FORMACIÓN PROFESIONAL

Los alumnos de FP harán al menos un 25% de las horas lectivas en empresas

El Gobierno aprueba el proyecto de ley de Formación Profesional, que pretende mejorar la inserción laboral de los jóvenes y conecta esta rama educativa con la Universidad

Una clase del centro de enseñanza del formación profesional de As Mercedes en Lugo.
Una clase del centro de enseñanza del formación profesional de As Mercedes en Lugo.EFE/eliseo trigo / EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de FP, que aumenta significativamente el número de horas lectivas que los alumnos harán en las empresas, impulsa la acreditación de las competencias profesionales de aquellos trabajadores que carecen de titulaciones oficiales y refuerza la conexión de la FP con la Universidad. La norma, que ahora será tramitada en el Congreso de los Diputados, persigue aproximar esta rama formativa a “los mejores modelos europeos”, según ha dicho la ministra de Educación, Pilar Alegría.

Hasta ahora, los alumnos de Formación Profesional reciben en la empresa un mínimo del 11% del total de horas lectivas, la media se sitúa sobre el 15% y la más avanzada, la conocida como FP dual, que solo cursa un 3% del alumnado, normalmente en torno al 30%. La nueva ley multiplica dicho tiempo, organizando la enseñanza en dos grandes regímenes. En la llamada FP general los alumnos realizarán en la empresa entre un 25% y un 35% de las horas de formación (si bien excepcionalmente podrá reducirse al 20% en el caso de titulaciones de FP básica, los ciclos formativos dirigidos a alumnos que no han obtenido el título de la ESO). En la otra rama, llamada FP intensiva, el mínimo de horas en la empresa será del 35% y la ley no establece un límite máximo.

Este es uno de los cambios que ha experimentado el texto desde que fue aprobado como anteproyecto por el Gobierno antes del verano. El tope se fijó entonces en el 50% de las horas, pero finalmente se ha eliminado con el objetivo de dar más flexibilidad a la hora de definir los títulos a las comunidades autónomas, los centros educativos y las empresas que participen en los mismos. Los estudiantes de la FP intensiva realizarán su estancia en las empresas con un contrato de formación, que será definido por la legislación laboral.

El Gobierno pretende potenciar con la norma una rama educativa tradicionalmente relegada en España, cuya tasa de matriculación entre los jóvenes, a pesar del pujante aumento de los últimos años, se sitúa en el 12%, frente al 29% de la OCDE. También aspira a ayudar a rebajar el desempleo juvenil, que entre los menores de 25 años se sitúa en el 37%, más del doble de la media comunitaria. “Debemos a toda una generación de jóvenes”, ha dicho Alegría, “una oportunidad de empleo de calidad como la que les puede proporcionar la Formación Profesional”. El proyecto cuenta con el apoyo tanto de la patronal como de los sindicatos mayoritarios.

Los alumnos tendrán una doble supervisión, con un tutor del centro educativo (que tendrá la responsabilidad final a la hora de evaluar) y otro en la empresa. Ambas partes acordarán los objetivos de aprendizaje a completar en la empresa (entre los que figuran en el currículo de la titulación). Y la norma también regula la estancia de los profesores en empresas y en otros centros de FP.

El proceso para acreditar las competencias profesionales pasará cuando se apruebe la nueva ley a ser permanente. Es decir, no estará sujeto a convocatorias extraordinarias como ha venido sucediendo hasta ahora. El objetivo del Gobierno es dar un reconocimiento oficial al gran número de trabajadores (hasta 11 millones, según cálculos empresariales) que a pesar de tener un elevado grado de experiencia profesional carecen de títulos que lo acrediten. El Ejecutivo prevé destinar 850 millones de euros a este objetivo hasta el año 2024. En total, el Gobierno prevé que la futura ley tenga “un impacto presupuestario de 5.474 millones” en sus cuatro años de implantación.

La nueva arquitectura de la FP unifica en un mismo sistema la formación para estudiantes y para trabajadores. La oferta formativa se estructura en cinco niveles, llamados A, B, C, D y E, con el objetivo de que cada persona pueda configurar itinerarios propios adaptados a sus planes y necesidades laborales. El más básico, el A, es llamado microformación (definida como “acreditaciones parciales de competencia”) y es acumulable. La superación de todas las acreditaciones parciales de competencia de un módulo profesional supondrá obtener un certificado de competencia profesional, el nivel B. El siguiente, el C, se conseguirá mediante la consecución de varios módulos y conducirá a la obtención de un certificado profesional. El D se corresponde con los actuales ciclos formativos de Formación Profesional. Y por encima de ellos se sitúa el nivel E, integrado por los llamados cursos de especialización.

La experiencia formativa de cada persona figurará en el nuevo Registro Estatal de Formación Profesional, y los ciudadanos podrán obtener de él un informe de vida formativa-profesional actualizado.

Los alumnos matriculados en Formación Profesional podrán estudiar materias optativas en las facultades y a la inversa, mediante convenios que deberán firmar las universidades. Ello permitirá que, por ejemplo, un alumno del grado superior de Administración y Finanzas pueda ampliar sus conocimientos con asignaturas de la carrera de Economía. O que un estudiante universitario enriquezca su formación con la enseñanza aplicada de la FP superior. La norma facilita la convalidación de los créditos cursados respectivamente en la Universidad y la Formación Profesional, impulsa la creación de centros de excelencia y contempla la creación de titulaciones dobles y bilingües.

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