Pilar Alegría, nueva ministra de Educación: “Tenemos que reducir los decibelios del debate educativo”

Pilar Alegría se hizo cargo en julio de la cartera de Educación, un ministerio que tiene por delante un calendario intenso: el desarrollo de la ley educativa, la aprobación de la ley de Formación Profesional, y la elaboración de la ley de enseñanzas artísticas. Nacida en Zaragoza hace 43 años, Alegría estudió Magisterio, aunque no ejerció de docente; ha sido consejera de Universidad del Gobierno de Aragón y diputada socialista en el Congreso, entre otros cargos. Su llegada al ministerio en sustitución de Isabel Celaá, que sacó adelante la ley de Educación y se convirtió en blanco de las críticas de la derecha, ha supuesto un cambio de tono, coinciden diversas fuentes. Alegría no tiene previsto dar un giro a la política educativa, asegura, pero insiste en tender la mano a las comunidades autónomas –que tienen transferidas gran parte de las competencias de enseñanza–, a la oposición y a los grandes actores de la comunidad educativa, incluida la escuela concertada. Conseguir un gran pacto educativo parece inviable en el contexto político actual, admite Alegría, que sí ve posible, en cambio, avanzar hacia el consenso alcanzando pequeños acuerdos.

La entrevista tiene lugar el jueves pasado, un día después de haber acordado con las comunidades autónomas ratificar para el nuevo curso el protocolo sanitario aprobado en mayo, en una sala que, comparada con otras del edificio de la calle Alcalá de Madrid, resulta pequeña y sobria. La norma permite un mayor número de alumnos por clase, principalmente en infantil y secundaria, y mantiene el resto de medidas.

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Pregunta. Profesores, familias y epidemiólogos eran partidarios de mantener el protocolo sanitario del curso pasado, mientras algunas autonomías, especialmente Madrid, abogaban por flexibilizarlo aún más. ¿Las medidas aprobadas serán suficientes frente al virus?

Respuesta. Partimos de una realidad muy distinta a la de hace un año, cuando la incertidumbre era general. La comunidad educativa ha hecho un trabajo magnífico para garantizar el derecho a la educación en un entorno seguro. Ahora apostamos, además, por la presencialidad en todos los niveles, un objetivo unánime porque garantiza una educación de calidad y es importante desde el punto de vista emocional. Tenemos la experiencia adquirida y unos datos de vacunación muy positivos, tanto de la ciudadanía en general, como del profesorado, que a diferencia de otros países europeos, aquí se consideraron trabajadores esenciales. Y también va muy bien en la franja de población a partir de 12 años: por la evolución que estamos viendo es posible que iniciemos el curso con una cobertura con una dosis por encima del 90% entre ellos. Pero al mismo tiempo, no podemos bajar la guardia; una de las claves del curso pasado fue la prudencia.

P. La comunidad educativa también ha reclamado mantener el profesorado de refuerzo covid.

R. Para atender la situación generada por la pandemia, el Gobierno ha hecho transferencias a las comunidades autónomas de cifras que nunca se habían alcanzado. El año pasado fueron 16.000 millones del fondo covid, de los que 2.000 eran para educación. Este mes de agosto se aprobó el reparto de otros 13.458 millones, de los que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid recibirá 1.863 millones de euros o la Comunidad Valenciana 1.400 millones. Y he instado a las comunidades a que sitúen a la educación como una prioridad a la hora del reparto de estos fondos.

P. ¿Tiene el ministerio un plan para los menores apátridas y los que han llegado este año a Ceuta y Melilla?

R. Este curso hemos aumentado el profesorado, que va a consolidarse tras la pandemia; estamos construyendo nuevos centros educativos y estamos trabajando de forma colaborativa con las Administraciones de Ceuta y de Melilla en distintas opciones. Evidentemente, este ministerio prestará atención educativa a aquellos niños y menores que estén en territorio español.

P. ¿Por qué debe tener la asignatura de matemáticas perspectiva de género?

R. Francisco Marcellán, presidente de la Sociedad Matemática, decía que para que España avanzara era necesario mejorar la cultura científica sin dejar de lado la humanística. Es una evidencia, que han puesto sobre la mesa el Informe Pisa y la OCDE, que desde los 9 o 10 años especialmente las niñas muestran rechazo y ansiedad hacia las matemáticas. Buscamos atender esta situación, del mismo modo que trabajamos para atender el hecho de que los niños muestren una mayor tasa de abandono escolar.

P. ¿Por qué hace falta una asignatura de valores cívicos y éticos?

R. Cuando vemos, por ejemplo, noticias sobre ataques homófobos, que llegan incluso a acabar con la vida de personas, o que en nuestro país son ya más de 30 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, una de las primeras reflexiones que hacemos es lo importante que es la formación en valores para nuestros jóvenes. Los valores a los que nos referimos están recogidos en las anteriores leyes educativas, y son los que aparecen reflejados en nuestra Constitución. Valores como el respeto y la convivencia. La escuela no es solo un espacio donde se transmiten conceptos, también debe formar a los jóvenes en su espíritu crítico para afrontar los retos que tienen por delante.

P. Por la reacción de la oposición a estas iniciativas, su objetivo de pacificar el debate educativo no parece fácil.

R. Debemos dejar de hablar de la educación a golpe de titular. En este Gobierno creemos que la educación es una cuestión de Estado. Mi objetivo es mejorar la calidad de la educación de este país, y para eso lo primero que tenemos que hacer es reducir los decibelios del debate. Para mí el diálogo va a ser la tónica de este ministerio y siempre voy a tender la mano. A todos los consejeros les he dicho que mi interés es ampliar el consenso que tuvo la ley educativa. Y tenemos la oportunidad de hacerlo a través de los reales decretos que estamos elaborando. La puerta del ministerio va a estar abierta para hablar y escuchar a todo el mundo.

P. La demanda de plazas de FP ha sobrepasado este año claramente la oferta, sobre todo en Madrid y Cataluña.

R. Consideramos que la Formación Profesional es un proyecto de país, un objetivo primordial. Y por eso, aunque la planificación de las plazas es competencia de las autonomías, en 2018 nos fijamos el compromiso de crear más de 200.000 plazas en cuatro años. En 2020 financiamos 64.000, este curso financiaremos otras 60.000, y este verano hemos puesto además a disposición de las comunidades que quieran aumentar su oferta un presupuesto extraordinario de 15 millones. Es una buena noticia que la Formación Profesional haya pasado a ser una opción de primera para nuestros jóvenes. El dato de paro juvenil que tenemos es muy elevado y a través de ella podemos darles la oportunidad de tener un empleo de calidad y bien remunerado. Muchos héroes de la pandemia vienen de la Formación Profesional. Y espero que, cuando llegue al Congreso, la nueva ley de FP pueda ser la norma educativa aprobada con mayor consenso en muchos años.

P. Anunció un plan para apoyar la escuela rural.

R. Estamos valorando distintas ideas para apoyar a la escuela que llega a estos municipios muy pequeños de la España despoblada e interior. La escuela que llega allí es la pública, demostrando que es la que vertebra el territorio y el verdadero corazón del sistema educativo.

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