Bruselas aplicará el acuerdo comercial con Mercosur de forma provisional al considerarlo una necesidad “estratégica” de la UE

La incertidumbre que ha generado en todo el mundo —y en particular en el comercio transatlántico— la política arancelaria caótica del presidente estadounidense, Donald Trump, ha impulsado a la UE a dar un nuevo paso histórico. Después de 26 años de negociación y de algunos escollos de último momento, la Unión Europea aplicará, de manera provisional, el acuerdo comercial con los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay). Presionada por la inestable situación internacional, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que tiene las competencias comerciales del bloque de 27 países, ha anunciado este viernes que pondrá en marcha el pacto —el mayor que ha suscrito nunca la UE— sin esperar a la respuesta de Tribunal de Justicia de la UE, donde el Parlamento Europeo más derechizado en décadas elevó sus dudas jurídicas sobre un pacto que disgusta también a las asociaciones de agricultores. El acuerdo, que implica la creación de la mayor área de libre comercio del mundo, es una necesidad “estratégica” para la Unión, ha defendido Von der Leyen.

Francia, a la cabeza de los países contrarios al acuerdo que fue aprobado por una mayoría de Estados miembros, ha expresado este viernes su insatisfacción por la decisión. “Para Francia es una sorpresa desagradable”, ha dicho el presidente Emmanuel Macron. “Es una gran responsabilidad hacia los agricultores que han expresado sus preocupaciones. También es una gran responsabilidad hacia los ciudadanos europeos y sus representantes que no han sido debidamente respetados”, ha añadido en una comparecencia con ocasión de la visita del primer ministro esloveno, Robert Golob. En Francia, la oposición al pacto con Mercosur se ha convertido en uno de los pocos asuntos en los que coinciden todos los partidos.

Argentina y Uruguay ratificaron el pacto el jueves. No obstante, la entrada en vigor no será inmediata: se retrasará previsiblemente hasta abril o mayo. Según las directrices de la Comisión, la aplicación provisional se producirá “el primer día del segundo mes” a partir de que se intercambie una comunicación al respecto entre Bruselas y Uruguay, que en este caso es el primer país en ratificar el acuerdo. Así lo ha clarificado un portavoz del Ejecutivo comunitario.

Ese día “se aplicará a todos los países de Mercosur que lo hayan ratificado”, lo que ahora mismo incluye también a Argentina. De producirse la comunicación oficial con Montevideo antes de que finalice febrero (este sábado como tarde), eso significaría la entrada en vigor del acuerdo el 1 de abril. Si se retrasase a marzo, el acuerdo arrancaría el 1 de mayo. Paraguay y Brasil, los otros dos países miembros de Mercosur, aún no han ratificado el pacto.

“El Consejo de la UE dio poderes a la Comisión para dar este paso en enero”, ha argumentado Von der Leyen al anunciar la decisión. La conservadora alemana ha resaltado la necesidad “estratégica” de este movimiento. Una clara referencia a la inestable situación geopolítica y comercial actual, agravada en las últimas semanas por las dudas que surgen ahora sobre el pacto arancelario suscrito entre la Unión y Estados Unidos el pasado julio y que ha quedado en el aire tras el anuncio de una nueva oleada de aranceles anunciada por Trump, en respuesta al varapalo judicial a su política de gravámenes.

La presión sobre la Comisión Europea era cada vez mayor. A la incertidumbre global, que está haciendo que la UE busque nuevos socios comerciales fiables, se ha sumado la ratificación del acuerdo en Argentina y Uruguay. Eso ha dado pie a que el Ejecutivo comunitario pueda lanzar su aplicación provisional, ya que en el pacto comercial se contempla esa opción una vez uno de los países que integran Mercosur dé ese paso.

“Esto [en referencia al acuerdo comercial con el bloque latioamericano] da a Europa una primera ventaja estratégica en un mundo de fuerte competencia y horizontes estrechos”, ha explicado Von der Leyen, “pero la ventaja de ser los primeros en actuar tiene que materializarse”. Y esa materialización es lo que supone la aplicación, aunque provisional, del acuerdo.

El Ejecutivo comunitario es consciente de que este paso va a tener costes políticos. Su presidenta ha señalado que durante las últimas semanas ha discutido “intensamente” esta cuestión con los Estados miembros y con los diputados al Parlamento Europeo.

Tras la histórica rúbrica con los países de Mercosur, en Paraguay, que se retrasó a enero por las dudas de último momento de Italia y la presión de los agricultores, Von der Leyen se embarcó en un baile diplomático para que la Eurocámara diera luz verde al pacto. Ese baile no fue efectivo, en febrero, pese a que se han ido añadiendo numerosas salvaguardas para apoyar a los productos europeos y a los agricultores. Aun con ese colchón, el Parlamento Europeo decidió elevar dudas jurídicas sobre el acuerdo comercial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Los parlamentarios decidieron hacerlo por una estrecha mayoría pese al precedente de ese tribunal en el acuerdo con Singapur, en el que, con cuestiones similares, no puso obstáculos. Esto mismo es lo que esgrimió el martes pasado ante los eurodiputados de la Comisión de Comercio el comisario responsable de esta cartera, Maros Sefcovic. Su decisión ha sido, les afeó, “un tipo de táctica dilatoria”.

“El acuerdo con Mercosur es uno de los más importantes en la primera mitad de este siglo. Es una plataforma para un compromiso político con socios que ven el mundo como nosotros”, defendió. “Socios que entienden que el comercio abierto y basado en normas ofrece resultados positivos para todos”, añadió. Detrás de estas palabras, se esconde la estrategia real emprendida por la UE ante un escenario internacional que ha cambiado radicalmente desde que Trump volvió a la Casa Blanca.

Los acuerdos comerciales, estratégicos y políticos que está suscribiendo la Comisión en los últimos meses —y van bastantes: modernización de los pactos con Chile y México, acuerdo de comercio electrónico con Corea del Sur y Singapur, pactos comerciales con la India e Indonesia, revitalización de las negociaciones con Australia— persiguen tejer una red que compense el terremoto geopolítico que ha provocado Trump.

Todos estos pactos no pueden sustituir la relación comercial transatlántica entre Estados Unidos y la UE, pero sí pueden amortiguar su efecto y, además, dar más certidumbre a las empresas. A estas casi les perjudica más la falta de predictibilidad de las decisiones que toma el Gobierno norteamericano que la subida de aranceles en sí, explicaba este mismo viernes a primera hora una fuente diplomática europea que concluía diciendo sobre Mercosur: “Lo necesitamos”.

Y ese mismo verbo es el que han utilizado los portavoces de la Comisión después de las palabras de Von der Leyen. Bruselas estima que el acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay podría eliminar unos 4.000 millones de euros de aranceles a las exportaciones de bienes de la UE, lo que lo convierte en el mayor acuerdo de libre comercio de la historia del bloque en términos de posibles reducciones arancelarias. Un estudio del Centro Europeo para la Política Internacional (ECIPE, por sus siglas en inglés) calcula que entre 2021 y 2025 la UE dejó de exportar al bloque de Mercosur unos 183.000 millones de euros y eso restó casi 300.000 millones de euros al PIB europeo.

El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur implica la creación de la mayor área de libre comercio del mundo si se toma la suma del producto interior bruto de ambas regiones, no así si se mira a la población porque le supera el que tienen suscrito China y el bloque de países asiáticos de la ASEAN. Entre las dos regiones comerciales de ambos lados del Atlántico suman más de 720 millones de habitantes.