Las empresas evaluarán a los alumnos en la nueva Formación Profesional

La empresa será la piedra angular de la futura ley de Formación Profesional que ha desarrollado el Gobierno y que pretende aprobar a finales de año. La norma, que la ministra de Educación, Isabel Celaá, llevará este martes al Consejo de Ministros en primera lectura —y a partir de ahí se dará a conocer a los distintos sectores productivos y se abrirá el turno para recibir aportaciones—, contará con una inyección de fondos de más de 5.000 millones de euros, unos 2.000 de ellos procedentes del Fondo de Recuperación y Resiliencia. Y concede más competencias al entorno empresarial tanto en materia de diseño de los cursos como en la evaluación de los alumnos, según el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS.

España tiene muchos trabajadores con estudios universitarios, a menudo sobrecualificados, y muchos empleos de baja cualificación, pero flojea en perfiles con cualificaciones intermedias: las empresas tienen dificultades para cubrir uno de cada dos puestos de esas características, algo paradójico en un mercado laboral que duplica la media de paro europea. Para tratar de resolver ese cuello de botella y potenciar la relación entre el mercado de trabajo y la empresa se potencia el sistema de Formación Profesional Dual —una vieja demanda de la patronal— en el que la parte formativa que los alumnos recibirán desde la empresa crece sustancialmente con respecto a los baremos actuales. Podrá llegar hasta el 50%, y siempre con un contrato de trabajo de por medio.

Con este nuevo sistema se busca satisfacer la carencia de perfiles técnicos que vienen demandando las empresas, y ofrecer una nueva dimensión a la FP con la que combatir la alta tasa de paro juvenil. El desempleo entre los menores de 25 años asciende al 37,7%, más del doble que la media de la eurozona y una cifra sin comparación en el mundo desarrollado. La nueva ley, además, prevé incorporar “a los interlocutores sociales a la gobernanza del sistema”, según el anteproyecto, con la creación del Consejo general de la Formación Profesional.

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FP = Futuro presente

“La formación no puede ser profesional si no está vinculada al mundo de la empresa”, asegura Juan Carlos Tejeda, director del departamento de Educación y Formación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Aunque no será hasta el miércoles cuando la patronal de los empresarios conozca de manos del Ministerio de Educación las líneas maestras del anteproyecto de ley, desde CEOE aseguran que lo que se les ha transmitido hasta el momento satisface esa demanda de una mayor vehiculación entre los centros formativos y las empresas.

Dos figuras serán claves en la supervisión del desarrollo de los alumnos: el tutor del centro y el tutor de la empresa. “Para que la empresa tenga un carácter marcadamente formador creemos que esta figura es muy necesaria”, indica Guillem Salvans, Project Manager de la Fundación Bertelsmann y responsable de la Alianza para la FP Dual. “Este tutor de empresa debería estar formado y acreditado, como sucede en otros países como Alemania”, añade Salvans. De hecho, para que estas figuras también mantengan una vinculación entre ellas se establecerá un mecanismo de integración de los profesores de los centros dentro de las empresas que permita una actualización de los conocimientos y una mayor percepción de la realidad empresarial. El órgano encargado de la supervisión de toda esta estructura será el Consejo General de Formación Profesional, aunque según trasladan desde Educación, “la ley apunta hacia cómo ajustarlo para mejorar su participación en el diseño del sistema”.

Corresponsabilidad

“Los agentes sociales fuera de España, como pueden ser las Cámaras de Comercio, sindicatos y asociaciones empresariales, tienen roles operativos dentro de la FP Dual, no está solo en la gobernanza. En Dinamarca, por ejemplo, se acreditan las empresas que pueden formar. En Alemania, es la Cámara de Comercio la gestora del programa, y quien controla y organiza el examen final. Tienen un rol muy práctico”, explican desde Educación.

El término que emplean desde el departamento que dirige la ministra Celaá para dar más protagonismo a la empresa es el de “corresponsabilidad”. Diseminando en funciones su significado, tiene que ver con la integración de los interlocutores sociales tanto en la gobernanza del sistema, como en el diseño de las necesidades estratégicas que han de cumplir los cursos.

Pero hay más. España presenta un alto número de trabajadores —más de 11 millones según estimaciones empresariales— sin ningún título que acredite sus competencias, y con un alto grado de experiencia desarrollando funciones concretas. Es aquí donde la nueva ley de FP introduce un nuevo factor: el reconocimiento. Un “proceso de acreditación de competencias” en el que también intervendrán las empresas y con el que se permitirá recualificar a los trabajadores incrementando el capital humano.

Según un estudio de Adecco, ocho de cada diez directores de recursos humanos reconoce tener problemas a la hora de reclutar talento para su compañía. Un porcentaje que se ha disparado 30 puntos en los últimos cinco años, según la compañía. Además, los puestos más demandados (y al mismo tiempo más difíciles de cubrir) siguen siendo los perfiles técnicos y/o con titulación de FP asociados al desarrollo de la industria.

La elevada cualificación de muchos trabajadores y la imposibilidad de absorción del mercado de trabajo —castigado por dos crisis en apenas dos décadas— ha sido otro de los condicionantes para que la bolsa de empleo española tenga forma de reloj de arena (entendiendo el punto más estrecho como la parte correspondiente a la formación media), y no de barril (más achatada por la zona de los perfiles más elevados y más bajos), como sucede en otros países del entorno.

Para explicar el desarrollo del proceso formativo desde el Gobierno emplean otra metáfora: la de la muñeca rusa. Consiste en trocear el proceso de formación y que cada trabajador entre en el momento formativo necesario.

Incentivos indirectos para fomentar la participación

Dado el crecimiento en la presencia de las empresas en el desarrollo formador de los alumnos de la FP que pretende implementar el Gobierno, algunas voces apuntan hacia una estimulación adicional para que la mayor parte de ellas, especialmente las pymes —que son las que conforman fundamentalmente el tejido productivo— se apunten a este proceso. “Nosotros somos partidarios de que se les reporten unos incentivos indirectos”, señala Guillem Salvans, de la Fundación Bertelsmann. “No apostamos por subvencionar el coste salarial de los chicos, sino que lo hacemos en favor de ayudar a estas empresas para que den un salto de calidad”, indica. Para ello, han propuesto la implementación de nuevas figuras que las orienten y guíen durante todo el proceso formador. “En el caso de las micropymes —aquellas que cuentan con una plantilla inferior a 10 trabajadores y cuyo volumen de negocio y balance no llega a los dos millones de euros— hemos propuesto la creación de la figura del tutor externo de micropymes. Se encargaría de gestionar la relación con el centro formativo, dar de alta al estudiante en la Seguridad Social, rellenar los partes de desempeño del aprendiz en la empresa... En resumen, liberarlo de todas estas tareas y dejar a la micropyme con la única función de formar”, amplía Salvans.

Desde el gabinete de la ministra de Educación, Isabel Celaá, valoran fórmulas que permitan a las pequeñas y medianas empresas recurrir a estos alumnos también a la hora de dar un salto en innovación en sus procesos productivos. Que gracias al diseño actualizado de los cursos puedan encontrar en ellos una vía para modernizarse y adaptarse a las necesidades del mercado.