Alcaldes andaluces se rebelan ante la avalancha de 1.200 parques de energías renovables

“Desde nuestro mirador en el parque nacional Sierra de las Nieves se verán las placas fotovoltaicas proyectadas en el pueblo cercano, Alozaina. El impacto paisajístico es evidente”. José María Rodríguez, alcalde de Yunquera (Málaga), está indignado con el proyecto que prevé manchar la postal verde preñada de pinsapos que se divisa desde su pueblo, en el corazón del decimosexto parque nacional, que desde hace solo un año goza de la máxima figura de protección medioambiental en España. Serán 130 hectáreas de placas, la superficie de 182 campos de fútbol reflectantes en esta valiosa panorámica montañosa.

La fiebre inversora de los megaparques de energías renovables afecta a todo el mundo rural en España, pero en Andalucía se ha disparado y ya son 1.200 proyectos previstos con una potencia de 25 gigas [cada giga equivale a 1.000 megavatios], según cifras de la Junta. El Gobierno andaluz tiene prisa por visarlos y solo en esta legislatura quiere dar salida a 12 gigas bajo la premisa de la transición energética que combata al cambio climático.

La lluvia de paneles solares y molinos ocupará un gran pellizco del paisaje rural andaluz y contra esa oleada se han alzado 70 alcaldes de municipios afectados, que exigen a la Junta transparencia y orden en la planificación de los parques, muchas veces aprobados a sus espaldas, ya que no tenían tiempo para revisar cada mañana el Boletín Oficial del Estado y así presentar alegaciones. Entre los regidores (el 9% de los 785 andaluces) destacan ocho del PP, que gobierna la Junta con mayoría absoluta. “Yo no trabajo como partido, yo pienso en el bien de mi municipio y en la Junta se tiran la pelota de un sitio para otro para dar explicaciones”, protesta el alcalde de Yunquera (2.400 habitantes). En paralelo, el objetivo es evitar fiascos como el de Iberdrola en la fotovoltaica más grande de Europa, en Usagre (Badajoz), obligada por la justicia en junio a devolver parte del suelo por unas expropiaciones realizadas en fraude de ley.

A nueve meses de las próximas elecciones municipales, a la Junta se le abre una grieta con estos 70 municipios que suman 252.000 votantes y que pueden arrastrar una marea con peso en las urnas porque junto a Jerez, que se quedó fuera por un defecto formal, suman medio millón de personas. Los alcaldes han presentado una Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos (ILA) ante el Parlamento, admitida a trámite hace una semana, para forzar el debate de las fuerzas políticas y retratar a la Consejería de Política Industrial y Energía, responsable de la falta de transparencia denunciada.

La principal queja de los 70 alcaldes es que los parques generan empleo solo durante los dos años de construcción y, tras arrancar los olivares, viñedos o alcornocales, apenas necesitan un par de trabajadores para vigilar las instalaciones, lo que provocará un paisaje transformado, sin sombra de cultivos durante al menos tres décadas, y un evidente desarraigo.

La Cámara autonómica ha enviado esta semana la iniciativa a los 785 Ayuntamientos para que sopesen si se quieren sumar a la petición: “La iniciativa legislativa no va en contra de los beneficios de nadie, sino en defensa del medio ambiente natural de Andalucía frente a quienes lo quieren destruir, solicitando al Parlamento que planifique para preservar nuestros espacios protegidos”, reza la propuesta, auspiciada por la asociación Alianza Energía y Territorio (Aliente), que aúna 206 organizaciones ecologistas y sociales. La consejería ha rechazado responder a las preguntas de este diario y alega por escrito que los Ayuntamientos pueden presentar alegaciones a los proyectos y que, en última instancia, son los que conceden las licencias de obra.

