Opinión
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FP = Futuro presente

El anuncio de una nueva Ley de Formación Profesional requiere un modelo renovado, si pretende dar respuesta a las transformaciones de la Revolución 4.0

Benito Echeverría Samanes|Pilar Martínez Clares
Una profesora y sus alumnos en un aula del instituto de Formación Profesional Puerta Bonita (Carabanchel, Madrid).
Una profesora y sus alumnos en un aula del instituto de Formación Profesional Puerta Bonita (Carabanchel, Madrid).KIKE PARA

Inmersos en la pandemia, el presidente del Gobierno anunciaba una nueva Ley de Formación Profesional, para “unir los sistemas de Formación Profesional (…) que está absolutamente infradesarrollada (…), dándole la calidad, excelencia y reputación que necesita” (Pedro Sánchez, 20.11.2020). Tres días después, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social ―Yolanda Díaz― notificaba una posible reforma de la Ley 30/2015, reguladora del sistema de Formación Profesional para el Empleo.

Sirva como muestra este detalle del intrincado camino que ha de recorrer la nueva Ley de Ordenación del Sistema único de Formación Profesional (FP), para dar respuesta a los retos planteados por la Revolución 4.0, tras la Covid-19, que exigen implementar al menos seis componentes esenciales del nuevo paradigma.

Necesitamos, en primer lugar, un sistema completo, comprensivo de todos los subsistemas de FP, ya requerido por la LOCFP (2002, Art.9), para propiciar el necesario desarrollo permanente de las competencias profesionales en las mejores condiciones posibles.

Este desarrollo se asienta sobre la base de una educación polivalente, siendo la mejor FP una buena educación general. Se especifica en programas instructivos de diferentes familias profesionales agrupadas por afinidad formativa ―FP Inicial―, conectando el mundo educativo con el laboral, sobre todo mediante la Formación Dual. Se concreta, reconvierte, adapta y perfecciona en función de los requerimientos laborales, necesidades y aspiraciones personales ―FP Continua―, donde se integra nuestra “Formación para el Empleo”.

Es ineludible organizar estos subsistemas como un todo y no como la suma de partes fraccionadas, con frecuentes desacuerdos entre ministerios, consejerías, concejalías, etc. de Educación versuss Trabajo. Como tal sistema requiere una estructura integrada de entidades públicas y privadas, que elaboren y desarrollen planes formativos, financien y presten los servicios pertinentes, según políticas estatales.

En segundo lugar, este sistema ha de ser la flexible, acorde a un modelo educativo combinatorio de enseñanza y trabajo, que exige responder con rapidez a las demandas de cualificaciones profesionales de las grandes transformaciones del siglo XXI, renovando continuamente estructuras, ofertas formativas, metodologías de enseñanza/aprendizaje, etc.

Más que establecer asignaturas a cursar, el sistema ha de asumir plenamente la verdadera esencia del diseño modular de la formación basada en competencias, que estructura objetivos, contenidos y actividades en torno a problemas de la práctica profesional. Es decir, learning by doing, puesto que las competencias se aprehenden en gerundio.

Es la mejor forma de propiciar procesos formativos donde las personas puedan situarse en diferentes trayectorias de aprendizaje, facilitando entradas y salidas en el viaje de la formación a lo largo de la vida, que cada vez van a ser más frecuentes en una sociedad volátil, incierta, compleja y ambigua como la nuestra.

Además, es la mejor oportunidad para que a casi la mitad de nuestra población activa (48%) se les reconozca formalmente las competencias profesionales, que desempeñan en su actividad laboral diaria, mediante la evaluación y acreditación de las mismas (RD 143/2021), ampliando así sus posibilidades formativas y laborales.

Tan primordial como la flexibilidad es que el sistema sea motivador. Es decir, capaz de incentivar cuantos procesos de aprendizaje permitan a las personas aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que encuentren de actualizar, profundizar y enriquecer su formación.

La sociedad española no puede continuar considerando la FP Básica como el reducto de quienes “no valen”, la FP Inicial como “pariente pobre” del sistema educativo y la FP Continua exclusivamente para “desempleados”. Es preciso incrementar tanto la demanda de aprendizaje, como la oferta y su atractivo, especialmente entre quienes menos se han podido beneficiar de la educación y la formación o han errado en la elección de sus itinerarios formativos.

