Burocracia que frena la descarbonización

Las energías renovables son el futuro, y especialmente en España, por sus condiciones propicias de sol y superficie. Pero su puesta en marcha se enfrenta a una lentitud administrativa que, en breve, puede dar al traste con multitud de planes iniciados. Cuando una empresa quiere desarrollar un proyecto de energía renovable, en cualquiera de sus variantes, ha de solicitar el acceso al sistema eléctrico; bien a Red Eléctrica (hoy denominada Redeia) si se trata de una instalación grande, bien a una compañía distribuidora privada si es pequeña. Cuando este permiso de conexión se concede, se inicia un plazo de tiempo para que la instalación entre en funcionamiento. Mientras tanto, se tramitan el resto de los informes y documentos necesarios.

“En enero de 2023 se acaba el plazo para los permisos de acceso que se concedieron hace cinco años, cuando finalizó el parón que tuvieron las renovables en España desde 2013, y un buen contingente de solicitudes va a caducar porque faltan los informes administrativos preceptivos”, declara José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables). “En estos momentos”, añade, “está concedido el acceso a proyectos que, en total, suman una potencia de 145.000 megavatios (MW). Es previsible que hasta 2030 se instalen entre 50.000 y 60.000 MW, lo mínimo para cumplir objetivos”.

Este atasco burocrático se da en todas las administraciones implicadas, en especial en la central y las autonómicas, y afecta a todas las energías renovables, si bien González Moya matiza que la eólica y la fotovoltaica son las que más lo sufren. Otro tipo de tecnologías limpias, como la biomasa y la geotérmica, están todavía poco desarrolladas —como demuestra que sus últimos datos sobre potencia instalada (293 MW) sean de 2018— y “lo sufren en menor medida”, concluye.

Atasco autonómico

El principal problema se encuentra en las declaraciones de impacto ambiental. “Para la energía eólica, el análisis es mayor porque implica también al paisaje, la solución constructiva, la logística, y, además, hay mucha sensibilidad social”, señala el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez. “El tiempo medio en España desde el inicio de las primeras mediciones hasta la concesión de los permisos de explotación es de seis años, cuando la construcción de un parque eólico no se alarga más de dos; no tiene ningún sentido”, lamenta.

Según Márquez, “no se está cumpliendo el ritmo medio de tramitación administrativa recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que fija el objetivo país para 2030. El director general de la AEE apunta a que “no hay coordinación entre comunidades autónomas y, en ocasiones, ni entre diferentes técnicos de una misma región”.

Los proyectos de menos de 50 megavatios de potencia los tramita la comunidad correspondiente. Los que superan esa potencia los gestiona el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En caso de que un plan se lleve a cabo en dos o más regiones, es el Gobierno central el que se encarga del papeleo. González Moya manifiesta que el retraso “más palmario es el de las autonomías, porque son las que tramitan la mayoría de los proyectos”. Según el director general de APPA Renovables, las mayores demoras se están dando en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, donde hay una moratoria respecto a las energías renovables. Por el contrario, las comunidades con un ritmo “más adecuado” son Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.

La Unión Española Fotovoltaica (Unef) ha propuesto al Miteco, de cara a paliar estos retrasos, que los procesos se inicien en paralelo. “Ahora, un trámite no puede empezar hasta que no se ha terminado el anterior”, señala su director general, José Donoso. “Un organismo sustantivo, como las confederaciones hidrográficas o el Ministerio de Defensa, tarda hasta un año en emitir su informe ante un proyecto y no pasa nada. Queremos que se cumpla la ley, que establece que, pasados seis meses, hay silencio administrativo”, agrega.

En la fotovoltaica, Donoso asegura que los proyectos se acompañan de un certificado de excelencia como reservas integrales de naturaleza. “A veces se sobreestiman los impactos negativos sobre las plantas. Por ejemplo, si se detecta que hay avutardas en la zona, no te dan la autorización, aunque estas aves vienen a las instalaciones y no corren peligro, pero el proceso ambiental se hace mucho más lento”, indica.

Todos están de acuerdo en que las dificultades actuales provienen del bum de las energías renovables iniciado en 2018. Las administraciones central, autonómica y local, encargadas de las licencias de obras, están desbordadas, afirman. “Falta personal”, dice Donoso. El director general de la AEE asegura que se han pedido más recursos de personal al Gobierno y a las autonomías, “además del llamado dato único, porque ahora no hay manera de saber en qué fase está cada proyecto”.

Eso sí, los expertos consultados coinciden en que los procesos en España “son muy garantistas”, de ahí que sean más meticulosos. Y hasta transparentes, “por la importancia que se da a la información pública”, añade Márquez. González Moya declara que las demoras “son un problema endémico en la Unión Europea, por eso desde el inicio de la guerra en Ucrania se han pretendido descargar trámites”.

En cualquier caso, los retrasos originan que “muchas empresas pierdan dinero, pierdan proyectos estudiados y avanzados, y que la propia Administración pierda tiempo y recursos”, concluye González Moya.