El Gobierno prepara una prórroga parcial de seis meses de las medidas contra la crisis energética

El Gobierno prepara una prórroga parcial del escudo social diseñado para combatir las consecuencias de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania. Este paquete caduca el 31 de diciembre, y en él se incluyen las rebajas de impuestos sobre la energía, las ayudas al transporte y las sectoriales. La prórroga se aprobará prácticamente sobre la bocina, en el Consejo de Ministros que tendrá lugar el miércoles. El Gobierno de coalición todavía está negociando cuáles de estas medidas y en qué grado se incorporarán en el real decreto ley, cuya duración debería ampliarse hasta junio, siguiendo la lógica de los anteriores. En principio se baraja mantener de alguna forma las ayudas al abono transporte y al menos una parte de las bajadas de impuestos energéticos que más impacto tienen en los precios. Aunque los costes de la electricidad en diciembre se han moderado bastante frente al año pasado y la curva de precios futuros descuenta cotizaciones en los mercados mayoristas similares a las de 2019, la factura repuntaría si se eliminasen las rebajas de impuestos, y eso es precisamente lo que se busca evitar.

Según fuentes gubernamentales, este mismo martes estarán trabajando para cerrar el diseño las vicepresidentas del Gobierno María Jesús Montero, Teresa Ribera, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. El presidente, Pedro Sánchez, será el que tome las últimas decisiones. En cualquier caso, la idea es modularlas de forma que su coste fiscal se rebaje. Ya el paquete de 2022 ascendió a casi 22.000 millones de euros. Y el de 2023 ha supuesto cerca de 15.000 millones. Este importe debería reducirse también para el año que viene, máxime cuando en el mismo ejercicio comenzarán a aplicarse de nuevo las reglas fiscales europeas que exigen una reducción del agujero presupuestario existente en las cuentas públicas y cuando, además, la economía, en plena ralentización europea, no acompañará en la misma medida que lo ha hecho durante los años anteriores.

Vivienda e hipotecas

Las medidas sin coste fiscal tienen más probabilidades de seguir. Así sucede con los procedimientos antidesahucio que se perfilaron durante la pandemia para aquellas familias que acrediten condiciones económicas vulnerables y que no tienen posibilidad de encontrar otra vivienda. También la imposibilidad de suspender el suministro eléctrico y la ampliación del descuento del bono social eléctrico. O la prohibición de despedir por causa de la guerra y la crisis energética a las empresas que se han acogido a ayudas directas o a un ERTE. Ya se ha elevado de casi 30.000 euros a cerca de 38.000 el umbral de renta a partir del cual las familias se pueden beneficiar de los mecanismos creados para aliviar la subida de tipos de las hipotecas. Y Sánchez anunció además una subida del bono de 250 euros para el alquiler de los jóvenes.

Las iniciativas de apoyo al transporte, que incluyen la subvención al abono, serán adaptadas. El presidente ya ha comunicado que el transporte público será gratis para menores, jóvenes y parados. Y comunidades y ayuntamientos están esperando para ver qué hacen con la rebaja del abono porque hasta ahora el Estado ponía el 30% de la reducción y la entidad territorial encargada el 20%. En el Plan Presupuestario enviado a Bruselas se recogen para 2024 unos 760 millones destinados al “subsidio del transporte urbano e interurbano pagado por el Estado: ayudas directas a CC AA y entidades locales para la reducción del precio del billete de transporte a usuarios habituales”. En todo caso, se mantendrá igual la gratuidad de Renfe en la Media Distancia y Cercanías, por valor de 660 millones de euros.

Las ayudas sectoriales, como la bonificación al combustible de transportistas y agricultores, probablemente decaigan al considerarse que los precios se han moderado y ya no sean tan necesarias. El coste de la subvención a los carburantes profesionales es importante: 1.600 millones. Y el resto de las ayudas sectoriales representan más de 2.000 millones de euros. Todas ellas deberían suprimirse. Aunque en estas merecen una mención aparte las de la industria electrointensiva. Pese a que sus costes energéticos se han reducido, el sector pide algo de alivio para evitar cierres. Y el Banco de España ha observado que la industria dependiente de la energía ha sufrido mucho más que el resto.

