España renuncia a cerca del 75% de los créditos que le corresponden del fondo de recuperación europeo

España no a va pedir finalmente todos los créditos que tiene asignados del plan de recuperación de la Unión Europea. La petición final ascenderá a una cantidad que rondará los 22.000 millones de euros en lugar de los algo más de 83.000 millones que tiene atribuidos, es decir, un 25% del total. Así lo aseguran a EL PAÍS varias fuentes de la UE conocedoras de la última revisión de la parte del fondo de recuperación que está preparando el Gobierno y negociando con Bruselas para encarar la recta final de un plan que tiene que estar rematado entre finales del próximo agosto y el 31 de diciembre de 2026. España, primer país en recepción de subvenciones europeas de este fondo y segundo en préstamos, después de Italia, no renuncia, eso sí, a un solo euro de las subvenciones no reembolsables concedidas, que ascienden a 79.854 millones de euros.

“El Gobierno está ultimando una nueva adenda al plan de recuperación que se aprobará próximamente en Consejo de Ministros”, apuntan fuentes gubernamentales consultadas sobre esta decisión. Esto quiere decir que las cifras finales pueden variar, aunque tampoco se pueden esperar grandes cambios cuando ya el Ejecutivo español ya le ha comunicado al comunitario sus intenciones.

Que España iba a renunciar a una parte de los créditos del fondo de recuperación que se le habían asignado se veía venir. El Ministerio de Economía ha abonado el terreno en los últimos meses advirtiendo de que iba a priorizar las subvenciones frente a los créditos y que en el caso de estos últimos, necesita testar la demanda del sector privado, porque mucho de este dinero se iba a canalizar hacia la economía a través de líneas de crédito oficial a través del ICO y otros órganos parecidos.

Hoy otro elemento que ayuda a entender la decisión que toma el Gobierno. La mejoría económica y la rebaja del volumen de deuda de los últimos años ha hecho que las agencias de deuda mejoren las calificaciones de los bonos españoles en los últimos meses. Eso hace que los inversores exijan menos prima al Tesoro español y que a España le cueste casi lo mismo recurrir a los mercados para pedir créditos que a la Comisión Europea. Por ejemplo, en los bonos a dos años, al español se le pide una rentabilidad en los mercados del 2,06% y al europeo del 2,16%, y en los bonos a 10 años es del 3,22% frente al 3,13%. Estos últimos nueve puntos básicos son bastantes menos que los 33 puntos de los bonos a diez años italianos (3,46%) o los franceses (3,48%).

Esto último, precisamente, es lo que apuntan desde fuentes gubernamentales como un elemento a tener en cuenta para esta decisión: “Gracias a la buena marcha de la economía, y la confianza de los inversores, España mantiene un buen acceso a los mercados financieros, eliminando en su práctica totalidad la ventaja de coste de la financiación de los préstamos de la Comisión Europea”.

Otro punto a tener en cuenta es que, al ser créditos, si se piden en su totalidad computarían como deuda pública. Eso quiere decir que el pasivo del Estado podría crecer en torno a cuatro puntos de PIB, aunque esto es una medición dinámica que podría ser más baja si la economía crece mucho.

El Fondo de Recuperación y Resiliencia, nombre oficial, entra en 2026 en su último año y hay que llegar al 31 de agosto con todo el dinero solicitado y a diciembre con todos los fondos ejecutados, salvo algunas excepciones. Poco tiempo para que se pueda solicitar y gastar todo lo que falta. Hasta el momento, en el conjunto del fondo, se han desembolsado 231.200 millones de los 291.000 millones previstos en subvenciones y 145.700 millones de 359.000 millones en créditos. Por eso, hace unos meses Bruselas facilitó las condiciones para reformar los planes nacionales y que las capitales pudieran cumplir con más facilidad las condiciones necesarias para pedir los desembolsos.

En el caso de España, ya han llegado algo más de 55.000 millones en subvenciones de los casi 80.000 asignados y casi 16.300 millones en créditos de los 83.000. Como viene pasando en todos los países, es una tónica general que los Estados prioricen gastar el dinero que no hay que devolver a la Comisión.

Además, Madrid está ahora negociando con Bruselas la reforma del plan de recuperación para facilitar el cumplimiento de los hitos y reformas que tiene pendientes para encarar ya esa recta final. Sería en este contexto en el que el Ejecutivo español habría informado al de la Unión de sus intenciones de rebajar el monto total de los créditos a pedir.

El Ejecutivo español nunca estuvo muy convencido de pedir la totalidad de los préstamos del plan de recuperación. De hecho, no los pidió al principio, en 2021. El primer proyecto que presentó España a Bruselas solo contemplaba la reclamación de subvenciones. Fue dos años después, al presentar la primera adenda del plan cuando el Gobierno reclamó los créditos asignados. No falta quien recuerda en Bruselas que cuando se presentó esta revisión el Ejecutivo lo presentó como “una red de seguridad” para mantener la inversión.

El fondo de recuperación se aprobó en 2020 para amortiguar el impacto económico de la pandemia y se puso en marcha en 2021. Italia y España fueron los países más beneficiados tanto en subvenciones como en créditos. Pero hay una gran diferencia entre ambos: los transalpinos apostaron desde el primer momento por pedir todo el dinero a fondo perdido y todos los préstamos, mientras que los españoles siempre fueron más prudentes. Esto se ha mantenido prácticamente durante todo este tiempo.

No es solo España el país que no va a pedir todos los créditos asignados en el momento en que se creó este instrumento. De hecho, son bastantes los que no lo hacen, entre ellos Alemania, Países Bajos o Austria, o sea, los que están en mejor posición fiscal. Pero no solo ellos, tampoco Francia lo ha hecho. Para esto último sirven las mismas explicaciones que para la decisión española y también por una cuestión de prestigio en los mercados.