El Gobierno presiona a la banca para ampliar las ayudas a los hipotecados en apuros antes de acabar el año

El Gobierno acelera para cerrar un paquete amplio de medidas económicas antes de acabar el año. Entre ellas, Economía quiere ampliar el escudo social aprobado a finales de 2022 para proteger a las familias endeudadas ante la fulgurante subida de tipos de interés. El Ejecutivo aprieta a la banca para elevar hasta los 37.800 euros el umbral de renta por debajo del cual los hogares se pueden acoger al Código de Buenas Prácticas, el protocolo que permite flexibilizar los pagos de la hipoteca. Esta iniciativa ya se recogió en el pacto entre PSOE y Sumar. Y también presiona para volver a quitar el año que viene las comisiones que las entidades cobran por las amortizaciones anticipadas y por el cambio de hipoteca. Esta supresión de las penalizaciones beneficia a todos los clientes con independencia de sus ingresos, es temporal y acaba el 31 de diciembre de este año. Pero la idea es que se prorrogue otro ejercicio. Según diversas fuentes financieras, el trabajo técnico continúa en estos días para alcanzar un acuerdo que se refrende en la reunión del próximo lunes entre Gobierno, Banco de España y patronales bancarias.

Estas fuentes explican que la intención de Economía es tajante: el acuerdo tiene que cerrarse en los próximos días y las modificaciones se incluirán en un decreto antes del final de año. Esta celeridad se debe a que una parte de las medidas pierde su vigencia en 2024. Y a que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, solo seguirá unas semanas más en el cargo y quiere dejar zanjado este asunto antes de su marcha al Banco Europeo de Inversiones.

Cabe recordar que el acuerdo de hace un año tenía dos vertientes. Por un lado, se reforzó el Código de Buenas Prácticas, en vigor desde 2012 y aplicable a rentas de hasta 25.200 euros anuales. A este se le añadió además una disposición temporal por la que se suprimen durante este año las comisiones por amortizaciones totales o parciales de todos los clientes. Por otro lado, se creó un mecanismo alternativo y transitorio para socorrer a familias endeudadas a tipo variable que posean unos ingresos anuales de hasta 29.400 euros.

Respecto a la primera pata de este paraguas, se trabaja en la citada supresión de comisiones. Y además se pretende aclarar que esta exención de las penalizaciones no solo sirve para cambiarse a hipotecas a tipo fijo, sino que también se aplica al pasarse a un tipo mixto. Esta es una reclamación de las asociaciones de consumidores, que señalaban que la norma era algo ambigua sobre este punto. Según fuentes gubernamentales y del sector, la eliminación de estos pagos ha sido un éxito porque ha permitido que numerosos hogares hayan ahorrado en intereses reduciendo su carga hipotecaria o buscando mejores condiciones con otro banco.

En la segunda pata, el mecanismo temporal vigente hasta finales de 2024, el Gobierno plantea una subida del nivel de renta elegible hasta las 4,5 veces el IPREM (el indicador público de rentas), esto es, 37.800 euros al año. Se trata de un incremento bastante ambicioso sobre los 29.400 euros actuales. Hasta ahora, el número de hogares que se ha acogido a estos protocolos ha sido bajo. En buena medida porque no se contabilizan las familias que se han beneficiado de las amortizaciones sin coste. Según el Informe de Estabilidad Financiera publicado en octubre por el Banco de España, las entidades habían recibido 42.000 peticiones para acogerse a estos códigos, de las que solo unas 4.200 habían sido aprobadas.

El Gobierno trata así de elevar el número de personas acogidas, que se encuentra muy lejos del millón anunciado. Pero también persigue enviar un mensaje político: se muestra inflexible con el sector financiero y se adelanta a las medidas que estaba propugnando Sumar sobre esta materia. Ya en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar se plasmaba tanto la ampliación de estas ayudas como la intención de hacer permanente el impuesto extraordinario al sector financiero.

“No vemos necesarios estos cambios, pero existe una clara intención política. Lo quieren hacer sí o sí”, critican fuentes del sector. Aun así, Economía es consciente de que necesita que haya al menos un mínimo entendimiento con la banca, ya que el Código de Buenas Prácticas es de adhesión voluntaria.

No obstante, fuentes financieras explican que estas medidas todavía no son necesarias, como refleja la baja morosidad. “No hay demanda para acogerse a los planes de ayuda y mientras siga la fortaleza del mercado laboral eso no va a cambiar. Da igual que suba el umbral de renta”, señala una de ellas. La hipoteca es uno de los pagos que se intenta abonar a toda costa y, en media, los clientes tardan al menos dos años en entrar en mora cuando tienen problemas. Es más, apuntan otro dato relevante: “Los hogares con rentas entre 30.000 y 40.000 euros están precisamente amortizando hipotecas, y eso casa mal con que necesiten este tipo de auxilio”, dice otra fuente del sector.

Dos códigos

La actualización del protocolo acordado consta de dos partes. Uno permanente, en vigor desde 2012, que cubre a las unidades familiares que ingresen hasta 25.200 euros anuales (tres veces el IPREM), que la carga hipotecaria se les haya incrementado y cuya cuota mensual supere la mitad de los ingresos netos del hogar, lo que se conoce como tasa de esfuerzo. Estos hogares pueden optar a un periodo de carencia de cinco años del capital con un tipo de interés reducido (euríbor menos 0,10%). Y el capital aplazado podrá pasarse a una cuota final, prorratearse en las cuotas resultantes o combinar ambas, entre otras opciones. En este apartado se introducirán pocos cambios.

Las conversaciones se centran en el mecanismo alternativo habilitado para 2023 y 2024. A este protocolo se pueden acoger las familias con rentas de hasta 29.400 euros, un umbral que se elevará de forma significativa. Además, tenían que soportar una tasa de esfuerzo superior al 30% de los ingresos del hogar y esta, a su vez, debería haber aumentado al menos un 20%. En este código transitorio se incluyen medidas como la congelación de la cuota durante 12 meses, alargar hasta siete años el plazo de amortización del préstamo y obtener un tipo de interés menor sobre el principal aplazado (generará intereses, pero menos de lo que sería habitual en el mercado).

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