El sector solar clama por una nueva prórroga administrativa para evitar que caiga “un gran número” de proyectos

A finales de enero, la tramitación exprés de las declaraciones de impacto ambiental por parte de las administraciones centrales y autonómicas evitó que centenares de proyectos de energía renovable cayeran definitivamente. Ese embudo, sin embargo, sigue siendo el principal riesgo para un sector clave para la descarbonización y la independencia energética. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha clamado este jueves por una ampliación de dos años en los plazos para evitar que “un gran número” de plantas y de gigavatios (GW) en marcha acaben definitivamente sentenciados, con el consiguiente impacto sobre los objetivos climáticos y sobre la inversión.

“La prórroga es imprescindible: para cumplir los objetivos necesitamos que vengan 50.000 millones de aquí a 2030, y tenemos que convencer a los inversores de que somos el país en el que invertir”, ha urgido el director general de la patronal solar, José Donoso, en un acto celebrado en Madrid, en el que ha reconocido que —dado el calendario político— será el próximo Gobierno el que tome la decisión. “Ha sido la Administración, y no las empresas, la que no ha cumplido los hitos establecidos. Y no por falta de voluntad, sino por el gran volumen de proyectos y por el cuello de botella tanto en las delegaciones del Gobierno como en las comunidades autónomas. Reconocemos el trabajo de los funcionarios, que se han dado una paliza, pero no es suficiente”.

Con el calendario actual en la mano, el próximo 31 de diciembre decenas de proyectos tienen que contar los permisos para no perder los puntos de conexión. A continuación, sus desarrolladores disponen de 18 meses, hasta junio de 2025, para tenerlos volcando electricidad a la red. Y ahí es donde está “el reto fundamental”, en palabras de Donoso. En ese periodo los proyectos tienen que hacer toda la tramitación urbanística, licencia de obra incluida; armar la financiación; negociar con los instaladores (con el actual cuello de botella en la mano de obra, que ralentiza aún más todo); y cerrar los contratos de los materiales (donde también hay otro gran cuello de botella, en toda Europa, con los transformadores, con plazos de entrega de 18 a 24 meses). “No se llega a tiempo para terminar a tiempo”, sentencia el máximo responsable de UNEF.

Contestación social

Tras un periodo de aumento sostenido de la contestación social contra las renovables, la patronal fotovoltaica califica este asunto de “prioritario” y niega la mayor en lo que a competencia con la agricultura se refiere. “No hay incompatibilidad con los usos agrarios: si se hace toda la fotovoltaica que contempla el PNIEC [la hoja de ruta energética del Gobierno], solo se necesitaría el 0,38% del terreno agroganadero en España. Es una cifra irrelevante: la fotovoltaica es compatible con la producción agrícola”, argumenta Donoso, que ve un problema “mucho más preocupante” en el abandono de tierras. “Hay quien nos ha llegado a acusar de la subida de precio del aceite de oliva... Contra la demagogia, matemáticas”, ha defendido.

En 2022, en España se instalaron casi 4,6 nuevos GW de plantas en suelo y otros 2,5 GW de autoconsumo, y en agosto pasado la capacidad instalada total superaba ya los 27, con una fuerte concentración —aunque cada vez menor— en el tercio sur peninsular, con Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha a la cabeza.

Frenazo del autoconsumo

Frente a la pujanza de las plantas en suelo, la contracara en lo que va de 2023 es el autoconsumo. Tras el “año pico” que fue 2022, donde la confluencia de altos precios de la luz y generosas subvenciones provocaron una auténtica fiebre por la instalación de paneles en casas y empresas, la patronal del sector detecta una “desaceleración”, especialmente en el sector residencial. “Ha desaparecido la percepción de precios altos de la energía, hay retrasos de hasta dos años en el pago de las subvenciones, y tanto la subida de tipos como la inflación están impactando”, ha argumentado Donoso.

Aunque los datos de nuevas instalaciones no serán públicos hasta principios del año que viene, “la sensación que transmiten los instaladores es de una caída importante”. Para revertir este frenazo, las propuestas de UNEF son cuatro: simplificar aún más los trámites administrativos, sustituir las subvenciones por desgravaciones fiscales, aumentar la variabilidad del término de potencia y fomentar el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal