Isabel Rodríguez: “Aprovecharemos todo lo que podamos de Sareb con la nueva empresa pública”

Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 43 años) acaba de cumplir un año como ministra de Vivienda y se le amontonan las tareas. En los últimos doce meses, su departamento ha visto cómo por primera vez una comunidad, Cataluña, aplicaba los controles de alquiler que recoge la ley estatal y ha emprendido una carrera para convertir a España en el primer país en habilitar el registro europeo de alquileres de corta estancia, con el que espera poner coto a la proliferación de pisos turísticos y contratos temporales. Durante la entrevista, celebrada esta semana en Madrid, mantiene su compromiso de sacar adelante esa legislación antes de acabar el año, y también el de acelerar los realojos de los afectados por la dana. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desveló el pasado fin de semana uno de los planes en los que este ministerio ha estado trabajando en secreto: la creación inminente de una empresa estatal capaz de levantar casas asequibles y gestionar alquileres. A partir de ahora, “todos los recursos públicos del Estado quedan blindados a la política pública de vivienda”, afirma Rodríguez.

Pregunta. ¿Cuándo será una realidad la nueva empresa estatal?

Respuesta. Es inminente. En el próximo Consejo de Administración de Sepes, el 19 de diciembre, se van a adoptar algunas decisiones que van en la dirección de la construcción de esta nueva empresa, con una mayor dimensión, con un fortalecimiento de lo que era un instrumento que ha sido muy útil al conjunto del país en las políticas de suelo. Ahora lo dirigimos a un objetivo muy claro para el Gobierno, que pasa por la ampliación del parque público, por la asequibilidad de la vivienda en España y por blindar todo ese esfuerzo público de recursos para siempre.

P. ¿La idea es transformar Sepes en una promotora pública?

R. Vamos a ir concretando, pero la dirección en la que va la nueva empresa tiene que ver con actuar desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación de las viviendas, la gestión de las mismas o la movilización y la compra de otras viviendas como hemos hecho en zonas afectadas por la dana. Es decir, una política integral de vivienda pública para conseguir el objetivo de llegar a 1,5 millones de viviendas en España que converjan con el escenario europeo [un parque social equivalente al 9% del total de casas].

P. ¿Qué recursos y qué objetivos tendrá la nueva empresa?

R. En Sepes habíamos dado algunos pasos. ¿Qué es lo que hemos hecho en este año en el Ministerio? Reforzar su presupuesto. No contaba con un presupuesto destinado al parque de vivienda asequible y ya lo tiene. Y poner en funcionamiento suelos públicos destinados a vivienda asequible. La operación más conocida es el nuevo barrio Campamento [en Madrid]. Y ahora se trata de aunar esos esfuerzos e implicar a otros instrumentos que tenía el Gobierno. Se unificarán todos los instrumentos, se reforzarán en el presupuesto y en las acciones que vamos a llevar a cabo: el presupuesto propio de Sepes, el presupuesto del Ministerio que seguirá incrementándose, los recursos del plan de recuperación, la financiación del ICO, añadiremos financiación del Banco Europeo de Inversiones y la puesta a disposición de viviendas de Sareb, donde habíamos asumido la mayoría para darle una dimensión social que hasta ahora no tenía. Como ha dicho el presidente del Gobierno, con todos los recursos que sean necesarios. No nos ponemos límites.

P. ¿Cuál será la aportación de la Sareb? ¿se paraliza el mandato desinversor?

R. Sareb es el legado que nos dejó el PP, que fue una deuda de más de 50.000 millones que estamos reconvirtiendo en posibilidad de vivienda pública o de suelos. Trabajaremos con rigor, de manera que todo lo que podamos aprovechar en este momento de Sareb para su puesta a disposición inmediata de la ciudadanía, lo vamos a hacer. Por tanto, en ese mensaje de “todos los recursos del Estado”, por supuesto que también todo lo que vamos a poder disponer de Sareb para dar respuesta a las políticas de vivienda o al despliegue de esos suelos lo gestionaremos a través de la nueva empresa pública.

P. ¿Esto implica viviendas que Sareb pueda tener a la venta si las consideran aprovechables para vivienda social?

R. Todos los recursos públicos del Estado quedan blindados a la política pública de vivienda. Todos.

P. Ha mencionado la Operación Campamento, ¿qué hará ahí esta empresa?

R. Es muy importante subrayar que esta empresa viene a revertir una anomalía que es la ausencia de un parque público de vivienda. Y con ello contribuir a la bajada de los precios, porque está constatado que cuando se incrementa la vivienda pública en un 10%, descienden los precios del mercado libre en torno a un 5%. El objetivo que nos hemos marcado en Campamento es que el 100% de las viviendas lo sean a precios asequibles. El 60% del suelo que está protegido será para viviendas protegidas y el 40% restante va a ser asequible y lo va a promover también la empresa pública. Por tanto, el nuevo barrio Campamento quizás sea el lugar donde se van a concretar todas esas buenas acciones de la próxima empresa estatal de vivienda.