Pero no solo para los colectivos más desfavorecidos, sino para la población en general, a la que cada vez más se demanda constante reciclaje profesional, bien mediante capacitación adicional que contribuya a desempeñar mejor las funciones habituales (upskilling), o bien con la adquisición de nuevas competencias que permitan adaptarse a los cambios y afrontar situaciones de crisis e incertidumbre (reskilling), como la pandemia actual.

Es esencial, ya que solo uno de cada diez (10,5%) españoles entre 25 y 64 años continúan formándose durante toda su vida laboral.

El cuarto componente sustancial del sistema es su carácter integrador, para propiciar la confluencia de intereses de los beneficiarios de la formación, de sus proveedores y de los agentes sociales que la promueven.

Si se aspira a llegar lejos en este intento de renovación de la FP, ha de ser mediante un ecosistema colaborativo, que incorpore a las empresas de distintos sectores y tamaños, conectado a su vez con la sociedad en general, el alumnado, los centros formativos y el profesorado en particular.

Especialmente importante es el compromiso de este último colectivo, cuya función en el sistema no siempre está convenientemente valorada. El rol de profesores, formadores, tutores, etc. es crucial para lograr aprendizajes de calidad conectados con el entorno laboral, en los centros formativos, empresas etc., independientemente del lugar donde desarrollen su labor.

Por de pronto, habrá de resolverse la discriminación derivada de la disposición adicional undécima de la LOMLOE (2020) entre profesores de “teoría” y “prácticas” de los ciclos formativos. Igualmente, habrá de mejorar la situación de los docentes de certificados de profesionalidad, a quienes se les exige unos requisitos para impartirlas que poco tienen que ver con las condiciones laborales y salariales en las que desarrollan su labor.

Para asentar los anteriores componentes del sistema, se necesita uno más que dinamice su función. Este es el rol de la orientación profesional, que actúa como lubricante para desarrollar y fomentar el talento humano, tal como reconoce el informe Investing in Career Guidance (2020), patrocinado por la UNESCO, OIT, OCDE, CEDEFOP, ETF y Comisión Europea.

En él se afirma textualmente que la orientación profesional eficaz “ayuda a las personas a alcanzar su potencial, a que las economías sean más eficientes y las sociedades más justas”. La intervención orientadora que preconiza nada tiene que ver con “consejos de confesionario”. No es encaminamiento cierto, ni imposición de puntos de vista, ni proporcionar informaciones definitivas, ni llevar la carga de los demás.

Su función es más bien la de potenciar el esclarecimiento de posibilidades personales con sentido, mediante la identificación, elección y/o reconducción de alternativas formativas, profesionales y personales, acordes al potencial y proyecto vital de cada persona y contrastadas con las ofertadas por los entornos formativos, laborales y sociales.

No es una tarea fácil y requiere profesionales especializados, dotados de competencias específicas, que nada que ver con la imagen deteriorada de apaga-fuegos, o magos sin magia, que a veces se tiene de ellos.

Estos cinco pilares del sistema se han de sustentar sobre la base de la investigación e innovación, sexto componente esencial del nuevo paradigma de la FP, ya que todo lo que no se conoce, no se investiga, no existe.

Nuestro Diagnóstico de la investigación sobre la FPI en España (2019) evidencia que hoy día ésta es escasa, discontinua, dispersa temporal y geográficamente, con fuentes de financiación insignificantes y poca implicación en su desarrollo por parte de las universidades y entidades afines.

Para iniciar el abordaje de los Retos y estrategias de acción en torno a la investigación sobre FP en España (2020), identificados por nuestros investigadores y agentes sociales, convendrá seguir la reciente Recomendación del Consejo (24.11.2020) sobre la educación y formación profesional para la competitividad sostenible, equidad social y resiliencia. Los diez indicadores de su Marco EQAVET, estructurados por fases del ciclo de calidad ―planificación, implantación, evaluación, revisión―, contribuirán a la evaluación y mejora de nuestro sistema único de FP, al ser aplicables a todos sus niveles, a todos los entornos de aprendizaje y a los diferentes proveedores.

La FP es la formación del futuro presente y ha de actuar de forma proactiva, contribuyendo a configurar el incierto futuro de nuestro país. La investigación e innovación tienen que seducir a la FP, ir más allá de su día a día y redimensionar su función. En síntesis, apostemos por añadir ciencia al arte de formar aprendices.

Benito Echeverría Samanes es catedrático emérito de la Universidad de Barcelona y Pilar Martínez Clares es profesora titular de la Universidad de Murcia.

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