Ribera y la continuidad en Transición: de los impuestos y la CNE a la eólica marina y los precios cero de la luz

La legislatura con más carga energética de la democracia da paso a una plagada de interrogantes. Tras las medidas de urgencia para hacer frente a la crecida de precios —una excepción ibérica balsámica durante meses; una minoración de ingresos de las eléctricas; un tope al gas comunitario de resultados discretos; y una reforma del mercado eléctrico común notablemente menos ambiciosa de lo que le habría gustado a España— se abre un periodo completamente distinto, aunque de nuevo con Teresa Ribera al frente de su vicepresidencia tercera y cartera de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Superada la fase más crítica, toca levantar la cabeza y mirar más allá de lo inmediato en un ámbito cada vez más central en la economía y la política: “Son muchos los temas abiertos, pero, por primera vez en mucho tiempo, no hay ninguno que sobresalga sobre el resto”, sintetiza Alejandro Labanda, experto en energía de la consultora BeBartlet.

Por orden cronológico, ese amplio, amplísimo, abanico de temas empieza con dos decisiones: la prórroga (o no) del paquete de medidas anticrisis —sobre todo, la bajada de la presión fiscal sobre los suministros y la subvención a los consumidores de gas a través de la TUR— y la prórroga (o no) del tributo extraordinario sobre las empresas energéticas. Las incógnitas se concentran, sobre todo, en el primer caso: la extensión, de haberla, será parcial. En el caso del impuesto, todos los elementos —empezando por el reciente acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar— apuntan a una prolongación hasta finales de 2024.

El segundo paso será la concreción de los llamados mecanismos de capacidad, un sistema que busca, ante todo, dar certidumbre a los dueños de las centrales clave para la garantía de suministro. Y que es, además, clave de bóveda de la reciente reforma del mercado eléctrico europeo. También queda por aterrizar una medida estrella en el citado pacto entre socialistas y Sumar, y que el propio Pedro Sánchez mencionó en su discurso de investidura: la división del actual superregulador, la CNMC, para volver al esquema anterior a 2013, en el que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) recupere su entidad propia.

Hay más. En unos meses, el Gobierno tendrá que decidir ya sobre una posible nueva prórroga a los proyectos de renovable que marchan con retraso en su tramitación administrativa. Ahí, las posiciones no podrían ser más encontradas: las patronales del sector llevan meses rogando esa extensión, pero Ribera mantiene su negativa.

Queda pendiente, también, el desarrollo del marco normativo de la eólica marina, una tecnología tan prometedora como inexplorada en España (su perfil costero requiere que sea flotante, más cara) que debería alumbrar los primeros proyectos de carne y hueso esta misma legislatura. El hidrógeno y los gases renovables van a la zaga: dos flancos en los que el sector privado reclama más ambición pública para aprovechar el enorme —y todavía inexplorado— potencial español.

El elefante en el armario, sin embargo, tiene nombre y apellidos: los precios cero de la luz. Esta realidad, prácticamente desconocida hasta hace bien poco, será la norma en muchas horas de muchos días a lo largo de la legislatura que empieza. Y supone un reto mayúsculo para los nuevos proyectos fotovoltaicos. Para garantizar su viabilidad, el Gobierno tendrá que acelerar en el despegue del almacenamiento (bombeos o baterías) y remodelar la actual estructura de peajes y cargos, que incentiva el consumo doméstico nocturno en detrimento de las horas solares (cuando más electricidad limpia y barata se genera). Es el próximo melón por abrir. Uno de muchos.

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