Rebajas energéticas

El debate en el seno del Gobierno de coalición se centra sobre todo en las rebajas de impuestos a la energía, que conllevan un coste fiscal importante. Preocupa que al retirarlas haya un repunte sustancial de la inflación como ya advirtiera el Banco de España y que, además, suponga más adelante un gasto adicional al revalorizar partidas como las pensiones. Por ejemplo, Funcas cifra el incremento de la inflación en un punto solo por las medidas extraordinarias para rebajar el precio de la energía. Por esta razón, se baraja mantener de alguna forma, aunque sean graduadas, aquellas bajadas de impuestos que tienen una repercusión directa en el IPC como la rebaja del IVA en la electricidad y el gas. Ahora mismo el IVA está recortado al 5%, el impuesto especial de la electricidad al 0,5% y el de producción eléctrica se ha suprimido. Quizás sea más probable que se restablezca el impuesto a la producción por tener un impacto menos directo en el precio. Según la Agencia Tributaria, el coste total de estas medidas de alivio en la factura energética asciende a cerca de 7.000 millones de euros. Y, según explican fuentes conocedoras, hay diversas propuestas sobre la mesa sobre cómo graduar en tiempo e intensidad la recuperación de estos impuestos sobre la electricidad.

La congelación del precio de la bombona de butano sería otra propuesta sobre la mesa. Y la disminución del IVA de los alimentos básicos se mantendrá como ha declarado Sánchez. Alimentos como el pan, los huevos, la fruta y las verduras seguirán con un tipo del 0%, mientras que el aceite y las pastas alimenticias continuarán con un tipo rebajado hasta el 5%.

Con el próximo decreto, el Gobierno sumará ya nueve tomando medidas para contrarrestar los efectos de la crisis de precios. La lógica ha sido elaborar paquetes de seis meses para ver cómo evolucionaba la economía y la inflación. Pero esto tiene que compatibilizarse con una ralentización de la economía y el retorno de las reglas de gasto en Europa tras los shocks provocados por la covid y la guerra de Ucrania.

El Gobierno envió a Bruselas que los ingresos totales del conjunto de las Administraciones aumentarían en unos 36.000 millones de euros en 2024. Pero solo las comunidades autónomas van a llevarse 20.000 millones de ese incremento. Los ayuntamientos, unos 5.000 millones. Las pensiones, otros 11.000 millones. Y subirán partidas como los intereses o los subsidios de desempleo tras su reforma. El margen es estrecho. Y la Autoridad Fiscal ya advirtió de que el déficit público solo bajaría el año que viene por la retirada de las medidas anticrisis, valoradas en unos 15.000 millones. De ahí que sea tan importante retirarlas. Al menos una parte.

A pesar de la desaceleración económica, el Ejecutivo se mantiene optimista respecto a la recaudación del IRPF y de las cotizaciones sociales, debido al buen comportamiento del empleo y las subidas de salarios y pensiones. Pero en todo caso el margen es muy limitado para poder subir algunas partidas y a la vez cumplir con la disciplina presupuestaria que empezará a aplicarse. El presupuesto va a exigir una ejecución muy ajustada con el problema de que las comunidades disponen de ingresos y se les ha concedido cierto margen con sus objetivos presupuestarios. Algunas fuentes del Gobierno ven asequible la reducción del déficit, que sin medidas extraordinarias el propio Ejecutivo ha valorado de forma interna en el entorno del 3,5% del PIB. Pero otras lo consideran un reto mayúsculo en un entorno de ralentización económica y con la necesidad de dedicar más recursos al envejecimiento de la población y las inversiones verdes, digitales y de defensa.

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