Las críticas a la actual expansión de las energías renovables a las que se refiere el director de cine Rodrigo Sorogoyen

Al recoger el premio de mejor director en la gala de los Goya 2023, Rodrigo Sorogoyen nos lo dijo claramente: “Energía eólica, sí, pero no así”. En As Bestas, el cineasta aborda la realidad de la masiva implantación de las macroplantas eólicas como un violentísimo wéstern, porque lo que algunos llaman un “milagro económico” representa en realidad un brutal asalto a lo Far West al sector energético de las renovables. El actual desarrollo descontrolado de macroplantas eólicas y también fotovoltaicas es un mero instrumento especulativo, ya que estas instalaciones se compran y se venden a precios cada vez mayores, con miles de desarrollos en algunas comunidades autónomas y nada en otras, igual que por municipios, con una falta total de transparencia en los contratos, en los impactos ambientales y una endémica corrupción a gran escala.

La actual polémica sobre la aceleración del despliegue de las energías renovables en España intenta desviar la atención de lo esencial, que un experto llama muy acertadamente “el triunfo de las renovables especulativas”. Una reciente sentencia de justicia lo evidencia. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura obligó a Iberdrola a devolver a su propietario, Santos Lázaro Arias, de 72 años, las 500 hectáreas de tierras agrícolas que ocupa una de las mayores plantas fotovoltaicas de Europa, en el municipio de Usagre (Badajoz), lo que significaría desmontar 1,4 millones de paneles solares que costaron 300 millones de euros. La fiscalía también pidió 12 años de inhabilitación por delito de prevaricación para el exalcalde que tramitó las expropiaciones.

Vemos que la justicia actúa, pero sigue reinando la ley del más fuerte porque existe una lucha desigual entre pequeños propietarios, pequeños municipios y grandes inversores, sin ninguna participación pública en algo tan serio como transformar en terrenos industriales para los próximos 30 años, gran cantidad de terrenos agrarios de regadío o con olivos centenarios, o con campos de cítricos o vides productivas o forestales, incluso arbolados o de elevados valor ecológico con especies endémicas.

Inventar otra batalla: el aceleracionismo contra el retardismo

Como nadie científicamente serio contradice la necesidad absoluta de una transición energética hacia las renovables, se está utilizando actualmente el tema de la aceleración de la transición energética para secuestrar el debate e invisibilizar los modelos más justos y democráticos de desarrollo. Tachándolos de retardistas, de antirrenovables pagados por las petroleras, de anticientíficos y un largo etcétera de descalificaciones, se intenta seguir con este modelo especulativo y que en definitiva, todo se acelere para que nada cambie.

La publicación en prensa el pasado diciembre de un manifiesto en Catalunya, múltiples tribunas e intervenciones en Twitter, vídeos de cuidada manufactura, e infinidad de intervenciones públicas, tensan al máximo el debate, difaman y deslegitiman a los que ni comparten los intereses de las grandes empresas que lideran el sector, ni aplauden a los protagonistas principales del Far West especulativo. La reciente tribuna publicada por el exdirector de Transición Ecológica de la comunidad valenciana y actual asesor energético de Yolanda Díaz, Pedro Fresco, va en el sentido de una polarización que participa de una mercadotecnia ante la cual, nosotros, tomamos una posición voluntariamente exterior. En vez de entrar en un falso debate maniqueo, vamos corriendo a lo esencial.

Negacionistas de tejados solares

Hace ya décadas que varios gobiernos de países de latitudes similares a la nuestra iniciaron amplios programas de instalación de tejados solares. Países como Alemania, Australia, Reino Unido, Italia o Estados como California, donde sus habitantes observan cómo parte de sus hipotecas las paga el sol, empezaron a instalar cientos de miles de tejados solares. En China, la actual aceleración de los renovables está construyendo un verdadero “imperio de los tejados solares”. Mientras, en España, los negacionistas de esta tecnología siguen existiendo hasta el día de hoy, disuadiendo subvenciones con complicados trámites, injustos balances de energía o permisos imposibles para autorizar comunidades energéticas. Responsables regionales e incluso de la administración central siguen sin potenciar ni ayudar a la fotovoltaica en cubiertas. Por ejemplo, en Aragón solo se ha resuelto el 25% de las ayudas al autoconsumo, mientras en la en Comunidad Valenciana tan solo se han resuelto 30 de casi 18.000 peticiones de subvención

En 2022, por fin España dio el salto, 2,5 gigawatios (GW) instalados en un año, potencia similar a dos centrales nucleares. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se sigue potenciando al máximo, dando ayudas y solucionado las propias trabas que pone la administración? La ventaja de los tejados solares es que se puede consumir donde se produce, no hay pérdidas, crea empleo y además se benefician los ciudadanos de una forma directa. Además, la instalación masiva de placas solares en cubiertas es también una oportunidad para reducir la pobreza energética y favorecer la rehabilitación energética de los edificios, y genera miles de empleos en PYMES, a la vez que reduce el consumo de energía.

