Teresa Ribera se afianza en la vicepresidencia climática

No es posible abordar la figura de Teresa Ribera (Madrid, 54 años) sin hablar de cambio climático. Porque su trayectoria política está vinculada a la crisis climática desde mucho antes de que el calentamiento se considerara una emergencia global y cuando todavía algún político —no precisamente de extrema derecha— recurría a su primo para poner en duda las evidencias científicas. A medida que la crisis climática se ha ido endureciendo y ganando peso en toda la agenda internacional, Ribera ha ido ganando también peso en la política nacional y europea hasta ocupar en España una las vicepresidencias clave. Quizás, porque ella ya estaba ahí cuando la mayoría de la población solo veía lo del cambio climático como un problema para los osos polares y no como un gigantesco reto (y oportunidad) para toda la humanidad.

Esta licenciada en Derecho comenzó su trayectoria gubernamental cuando Cristina Narbona era ministra de Medio Ambiente: entre 2004 y 2008, Ribera fue directora de la Oficina Española de Cambio Climático. Luego, entre 2008 y 2011, fue la secretaria de Estado de Cambio Climático. La travesía en el desierto que supuso para muchos socialistas los gobiernos del PP entre 2011 y 2018 la pasó Ribera fundamentalmente entre Madrid y París, donde dirigió el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI).

Entró en ese instituto en 2013 y salió de él en 2018 para ser ministra para la Transición Ecológica en el primer gabinete de Pedro Sánchez. Pero, antes de recalar en el IDDRI, Ribera trabajó durante ocho meses en la empresa malagueña Isofotón, que ha estado años en el centro de la polémica por un supuesto caso de ayudas ilícitas por parte de la Junta de Andalucía. Ribera nunca estuvo imputada y el caso al completo terminó archivándose en 2022. La otra polémica que le salpicó, pero por la que tampoco estuvo imputada, fue el fiasco del almacén de gas Castor, una multimillonaria pifia. La declaración de impacto ambiental del proyecto, de 2009, llevaba su firma como secretaria de Estado de Cambio Climático.

Ninguno de estos dos asuntos ha tenido afección en la trayectoria ascendente de Ribera con Sánchez. Empezó como ministra para la Transición Ecológica, ascendió en 2020 a vicepresidenta cuarta, manteniendo esa cartera y llegó hasta la tercera vicepresidencia en 2021, en la que ahora repite. Los ascensos a la vicepresidencia lanzan una señal fundamental de que, en consonancia con lo marcado por la Comisión Europea, la lucha contra el cambio climático es un eje de acción fundamental del Ejecutivo español. Pero, seguramente, el movimiento clave se había dado ya en junio de 2018, cuando Ribera aglutinó en un mismo ministerio las competencias medioambientales y energéticas. Hasta ese momento, la política energética —vital en la lucha climática— había transitado en España al margen de las prioridades medioambientales.

Con Ribera como vicepresidenta, España ha aprobado su primera Ley de Cambio Climático, se han actualizado los planes hidrológicos de las cuencas y se ha reventado el tapón que bloqueaba la instalación de energías renovables. Hasta tal punto, que el país se ha situado entre las naciones del mundo que más rápido están descarbonizando su sector eléctrico. Paralelamente, se ha expulsado del mix energético al carbón, el combustible más sucio y que más contribuye al calentamiento. Eso sí, la implantación de las plantas eólicas y solares no ha estado exenta de polémica y tensiones en las áreas rurales, donde se ha generado cierta oposición a las grandes instalaciones. Esta nueva legislatura, si se cumplen los planes fijados por Ribera, deberá ser en la que se allane el camino para el cierre de todas las nucleares del país, que comenzará en 2027 con Almaraz, la más grande de todas.

Las renovables no solo contribuyen a la lucha contra el cambio climático, también rompen con la dependencia de unos combustibles fósiles que España no tiene. Desengancharse de ellos se ha hecho más urgente con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y, también, las renovables contribuyen a abaratar el coste de la energía.

Durante su mandato, Ribera ha sacado adelante —contra todo pronóstico— la excepción ibérica, un mecanismo puesto en tela de juicio por sus críticos desde mucho antes de entrar en vigor, pero que durante meses permitió una fuerte rebaja en la factura de la luz. Ha impulsado un tope europeo al gas, de resultado mucho más discreto. Ha plantado cara a las eléctricas, con varias medidas para minorar sus ingresos en plena escalada de la luz —entre ellas, la propia excepción ibérica— que le han valido feroces ataques de las empresas y las patronales. Y ha logrado, hace solo unas semanas, poner de acuerdo a París y Berlín para alumbrar una reforma, la del mercado eléctrico europeo, que, sin embargo, deja un regusto amargo: luce más cercana a los intereses de la nuclear francesa que a los de las renovables españolas.

Escudera y confidente de Pedro Sánchez en varios de los pasajes más complicados de la legislatura, sobre todo cuando el estallido de precios del gas y de la luz amenazaban con hacer descarrilar la economía, Teresa Ribera ha sido algo más que una vicepresidenta tercera. Se ha convertido, más bien, en una pieza esencial en el Ejecutivo. Así lo demuestra su papel activo en el cierre de campaña del PSOE, cuando prácticamente todas las encuestas apuntaban a una mayoría de la derecha; su inclusión como número dos en la lista de su partido por Madrid; y, más recientemente, el hecho de que fuera la única, junto con el presidente y Yolanda Díaz, que tenía el puesto asegurado en las quinielas ministeriales. Entre sus éxitos más recientes también está haber logrado un acuerdo con el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha supuesto frenar la polémica ley que iba a legalizar regadíos ilegales en el entorno de Doñana.

Dura en las negociaciones y con fama de estar muy encima de todos los temas de su departamento, es muy respetada en Bruselas y en los círculos ambientales y energéticos. Desde hace años se especula con un salto fuera de España —en algún momento estuvo incluso en las quinielas para dirigir el área de cambio climático de la ONU— y ahora también con que pueda dar el salto a Bruselas, ocupando una de las vicepresidencias del Ejecutivo comunitario tras las elecciones europeas del año que viene.