En paralelo a la oposición vecinal, un problema clave de esta avalancha de proyectos es su afección al medio ambiente, sobre todo a la fauna. El visor para localizar las zonas críticas de la Junta incluye la red de espacios protegidos, hábitats y Red Natura 2000, pero carece de las áreas críticas de aves esteparias, que anidan en campiñas cerealistas con cultivos de secano, objetivo predilecto de los megaparques renovables. Los ecologistas han iniciado ya varios procesos en lo contencioso-administrativo contra ciertas plantas por ignorar a las grandes rapaces y aves necrófagas y esteparias. “He llegado a ver un estudio de afección de aves de una consultora con 170 especies identificadas y otro con solo 46 en la misma zona. Y claro, te entra la risa”, confía un consultor medioambiental que exige anonimato.

Hace un año y medio, la Junta publicó su visor para cartografiar las áreas críticas de afección ecológica que no deberían ocupar los aerogeneradores y paneles solares, pero tras una tensa reunión en la que la patronal regional de renovables Claner exigió su retirada, el Ejecutivo eliminó el visor de su página web. Luego encargó una nueva cartografía a un experto independiente, pero esta sigue oculta en un cajón desde hace un año.

El problema atañe al campo andaluz tanto como a la España vacía, muchos de cuyos territorios reclaman compensaciones por sacrificar su paisaje. En ciertos países europeos las grandes eléctricas están obligadas a contar en su accionariado con una participación del 20% de las comunidades locales, otras pagan un canon del 30% de la facturación para el desarrollo del territorio, y en algunas regiones afectadas, el precio de la electricidad es más reducido para los vecinos con megaparques cerca, recuerda el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte. “Eso garantizaría que la recepción de las renovables se hace de buena gana, porque compensaría la herida territorial y contribuiría al desarrollo. Ahora tienen el perjuicio y ninguna ventaja”, critica.

El Ministerio para la Transición Ecológica alega que en su último concurso para 5,8 gigas del pasado junio incluyó beneficios para las empresas que generaran empleos directos en las zonas, tuvieran participación de inversores locales, redujeran las expropiaciones y agregaran mecanismos de reinversión de ingresos en el territorio.

Atasco en los grandes proyectos

La avalancha de proyectos ha provocado un tremendo atasco en los de más de 50 megavatios, apoyados por fondos de inversión y que gestiona el ministerio. La solución vino con el Real Decreto 6/2022 de medidas urgentes por la guerra de Ucrania, que en marzo eliminó el proceso de participación pública y la posibilidad de que los ciudadanos alegaran, además de suprimir las evaluaciones medioambientales para los proyectos con baja y moderada afección ecológica. Ante el revuelo y las críticas, finalmente el Gobierno reculó y limitó la libertad para prescindir de la evaluación ambiental a zonas de sensibilidad baja, excluyendo las de sensibilidad moderada. La participación pública se rescató, pero para ubicarla en el proceso una vez que ha sido tramitada en el ministerio.

“El decreto es un atentado ambiental, pero sobre todo un atentado contra la democracia. Ahora el funcionario que firma la declaración ambiental ignorará que está en riesgo de cometer prevaricación porque no podemos informarle con nuestras alegaciones, y así el Gobierno elimina ese problema”, censura Luis Bolonio, biólogo de Aliente. Esta organización critica que desde el inicio de la estrategia energética en febrero de 2019, el ministerio y las autonomías han obviado la participación pública en la planificación para ubicar las megaplantas, lo que habría consensuado un acuerdo social. “Llevamos un año denunciando que nos convertiremos en la pila de Europa. Al menos ahora no lo ocultan ni Pedro Sánchez ni Ursula von der Leyen”, añade.

En paralelo, la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica ha demandado hace 10 días ante el Tribunal Supremo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) del ministerio, dado el deterioro de la biodiversidad que implica. “La falta de participación pública ha dado lugar a un enfrentamiento entre promotores, administraciones y la población de esa España vacía, que es la más afectada por grandes instalaciones, y que debería haber sido consultada”, critica la abogada ambientalista Mari Ángeles López.

