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El auge de los discursos antirrenovables pone en alerta al sector

La vicepresidenta Teresa Ribera defiende la necesidad de los promotores de seducir a las comunidades locales para evitar el rechazo a la instalación de nuevas plantas

Parque eólico en Collet dels Feixos, Tarragona, el año 2020.
Parque eólico en Collet dels Feixos, Tarragona, el año 2020.Josep Lluis Sellart

“Eólica sí, pero no así”. Las palabras del director de cine Rodrigo Sorogoyen en la ceremonia de entrega de los premios Goya han hecho sonar las alarmas en todo el sector renovable. No por nuevas, sino porque es la punta del iceberg de un movimiento que cada vez encuentra más resonancia: el de los escépticos, cuando no directamente contrarios, al modelo seguido para la expansión de los aerogeneradores y los paneles fotovoltaicos en España, uno de los países con mejor recurso y menor densidad de población de la eurozona. La preocupación crece en el sector en un año electoral en el que la oposición de las renovables puede convertirse en una bandera que agitar para rascar votos. “Las plantas solares y eólicas han de contar con las máximas garantías ambientales y generar beneficios a las comunidades locales”, advierte la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

“Estamos preocupados e inquietos, porque además no entendemos los argumentos que hay detrás”, responde por teléfono el jefe de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, que achaca la “alarma social” y la “predisposición negativa” de algunos sectores a los prejuicios y a la idea generalizada de que “se van a instalar todos los megavatios que se proponen”. “No es así: muchos están solapados, y después de la tramitación quedan muchos menos”, apunta al tiempo que muestra su “tristeza” por ver “cómo se sigue utilizando a la eólica y, en general, a las renovables, como si fuera en contra de las personas, cuando es justamente al revés. El tema emocional, aunque es importante, no puede bloquear algo tan importante como la transición energética”.

“Lo de Sorogoyen” es, según Márquez, “la guinda del pastel: llevamos ya varios años de discursos en ese sentido”. A diferencia de ahora, en cambio, hasta hace poco “no era un tema tan mediático y no se trataba con sensacionalismo”. José Donoso, su homólogo en la patronal fotovoltaica (UNEF), cree en cambio que la oposición social “estaba claramente en declive”. Y que las palabras del director de As bestas “la ha revitalizado”.

“Es algo que me preocupa mucho”, desarrolla Donoso. “Necesitamos el apoyo social y político, y ya estamos viendo como partidos de extrema derecha y extrema izquierda lo están utilizando como bandera, aún más en año electoral”. En general, dice, lo que encuentran en la mayor parte de los pueblos en los que se instalan grandes plantas solares es lo contrario: “La gente lo que quiere es que se pongan plantas, porque es una posibilidad económica para ellos. El problema es que no salen todos esos casos en los que la gente está contenta con los proyectos”.

No obstante, el jefe de UNEF ve en la oposición social “uno de los riesgos más importantes” para el desarrollo de las renovables. Detrás de esos movimientos, argumenta, además de personas que se oponen a título individual, “hay sectores competitivos por el uso del suelo, como inmobiliarias, bodegas, turismo rural y cazadores. Es legítimo, pero lo que no es que se envuelvan en la bandera de la defensa del paisaje”. Con todo, el máximo responsable de la patronal fotovoltaica cree que el sector se sobrepondrá. “La razón, acaba triunfando”, sostiene, parafraseando al poeta y escritor francés Víctor Hugo: “Cuando a una idea le llega su momento, no hay fuerza que pueda derrotarla”.

También José María González Moya, de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) cree que el apoyo a las renovables “sigue siendo mayoritario”. “La contestación social aún no es alarmante, pero sí hay preocupación: el problema sería que, como sociedad, nos viéramos contagiados por esto”, expone. Durante décadas, dice, hemos interiorizado visualmente la existencia de redes eléctricas y de autopistas. “Y también nos acostumbraremos a los aerogeneradores y los paneles solares. Hay que hacer que el impacto visual sea el menor posible, por supuesto, pero también hay una cuestión cultural, de verlo en positivo: al fin y al cabo, es una energía limpia que necesitamos todos”.

Teresa Ribera: “No hay BOE que cambie el rechazo social”

“Las renovables deben ser responsables. Ni todo vale ni se puede impulsar la idea de que es posible retrasar o renunciar a plantas de tamaño medio y grande”, apunta la vicepresidenta Ribera en declaraciones a EL PAÍS. “Las plantas solares y eólicas han de contar con las máximas garantías ambientales y generar beneficios a las comunidades locales. Por eso, todos los promotores necesitan trabajar desde el inicio con las personas en el territorio en el que quieren desarrollar su actividad. Son los nuevos vecinos y deben asegurarse que son bien recibidos”, apunta. Y avisa: “No hay BOE que cambie el rechazo social”.

“Tanto las instalaciones de autoconsumo como las comunidades locales y las plantas de tamaño medio y grande son imprescindibles para asegurar un sistema limpio, estable y seguro”, enfatiza la número cuatro del Gobierno español. “Y, a pesar de todo, no olvidemos nunca que la alternativa es mucho más dañina e injusta: inundar valles, perder vidas en la mina o respirando aire contaminado, asumir riesgos de contaminación de suelos por décadas o resignarnos a un cambio climático mortífero e injusto”.

