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El Gobierno prorrogará las medidas antidesahucio durante todo 2024

Bildu anuncia un acuerdo con el Ejecutivo que blinda un año más del desalojo a familias vulnerables y extiende la tarifa especial de gas para comunidades de vecinos

Desahucio Badalona
Desahucio de un bloque en Badalona (Barcelona), el día 15.Albert Garcia

El Gobierno extenderá durante un año más las medidas especiales para proteger a familias vulnerables de un desahucio. Así, en lo referente a vivienda, una parte del denominado escudo social que se configuró durante la pandemia estará vigente al menos hasta el 31 de diciembre de 2024. Se daba por hecho que, al tratarse de decisiones que no tienen un coste para las arcas del Estado, algunas de estas iniciativas se extenderían. Y este martes ha sido Bildu, socio parlamentario del Ejecutivo, quien ha anunciado un acuerdo para hacerlo. En el mismo se incluyen la prohibición de cortes de suministros a hogares con dificultades económicas y la tarifa especial de gas para calderas comunitarias, aunque en el comunicado emitido por los nacionalistas vascos no queda claro si también se ampliarán todo un año.

“EH Bildu había solicitado al Gobierno que se incluyese esta medida, y tras la negociación y el acuerdo alcanzado, será incluido en el decreto”, señala la formación abertzale en alusión las medidas antidesahucio. Estas llevan vigentes, con ligeras modificaciones, desde la pandemia y básicamente dificultan los procedimientos de expulsión cuando una familia que no puede pagar el alquiler o la hipoteca acredita que está en situación de vulnerabilidad y no tiene otra casa donde irse a vivir. Los supuestos amparan algunos casos de ocupaciones irregulares y supuestos penales (judicialmente, un desahucio se puede intentar por vía civil o por la penal) aunque solo cuando hay menores en el hogar, personas dependientes o una situación de violencia de género.

La última vez que se prorrogaron estas medidas fue en junio, cuando se decidió extenderlas por seis meses, hasta acabar este 2023. Entonces el Ejecutivo lo justificó porque la ley de vivienda aprobada en mayo, que cambió de manera permanente los procedimientos de desahucio siguiendo el mismo espíritu, todavía no había tenido tiempo de desplegar sus efectos. Pero la norma era un poco menos ambiciosa y el hecho de que los socios del Gobierno hayan insistido en esta prórroga muestra que para muchos la ley se quedó corta en ciertos aspectos. Y es con ese contexto de fuerte inflación e incertidumbre económica derivada de la guerra de Ucrania (a lo que se ha añadido el conflicto en Oriente Próximo) por lo que el Ejecutivo justifica la decisión de mantener vigentes todas las protecciones que ya existían.

No es la primera vez que Bildu anuncia un acuerdo sobre vivienda. Hace algo más de un año ya se anotó el tanto de la prórroga del tope del 2% para las actualizaciones del alquiler. Luego esta medida fue recogida igualmente en la ley de vivienda, que fija para 2024 que ese máximo (que se aplica solo a contratos en vigor que tienen que recalcular la renta mensual) será del 3%. Por lo tanto, ya no es necesario incluirla en el decreto que aprobará el último Consejo de Ministros del año, aunque los nacionalistas sí han aprovechado para reivindicar ese logro en su comunicado de este martes.

Menos claro estaba qué pasaría con la tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Esta se aprobó al dispararse los costes energéticos, y con ello los gastos de las calderas comunitarias, por lo que los administradores de fincas habían pedido reiteradamente su extensión. De acuerdo con el anuncio de Bildu, el Gobierno dará ese paso también el miércoles. Y se incluirá igualmente la prohibición de corte de suministros básicos (luz, agua y gas) a hogares vulnerables, otra medida que se puso en marcha durante la pandemia de covid-19 y que desde entonces se ha ido prorrogando. Sin embargo, sobre ambas iniciativas no queda claro cuál será el plazo de extensión y el Ejecutivo ha declinado hacer comentarios al respecto hasta que el decreto quede validado este miércoles.

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Sobre la firma

José Luis Aranda
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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