Antaño los promotores consideraban “carísimo e inabordable” el gasto para soterrar los tendidos de evacuación hasta las subestaciones, que a veces superan los 12 kilómetros, pero ahora casi todos asumen estos gastos por las exigencias de los gobiernos autonómicos y el ministerio. “La parte medioambiental y la oposición vecinal hay que trabajársela desde el minuto cero, y cuando la oposición es fuerte no merece la pena luchar”, opina Alfonso Vargas, presidente de Claner.

La iniciativa parlamentaria en Andalucía, ideada para favorecer la participación ciudadana, tiene difícil prosperar: los gobiernos socialistas y conservadores han ignorado las 44 presentadas desde 1988 en Andalucía. Ninguna ha prosperado. La transformación del paisaje traerá ejemplos muy llamativos como Cartaojal, pedanía de Antequera (Málaga), donde está previsto ubicar el equivalente a un millar de campos de fútbol de paneles a solo 500 metros del centro urbano; o Navazuelo, en Guadahortuna (Granada), que se verá estrangulada por un mar de paneles en todas las direcciones. Cuando esté acabado, la pequeña pedanía se convertirá cada verano en un horno.

La polémica afecta de lleno a Jerez de la Frontera (212.000 habitantes) porque su paisaje tradicional de viñedos se verá invadido por cientos de miles de paneles y aerogeneradores de 210 metros, casi la altura del Pirulí de Madrid (230 metros). La quinta ciudad andaluza se quedó fuera de la iniciativa parlamentaria por la ausencia de un concejal en un pleno. “Es un desembarco de un mar de espejos sin control. Le pedimos a la Junta que nos informe de cuántos proyectos tiene en tramitación y nos respondió que no tenía tiempo de darnos la información”, critica el teniente alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente, José Antonio Díaz (PSOE). El partido Ganemos asegura que la Junta ya ha aprobado 10 de las 14 plantas proyectadas.

La ruptura con la estampa tradicional jerezana choca con el enoturismo y las bodegas, que reciben a visitantes para saborear vinos mientras pasean por las viñas. “Colocan un parque eólico monstruoso con molinos brutales de 210 metros de altura a solo tres kilómetros de Jerez, en el corazón del viñedo histórico, donde existen viñas desde hace miles de años, con una subestación base y 25 torretas de transformación. No estamos contra las renovables, sino contra este crecimiento desordenado que ataca el patrimonio”, protesta César Saldaña, presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez. El Consejo, que agrupa a 1.700 viticultores inquietos ante este desembarco en los parques, ha denunciado ante la Fiscalía al parque eólico El Barroso, de la compañía Capital Energy.

La compañía alega que ha propuesto reducir el impacto visual con masa arbórea y forestal para cubrir la subestación. “La colaboración entre el Consistorio y la compañía se mantendrá en la fase de operación de El Barroso, además de priorizar la contratación de trabajadores locales tanto durante las tareas de construcción como de mantenimiento”, esgrime la firma en una respuesta por escrito.

El PP jerezano votó en contra en el pleno municipal del pasado diciembre para sumarse a la iniciativa ante el Parlamento, pero ahora censura a la Junta y el desembarco en los parques: “La Administración autonómica no informa sobre la ubicación concreta del aerogenerador, sino que dice cuándo una zona es viable y no afecta a aves o aviones. Pero el PGOU es el que manda y no puedes ubicar aerogeneradores de 200 metros en los viñedos”, critica María José García-Pelayo, aspirante popular a la alcaldía.

El Ayuntamiento sostiene que el blindaje del Plan General para los suelos de especial protección de viñedos solo afecta a los paneles fotovoltaicos y no a los aerogeneradores, que deben cumplir unos requisitos paisajísticos a los que la Junta ha dado su visto bueno. “La alcaldesa [Mamen Sánchez] se muestra compungida, pero no es verdad porque tiene la potestad de pararlo”, censura Saldaña.