Aprovechemos ahora los terrenos llamados antropizados, o ya degradados. En España existen cientos de miles de hectáreas con escaso valor ambiental donde es posible instalar fotovoltaica con bajo (no nulo) impacto ambiental, desde zonas mineras, vertederos, escombreras, invernaderos ya consolidados, zonas alrededor de infraestructuras lineales como autopistas, autovías, vías de tren. ¿Por qué se permiten poner en terrenos agrarios de frutales o viñedos o incluso sobre zonas de dehesas y zonas de alto valor ambiental, habiendo alternativas económicamente viables en terrenos degradados?

Cuando aceleración significa regresión ambiental y democrática

Ir muy rápido con la excusa de la guerra de Ucrania o cualquier otro motivo y hacer las cosas mal, con graves impactos ambientales. O produciendo graves conflictos sociales no acelera la transición energética sino que la ralentiza. A través de judicializar la misma, la hace más injusta —otra vez con ganadores y perdedores tanto a escala de comunidades autónomas, municipios, territorios o países— y la paraliza. Al fin y al cabo, detrás de esta batalla de cifras y de mapas, hay ante todo un conflicto político y económico por un modelo de sociedad global. ¿Quién debe ser beneficiado por la transición energética? ¿El Estado de Derecho y la ciudadanía, o las macroempresas y fondos de inversión internacionales?

El Consejo de Europa acaba de aprobar un reglamento para acelerar la tramitación de algunos proyectos de energías renovables a costa de reducir las garantías de que no producirán impacto medioambiental al considerarlos de interés público superior, a pesar de un manifiesto científico que pedía que fuese rechazado, firmado por 477 investigadores de toda Europa. El Gobierno de España, casi con simultaneidad, aprobaba un real decreto que permite que los proyectos de energía renovable (excepto los ubicados en Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, y en el medio marino) no tengan que pasar por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y por un proceso de información y participación pública. Las principales organizaciones ecologistas españolas han publicado una postura común, para oponerse claramente a esta regresión ambiental y democrática. Colectivos ecologistas, técnicos y plataformas ciudadanas, coinciden en indicar que estos cambios normativos pueden resultar contraproducentes, y provocar justamente que se ralentice o “retarde” la implantación renovable debido a que muchos proyectos acabarán en los juzgados.

Planificación de renovable y participación ciudadana

Estos cambios normativos son especialmente preocupantes teniendo en cuenta que, según la evidencia científica, el procedimiento de impacto ambiental de los proyectos renovables está fallando. Un buen ejemplo del defecto de los procedimientos de regulación es un reciente estudio sobre el despliegue de plantas solares en el sureste de España. En este trabajo, se muestra que dicho despliegue se realiza a costa de zonas de importante valor medioambiental, y que la energía fotovoltaica tal y como se está implantando en la actualidad no puede ser considerada una actividad económica sostenible. El estudio también demuestra que con una adecuada planificación territorial es posible instalar la potencia renovable proyectada con un mínimo impacto sobre la biodiversidad y que la participación de expertos en el periodo de información pública es esencial para que la administración pueda tomar decisiones informadas en la aprobación o rechazo de estos proyectos.

El IPCC ya ha indicado claramente que el único camino para evitar el colapso climático es abandonar el sistema económico basado en el crecimiento perpetuo, y que si no conseguimos que exista la percepción de que una gran mayoría nos ‘beneficiamos’ de esta transición, no habrá solución posible. Por ello, el actual Far West de las renovables especulativas y también los estériles debates mediáticos del aceleracionismo nos impiden enmarcar esta transición energética en un escenario más amplio de decrecimiento a gran escala, justo y democrático, que está ya marcha en Europa.

La estrategia de descarbonización que acaba de proponer el gobierno francés, el llamado Plan de Sobriedad Energética para 2050, marca como objetivo una reducción del 40% de consumo de energía. Un enfoque valiente y realista, una planificación democrática de decrecimiento rápido y masivo, a la altura de los retos del futuro inmediato. Todavía no hemos visto propuestas similares en España, aunque las necesitamos tanto o más. Ni nosotros ni nadie de los que cuestionan el dogma de la aceleración de los renovables en su forma actual proponen parálisis: proponemos sensatez, hacer caso al mejor conocimiento científico disponible, e ir mucho más rápido para construir la transición energética, conservando los ecosistemas y reduciendo a gran escala el consumo energético y las desigualdades.

Acelerar energías renovables así, sí.

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