El libre mercado asfixia a las familias, el libre mercado te atrapa en el alquiler”

P. Cita un estudio que señala que la vivienda pública baja los precios, ¿de dónde sale?

R. Es un estudio europeo referido a Viena [del Instituto de Investigaciones Económicas de Austria y la Federación de Asociaciones de Vivienda de lucro limitado, que la ministra muestra al acabar la entrevista]. La diferencia entre las posiciones del PP y el Gobierno de España pasa por que ambos concluimos que la oferta es muy importante. Pero nosotros decimos que hemos de incrementar la oferta con el impulso de las políticas públicas. Ellos hablan del libre mercado y nosotros de regular. El libre mercado asfixia a las familias, el libre mercado te atrapa en el alquiler. Hemos de intervenir regulando alojamientos de temporada, de habitación, turísticos… regulando los precios y también con la vía fiscal.

P. ¿Qué fórmulas usará la empresa pública para edificar las viviendas y gestionar los alquileres?

R. Dependerá en cada caso, ya tenemos modelos a seguir. Tenemos derechos de superficie donde ponemos a disposición el suelo, concertamos con los promotores y luego ese suelo revierte en nosotros. O alianzas que quedan por explorar que tienen que ver con la implicación de entidades privadas con un beneficio social o incluso con organizaciones sociales.

P. ¿Por qué crean la empresa ahora y no antes?

R. Porque hasta que tuvimos la ley de vivienda y se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, las comunidades se arrogaban en exclusiva cualquier desarrollo de política pública y el Estado quedaba a modo de caja pagadora a través de los planes de vivienda. Era una anomalía.

P. ¿Es la respuesta a quienes critican que la empresa pública invade competencias autonómicas?

R. Sin duda. Y, sobre todo, me gustaría dejar claro que esto no es una competición. Se trata de exprimir las competencias de todos para dar respuesta a la magnitud del problema lo antes posible y con la máxima eficacia.

P. El presidente anunció la empresa en el Congreso del PSOE, ¿le parece el mejor foro?

R. Somos un partido de gobierno y la razón de ser de nuestro partido es, desde las instituciones, cambiar y mejorar la vida de la gente. De este tipo de congresos salieron las ideas que después se transformaron en los distintos pilares del Estado del bienestar, y hoy nos comprometemos a que la vivienda se consolide como el quinto pilar del Estado del bienestar.

P. De las 183.000 viviendas prometidas el año pasado, ¿cuántas son una realidad? ¿Por qué cuesta aterrizar las cifras?

R. Porque son muchos los actores que están participando en el desarrollo de las mismas. El que podamos hacerlo directamente y en su ciclo completo facilitará también la disposición de toda esa información. Pero les puedo decir que ya hemos superado las 82.000 viviendas movilizadas y que con el acelerador que va a suponer la empresa vamos a poder hacerlo realidad en menor tiempo.

P. ¿Movilizadas qué significa?

R. En distintas fases. Desde la primera piedra hasta hasta la entrega de llaves. Yo he participado en la entrega de viviendas recientemente.

P. Habla algunas veces de comunidades que no cumplen la ley, ¿quiénes y en qué incumplen?

R. En Madrid, las personas que están pagando precios que superan el 70% o el 80% de su salario, el 100% en algunos casos, podrían estar viendo reducido el alquiler en torno a 100 euros, al tiempo que sus propietarios podrían estar bonificándose hasta el 90% de esas rentas. Y eso no es posible porque su presidenta se niega a aplicar una ley que tiene beneficios para la ciudadanía. A través de nuestros recursos, suelos y viviendas podremos ir acompañando a la ciudadanía cuando sus gobiernos autonómicos no les quieren acompañar.

P. Pero la ley no obliga a aplicar el control de precios, no es un incumplimiento…

R. Llamémosle boicot. Ciertamente no se obliga, pero yo creo que todos desearíamos, especialmente los madrileños y madrileñas, que se pudiera aplicar. Porque eso conllevaría un abaratamiento del alquiler.

La política de vivienda tiene que salir de la confrontación partidista

P. En Cataluña han bajado los precios, pero se ha reducido la oferta, que es el argumento de algunas comunidades. ¿Qué les diría?