“Es un riesgo que ya no se puede ignorar más”

Pedro Fresco, director general de Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana hasta hace un par de meses, ve “un riesgo evidente” en el reciente auge de los discursos antirrenovables. “Puede parecer algo puntual, pero llevamos varios años en los que el rechazo va creciendo. Y ya no se puede ignorar más”, expone al otro lado del teléfono, al tiempo que pide un “consenso claro” como país: “En el momento en el que algunos partidos lo vayan incorporando, el riesgo puede ser de una moratoria o de un plan disparatado que no vaya a ningún sitio. Hoy nos parece imposible, pero en política nada es imposible”.

Fresco se muestra especialmente beligerante con el movimiento que defiende la idea de que vale solo con el tejado: es decir, que con el autoconsumo es suficiente y que no hacen falta más plantas en suelo, las que más controversia despiertan. “Hay que ser claros: no hay ni un solo experto que lo piense. No se puede abrazar el pensamiento mágico. Para hacer la transición energética en España harán falta 200 gigavatios solo de fotovoltaica, y eso son 10 paneles por español. Y, al margen de eso, harán falta otros 150 más de eólica, hidrógeno verde, bombeos… Es sencillo: no todo cabe en los tejados. Los tejados son una parte, pero ni de lejos todo”.

Las renovables son, en primera instancia, la única vía pragmática para escapar de los peores escenarios del cambio climático. En el caso español, sin embargo, también son algo más: “Por primera vez en muchos siglos, está en la posición de poder encarar un cambio histórico en el vagón de salida. Hemos ido tarde prácticamente en todos los grandes cambios de los tres últimos siglos, pero aquí podemos ser los primeros, podemos reindustrializar el país y podemos tener una competitividad muy por encima a la del resto de Europa”, dice Fresco. “Y si estos movimientos tienen tanta tracción es porque no estamos sabiendo explicar por qué esto es tan importante para todos. No para las empresas, sino para toda la sociedad: no estamos sabiendo vender hasta qué punto esto es una oportunidad histórica para la economía española y, por tanto, para todos nosotros”.

“Ha faltado diálogo con las comunidades rurales”

Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, está preocupado por el medio y largo plazo. Según detalla, con las declaraciones de impacto ambiental que han aprobado recientemente las comunidades autónomas y el Gobierno central, que allanan el camino para la implantación de decenas de miles de megavatios de potencia adicionales, España puede “cubrir sin problemas” los objetivos que tiene marcados en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que serán revisados sustancialmente al alza en los próximos meses.

El problema, dice, llegará en las siguientes décadas. “Los objetivos para la década de los cuarenta y cincuenta pueden estar en riesgo por la forma en la que se ha hecho ahora”, afirma. Ferrando considera que ha existido una “falta de diálogo con las comunidades rurales que van a asumir la implantación” de los proyectos. Y aprecia una cierta política de “tierra quemada” que tendrá una repercusión negativa más adelante.

Los ecologistas, contra la flexibilización de la tramitación ambiental

“Nosotros no nos oponemos a las macroplantas”, advierte Ferrando. “Somos conscientes de que solo con autoconsumo y techos solares no llegamos, pero se necesita una jerarquización”, añade. A eso mismo apunta Eva Saldaña, directora de la organización ambientalista Greenpeace en España, cuando habla de que para reducir las emisiones de efecto invernadero y desengancharse de los combustibles fósiles primero se debe apostar por el mayor despliegue del autoconsumo posible y por la eficiencia para reducir el consumo de energía. Y para los grandes proyectos se deben actualizar la zonificación ambiental y hacerla vinculante, añade Saldaña.

La responsable de Greenpeace explica que tanto su ONG como las grandes organizaciones ecologistas del país han estado en los últimos años manteniendo un complicado equilibrio para no caer en la corriente que aboga simplemente por paralizar la implantación de las renovables más allá del autoconsumo. Pero estas organizaciones consideran que el Gobierno central ha roto ese equilibrio al aprobar un real decreto que abre la vía rápida para eximir de evaluación de impacto ambiental a grandes proyectos de energías renovables que considere estratégicos, independientemente de su tamaño y salvo que se pretendan instalar en zonas protegidas o en el mar.

Saldaña considera un grave error del Gobierno de PSOE y Podemos esa flexibilización de la tramitación ambiental, que impide entre otras cosas a las ONG alegar contra los proyectos. “Si la población en las zonas rurales se enfada todavía más con la implantación de las renovables la transición se va a frenar”, advierte la directora de Greenpeace. “Ahora estamos en el momento perfecto para hacer bien las cosas”, añade. “Pero hay mucha presión de las grandes empresas para sacar más tajada”, añade. Tampoco Donoso, de la patronal fotovoltaica UNEF quiere una regulación ambiental más laxa: “No somos partidarios. Y somos conscientes de que tenemos que hacer las cosas no bien, sino de manera excelente”, cierra.

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