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El Gobierno, condenado a pagar 280 millones a las universidades

La Comunidad solo presupuesta el pago de 23 millones a la Complutense en 2016. Negociará el abono en plazos a los campus

Clase impartida en el rectorado de la  Complutense como protesta.
Clase impartida en el rectorado de la Complutense como protesta.

El Tribunal Supremo ha condenado a la Comunidad de Madrid a pagar más de 280 millones de euros a sus seis universidades públicas. El Gobierno regional les dejó de abonar sus planes de inversión y financiación y estas acudieron a los tribunales. En los Presupuestos de 2016, solo se contempla como inversión en universidades una partida de 23 millones que se destina por entero a la Complutense, que va a recibir los fondos de forma troceada. Educación negocia ahora con los otros cinco rectores cómo hacer frente a su inmensa deuda.

 Si el Gobierno regional de Cristina Cifuentes pagase de golpe los más de 280 millones —sin contar los intereses de demora— que debe a las seis universidades, el déficit regional subiría más de una décima en el PIB. Así que con el déficit disparado —se cerrará el año con 600 millones más que lo previsto— se ve ahora obligada a negociar con los campus.

La sentencia de Alcalá cierra el goteo en el Supremo

El Tribunal Supremo difundió ayer la última sentencia que quedaba del pleito entre las seis universidades públicas madrileñas y la Comunidad por el incumplimiento de la financiación comprometida por el Gobierno regional, que se vio reducida de forma drástica a partir de 2008.

La Comunidad tendrá que pagar a la Universidad de Alcalá 28 millones del Plan de Financiación de las Universidades Públicas 2006-2010 y del Plan de Inversiones 2007-2011. A esta cantidad se pueden sumar hasta 15,2 millones más que la Comunidad deberá abonar a medida que la universidad vaya presentando el justificante de las obras en el Plan de Inversiones 2007-2011. La suma total se incrementará con los intereses de demora, que el Supremo también obliga a abonar a la Comunidad.

Los jueces reiteran los argumentos que ya han expresado en las sentencias referidas a las otras cinco universidades públicas: la Comunidad se comprometió a aportar a cada campus una determinada cantidad de dinero al año y a incluir esa cifra en las futuras leyes de Presupuestos, por lo que los planes tenían naturaleza jurídica y el Gobierno no podía incumplirlos de forma unilateral.[FIRDESPI] / REYES RINCÓN

Para hacer frente a la bajada de las transferencias de la Comunidad a causa de los recortes, las universidades pararon la inversión en infraestructuras para no tener que echar a su plantilla. Por eso, estos fondos resultan capitales para sus viejas instalaciones. Aunque otros dedicarán fondos a renovar el sistema informático o a la compra de libros tras años sin hacerlo y la suscripción de revistas.

“La consejería está llevando a cabo reuniones con las universidades públicas para acordar con cada una de ellas un calendario de pago del importe de esas sentencias”, explican fuentes de Educación. “Esa fórmula es beneficiosa para las universidades, ya que parte importante del pago de esas sentencias tiene que ver con inversiones en infraestructuras que ellas tienen que justificar. Con el acuerdo de un calendario, pueden racionalizar la planificación de la construcción de las infraestructuras”.

La consejería asegura que “a medida que se vayan firmando acuerdos con todas las universidades, se habilitará el importe acordado con cada una para 2016 de los fondos generales del presupuesto de la Comunidad”.

La Complutense levantará un nuevo edificio en la facultad de Económicas

Pero, de momento, lo único presupuestado para el próximo curso es parte del pago a la Complutense, la pionera en los tribunales. Pese a que la sentencia es de 2013, Educación puso trabas a pagar y un auto de ejecución en julio les dio un plazo de 15 días para abonar 42 millones. “Nos llamaron y nos sentamos a hablar”, cuenta Carlos Andradas, el rector del campus presencial más grande de España. “Llegamos al acuerdo de que este año nos pagasen 1,7 millones, el año que viene 23 millones y el siguiente otros 17”.

Con esos fondos, la Complutense levantará un nuevo edificio en la facultad de Económicas de Somosaguas. “Se quedó en la cota cero”, se lamenta Andradas. “E invertiremos en seguridad. Cosas que no se ven, pero que son fundamentales. Tenemos instalaciones eléctricas que se caen e, incluso, bombillas de 125”.

A Andradas no le preocupa que se abone en varios plazos. “Los procesos de licitación de las obras de una Administración son lentos y hay que actualizar algunos proyectos. Me vale con que me garanticen que tendré el dinero cuando lo necesite”.

Este 2015 se han conocido las resoluciones de los otros centros universitarios: 50,9 millones a la Autónoma; 34 a la Rey Juan Carlos; 76,4 a la Politécnica; 42 a la Carlos III; y 43,4 a la de Alcalá.

Cifuentes carga ahora con la decisión de Aguirre de zanjar de golpe el plan

 La Politécnica calcula que va a recibir 14 millones de intereses de demora de una sentencia por valor de 76,4. “Indudablemente, esto podrá paliar la situación de endeudamiento que padece la UPM desde que en 2012 la Comunidad de Madrid comenzó sus recortes”, cuentan fuentes del campus científico. “Estos alcanzan un total de 160 millones de euros hasta el momento actual”.

 Cifuentes carga ahora con la decisión de Aguirre de zanjar de golpe el Plan de Inversiones en las Universidades Públicas 2007-2011 y el Plan de Financiación de Universidades Públicas el ejercicio 2006-2010. La relación con los rectores es mucho más amigable que con el tándem del presidente Ignacio González y la consejera Lucía Figar, con la que los reproches cruzados eran públicos. Cifuentes se ha reunido varias veces con los rectores, ha bajado un 10% el precio de las matrículas —que siguen siendo las más altas de España junto a las catalanas—; y el consejero, Rafael van Grieken, es un viejo conocido, exvicerrector de la Rey Juan Carlos I y exdirector de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA).

 

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