Cuatro comunidades pierden al menos medio centenar de parques de renovables por falta de tramitación

Decenas de proyectos para construir parques eólicos y fotovoltaicos en España se quedaron en la madrugada del miércoles al jueves en el aire al perder el punto de acceso a la red de transporte energético al que tenían derecho. El motivo es el fin del plazo que el Ministerio para la Transición Ecológica impuso para que obtuvieran la declaración de impacto ambiental (DIA) necesaria antes de que finalizara el 25 de enero. En una suerte de carrera contrarreloj, el departamento de Teresa Ribera asegura haber cerrado los dos centenares de expedientes que tenía pendientes. Ese cumplimiento no ha sido posible en el caso de básicamente cuatro comunidades autónomas: Galicia, Cataluña, Murcia y Baleares. En ellas, 50 parques eólicos se han quedado fuera de la tramitación administrativa.

Este jueves, la gran mayoría de gobiernos autonómicos pudieron sacar pecho por haber llegado a tiempo para sacar adelante los expedientes que estaban en las mesas de sus técnicos. Galicia ha sido la más incumplidora, con 20 proyectos que no han conseguido una respuesta de la Xunta, ni afirmativa ni negativa. Le siguen Cataluña, con 17 parques pendientes de respuesta, Murcia (11) y Baleares (la Administración sospecha que hay dos parques sin tramitación ambiental).

Las cifras definitivas sobre la potencia instalada que ha pasado el cedazo de las administraciones y de los que han perdido su punto de conexión por falta de tramitación no se conocerán hasta las próximas semanas, cuando su tramitación tome cariz oficial al pasar por el Boletín Oficial del Estado (BOE) o por sus equivalentes autonómicos. “Aún no se puede saber con exactitud qué porcentaje de ellos no han obtenido respuesta por parte de la Administración: aún tendrán que pasar semanas”, se queja Juan Virgilio Márquez, máximo responsable de la patronal eólica AEE.

La organización de los promotores de parques fotovoltaicos no tiene datos definitivos y, en el caso concreto de la eólica, a cierre de ayer se habían resuelto 12 gigavatios de eólica que estaban en riesgo, según la asociación de empresas eólicas. De ellos, más de las tres cuartas partes han recibido una declaración de impacto ambiental positiva. Otros siete gigavatios, sin embargo, están “en riesgo”, en palabras de Márquez. La razón de este decalaje es doble: por un lado, la fecha de obtención de la declaración de impacto ambiental no es exactamente la fecha de publicación, sino que suele pasar una semana o más desde que se obtiene hasta que se publica en los boletines oficiales; por otro, algunas autonomías “pueden optar por otorgar algunas declaraciones de impacto ambiental porque únicamente les falte el papel final”.

El acelerón burocrático en las últimas semanas ha reducido en gran medida ese atasco: hace un mes, en Navidades, los siete gigavatios actualmente atorados eran más de 11 GW. “Se ha ido muy rápido, lo que también nos debe llevar a reflexionar sobre si no se podría haber agilizado todo antes”, expone Márquez al otro lado del teléfono. En la asociación que comanda, la AEE, dos personas llevan meses dedicando la mayor parte de su jornada laboral a peinar los boletines oficiales en busca de resoluciones de proyectos renovables. “Hace falta un sistema que dé visibilidad a todos los potenciales inversores sobre cómo van las tramitaciones. Si no, lo percibirán como un riesgo a la hora de invertir en España”, cierra.

Riesgo de litigios

Los promotores que no han recibido la DIA a tiempo han perdido los derechos de conexión a la red que habían logrado a partir de 2018 y los 40 euros por megavatio (MW) de potencia que pretendían y que tuvieron que invertir como garantía para seguir en el proceso administrativo. Al depender de la Administración, ahora se les abre la posibilidad de iniciar reclamaciones judiciales de responsabilidad patrimonial por el dinero que podrían haber generado si sus parques hubieran entrado en explotación y litigios para, al menos, no perder los avales que efectuaron cuando consiguieron su punto de acceso.

Y para los centenares de empresas que han logrado superar con éxito la fecha del 25 de julio, todavía no se ha acabado su odisea administrativa y las líneas rojas marcadas en el calendario. Para seguir adelante con sus parques tendrán que esperar que las administraciones responsables les aprueben el 25 de abril la autorización administrativa previa (el denominado hito 3) y el 25 de julio el permiso de construcción (hito 4), último antes de iniciar las obras y poder poner en marcha el parque cuando estas hayan concluido.

El arreón en la tramitación de parques eólicos para que no pierdan sus derechos de conexión a la red eléctrica ha dejado fuera en Galicia 20 expedientes que suman 417 megavatios. El Gobierno gallego, del PP, sin embargo, introdujo en la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos de este año cambios normativos que benefician a estos proyectos cuyas declaraciones de impacto ambiental no han sido aprobadas en plazo. Sus promotores, por ejemplo, podrán proseguir el papeleo en las oficinas autonómicas, si bien no obtendrán la autorización definitiva hasta que consigan un nuevo permiso de acceso. Las empresas afectadas no perderán tampoco sus avales porque, esgrime la Xunta, la demora es “por causa ajena al promotor”, por la “imposibilidad material de cumplimiento de los plazos”.

Tras reforzar las plantillas con 120 personas que trabajaron fines de semana, Navidad y hasta “las 12 de la noche de cualquier día”, según la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, el Gobierno gallego ha conseguido sacar adelante a tiempo otras 120 declaraciones de impacto ambiental, 77 de ellas favorables y que prevén la instalación de 2.200 megavatios.

En Cataluña el trabajo también ha sido ingente, pero a pesar de ello se han quedado sin poder concluir la tramitación 17 parques (tres eólicos y 14 fotovoltaicos) que sumaban una potencia instalada de 542 megavatios. Actualmente, la comunidad autónoma cuenta con una potencia instalada de unos 1.550 megavatios entre eólica y solar. En los últimos meses, la Generalitat ha dado 75 DIA favorables, con una potencia de 1.739 MW. Entre ellos, ha validado un parque en el Empordà, la primera instalación de generación eléctrica en la provincia de Girona.

La Generalitat valenciana ha analizado un total de 107 expedientes sujetos al objetivo para este 25 de enero, todos los que expiraban. Más del 50% ha superado esta fase de tramitación al ser informados favorablemente 61, de los cuales 56 son plantas fotovoltaicas y cinco, parques eólicos. De los 46 restantes, 31 han obtenido evaluación desfavorable y 15 no han prosperado por desestimiento de las empresas. Estos proyectos producirán 1.356 megavatios.

El Gobierno andaluz aseguraba ayer que había cumplido con la totalidad del medio millar de proyectos que tenía sobre la mesa, con una potencia de 16.200 megavatios.

Con información de Ferran Bono (Valencia), Lucía Bohórquez (Palma), Dani Cordero (Barcelona), Ignacio Fariza (Madrid), Sonia Vizoso (A Coruña)