, que adelantó la noticia, cifró en 700 los zambranos, que fueron los primeros cálculos del Ministerio de Universidades; pero esta tarde la ministra Diana Morant ha elevado su número hasta los 1.500 investigadores. La enorme diferencia estriba en que la cantidad de científicos beneficiarios dependía de la duración de los contratos (de 1 a 3 años) y del dinero que las universidades decidieran invertir en recualificar a su profesorado permanente y en mandar fuera a los recién doctorados, porque debían dividir el montante entre las tres categorías. Nunca se ha sabido la cifra final porque la gestión quedó en manos de los rectorados.

“Lo que entiendo que están pidiendo los investigadores es que nosotros impusiéramos a las universidades la estabilización”, ha afirmado Morant este lunes tras reunirse con los rectores en el seno del Consejo de Universidades. “Creo que, como sistema, nos tememos que imponer todos, lo ponga escrito explícitamente o no, el atraer y retener el talento. El mensaje que mando a las universidades es que, en la medida de sus posibilidades, vayan estabilizando a este personal que en su día se fue porque no tenían una oportunidad contractual. Ahora han venido con una y lo que tienen que hacer las universidades es la parte que les corresponde, que es la estabilidad”, ha dicho.

Los zambranos que han venido a España ―muchos expatriados y una cantidad notable de latinoamericanos― tienen por general un currículum más sólido que los nuevos doctores y, por tanto, aceptar el puesto de ayudantes sería un paso atrás en sus trayectorias. Casi todos están en la treintena y muchos se han instalado en España con sus familias. En enero de 2021, el exministro Manuel Castells afirmó que se dirigía a un “talento excepcional joven. No para venir a jubilarse”. Y añadió: “El talento que se pueda traer está sembrando semillas de futuro. Esto completa esta legislatura, pero lo que sería lógico es que en la siguiente legislatura existiesen programas”. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades está apostando por los posdoctorales ―contratos como el Ramón y Cajal desde 2017 se han casi triplicado en número (494) y en cuantía (de 33.700 a 44.000 euros)― pero no beneficia a los zambranos.

Amalia Raquel Pérez-Nebra, 49 años y doctora en Psicología Social, del Trabajo y las Organizaciones, trabajaba en la Universidad de Brasilia acreditada a catedrática, antes de ser zambrano en la Universidad de Zaragoza. “Me presenté en 2023 a una plaza y salí en primer lugar. Claro, era una plaza para ayudante doctor y casi me da un infarto con la caída de sueldo. Aunque tenía claro que algo caía, el sistema es muy diferente de cálculo. De cualquier manera, con mi familia [su pareja y dos hijas] hemos decidido quedarnos”. En su caso, sí que el departamento le permitió pedir proyectos y se siente integrada.

Además, la CRUE admite que “en general” estos 700 científicos no han podido solicitar proyectos como investigadores principales (IP) ―fundamental para aspirar a puestos estables gracias al certificado de calidad investigadora R3―. “Las agencias financiadoras, les exigen para ello que sus contratos tengan un periodo de duración al menos igual al periodo de ejecución del proyecto. Esto difícilmente se cumple cuando están contratados como máximo por tres años”. Los zambranos lamentan que los campus se hayan negado a extender unos meses sus contratos si ganaban esos concursos competitivos. Algunos han optado por dejar la dirección del proyecto en manos de otra persona del departamento con la esperanza de obtener financiación y con esos fondos poder seguir allí.

“El mayor inconveniente de este programa, puesto en marcha por el Ministerio de universidades en 2021, es que nació sin compromiso de continuidad y sin la financiación necesaria para ella por parte del organismo financiador”, se quejan los rectores, que aseguran haber “puesto en marcha los mecanismos a su alcance para ayudar al desarrollo profesional de estas personas”.

Esos doctores, además de investigar para la universidad, imparten hasta 60 horas de docencia por curso. Beatriz Martínez Miranzo, de 37 años y experta en conservación de especies amenazadas, da clase en un grado y en dos másteres en Biología de la Complutense, donde se licenció y doctoró antes de emigrar a Argentina. En diciembre termina su contrato y la aguarda una plaza permanente como investigadora asistente del Conicet, el CSIC argentino que el presidente Javier Milei está asfixiando económicamente. Razones médicas graves la animan a seguir en España, su país, a donde ha vuelto con su pareja que dejó su trabajo.

La figura de profesor ayudante doctor diseñada por la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) está concebida para que aquellos que leen la tesis ocupen esos puestos durante seis años, es decir entre los 28 y 35 años, durante los cuales no tienen que impartir muchas horas de clase ―180 horas por curso, menos que los funcionarios― para tener tiempo suficiente para acreditarse como profesor titular laboral, puesto al que accederían tras opositar. De forma que solo pasen 10 años desde que el científico empieza la tesis y ocupa un puesto fijo. Sin embargo, por ejemplo, Néstor Fernández del Saz, 38 años y experto en fisiología vegetal, ha terminado su zambrano en la Universidad de Baleares y se encuentra a expensas de encontrar algún empleo, cuando ya ha reunido los suficientes méritos para ser profesor titular, figura para la que ya está acreditado.

Los rectores invocan a las 4.200 plazas de profesor ayudante doctor que están en el aire. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades está dispuesto a financiar 3.400 durante seis años si las comunidades autónomas se comprometen a hacerse cargo luego de sus salarios y a contratar a otros 800 desde el próximo curso. Los gobiernos del PP se resisten y tienen este mes de abril para decidirse. Si no cofinancian no verán un duro y se reducen más aún las opciones de los zambranos.

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