R. Primero, que tienen que hablar con más rigor. Lo que se está produciendo en Cataluña, y con mucha prudencia porque son los primeros análisis, es que efectivamente se ha contenido el incremento de los precios. La diferencia de Cataluña es que tiene y maneja estudios públicos que no tienen otras comunidades y eso es muy importante en el diseño de políticas públicas. La segunda cuestión es que afortunadamente cada vez son más las comunidades y, sobre todo, los ayuntamientos que están solicitando la aplicación de zonas tensionadas. Navarra está trabajando su puesta en marcha. También el País Vasco o ayuntamientos de Canarias, y allí el Gobierno autonómico les apoya. La propia Xunta de Galicia no se ha negado a aplicarla. Por tanto, no son todas las comunidades y, sobre todo, hay algunas que lo hacen con un claro interés de confrontación política. La política de vivienda tiene que salir de la confrontación partidista, de la polarización y de la crispación.

P. Las autonomías del PP se quejan de inseguridad jurídica. ¿Le preocupa esta cuestión?

R. Todo lo que tenga que ver con la preocupación de la ciudadanía en torno a la vivienda me preocupa y me ocupa. Si tienen tanta preocupación, ¿por qué no han desarrollado aquello que está en su margen de competencia? Me habla usted de la inseguridad de los propietarios. ¿Por qué no están implementando los sistemas de arbitraje y mediación [para impagos u otros conflictos con el alquiler]? Es su competencia.

P. ¿Van a prorrogar el escudo social para los desahucios de inquilinos?

R. Hemos dado pasos este año: se logró unanimidad en el Congreso de los Diputados en la modificación de la ley para garantizar e impedir los desahucios hipotecarios. En estos momentos se está trabajando y creo que no cabe duda de la ambición de este Gobierno en proteger a la ciudadanía de manera integral. Pero la prudencia hace que tengamos que esperar al momento oportuno para poder responder esta pregunta.

P. ¿Cómo va el decreto sobre regulación de alquiler de temporada y turístico?

R. Tiene que estar listo para entrar en vigor antes del 1 de enero. Empezamos el año con esa nueva regulación, inspirada en la normativa europea, que va a acotar los alojamientos turísticos y a evitar el fraude de los contratos de temporada. En estos momentos ha sido ya enviado al Consejo de Estado y, por tanto, estará listo y habrá pasado por el Consejo de Ministros antes de que finalice el año.

P. Usted ha estado en las zonas afectadas por la dana en Valencia. ¿Cómo va la gestión de las ayudas?

R. Estamos trabajando de manera colaborativa con la Generalitat, conformamos un grupo de trabajo técnico. Me he reunido en varias ocasiones con la vicepresidenta y consellera de Vivienda. He visitado sobre el terreno la situación. En los dos primeros reales decretos del Gobierno focalizamos mucho todas las ayudas dirigidas a la vivienda. Tras las pérdidas irrecuperables de las vidas humanas, quizás lo más doloroso para estas familias es perder sus negocios y sus casas. Estamos trabajando con ellos en el análisis técnico de inspección y valoración de los daños y, al mismo tiempo, estamos acelerando todas las ayudas.

P. ¿Puede cuantificar esas ayudas?

R. Por parte del Consorcio se han registrado más de 70.000 solicitudes que tienen que ver con viviendas o comunidades de vecinos. De ellas, casi 45.000 lo son de viviendas. Más de 20 millones de euros se han ido ya desembolsando a las familias con ayudas medias de 10.000 euros. Y respecto a las ayudas directas del Gobierno, que no son vía consorcio, se han registrado casi 7.000 peticiones y se ha atendido a más de 300 familias y se están tramitando en estos momentos otros 500 expedientes. Al tiempo que hemos iniciado la compra de viviendas para realojos, que es precisamente una de las cuestiones sobre las que más estamos trabajando, porque no es sencillo. Hemos puesto ya a disposición algunas viviendas.

P. Hay quejas de lentitud. ¿Entiende la desesperación?

R. Es normal, comprensible, y hay que hacerse cargo del estado de ánimo de la ciudadanía. Hay que ponerse siempre en la piel de esas personas, entender que para ellas nunca será suficiente, que nunca iremos lo suficientemente rápido. Estamos actuando con la máxima celeridad, con la máxima responsabilidad para hacerlo posible y no vamos a dejar de hacerlo hasta que no hayan culminado los trabajos. Nos llevará mucho tiempo porque hay una parte que es inminente, pero otra que me preocupa mucho y que tiene que ver con el planeamiento urbanístico, con el diseño de las ciudades, con su adaptación a la mitigación del cambio climático y sus efectos sobre los municipios y las viviendas. Creo que hay que hacerlo desde la colaboración con la ciencia, con la evidencia, y no desde el negacionismo. Lo que no se puede hacer es aprovechar ese dolor para la batalla política.