Los desahucios caen a mínimos pese al encarecimiento de hipotecas y alquileres

Suben los alquileres, se disparan las hipotecas y bajan los desahucios. Pese a que se acumulan dificultades relacionadas con el pago de la vivienda, España nunca había tenido menos desalojos de familias. Los lanzamientos (el término jurídico con que se denomina al momento en que el propietario, generalmente un banco, recupera la posesión del inmueble) practicados en el segundo trimestre de este año fueron 7.279, lo que supone casi un tercio menos (-32,7%) que en el mismo periodo del año pasado, según la estadística publicada este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si se tiene en cuenta que entre enero y marzo ya se registró una caída interanual superior al 40% el resultado es que en todo el primer semestre hubo en España 13.858 desahucios, un 37% menos que un año atrás, cuando el dato ya expresaba mínimos si se excluye lo sucedido en la primera mitad de 2020 (11.048 lanzamientos) por el efecto del cierre de los juzgados durante las semanas de confinamiento por la pandemia.

Y, de nuevo, lo que explica para los expertos el inusual dato del primer semestre de este año (antes de la pandemia, ningún año se bajaba de 30.000 desahucios) es un condicionante externo. En enero los secretarios judiciales anunciaron una huelga indefinida, para reclamar mejoras laborales, que se extendió hasta marzo. Y en el siguiente trimestre tomaron el relevo con otra huelga indefinida los funcionarios judiciales. Esto provocó el aplazamiento de muchos desahucios. “Se suspendieron muchos procedimientos”, relata Natalia Palomar, abogada de la organización Provivienda, “no ha habido una mejora de medidas que justifique el descenso”.

Palomar se refiere a que la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda el pasado mayo todavía no ha desplegado efectos como para que reflejen en la estadística elaborada por el órgano de gobierno de los jueces. Y además, recuerda, la nueva norma solo alargó algunos plazos de suspensión para casos de familias vulnerables sin una alternativa donde vivir, ya que el resto de medidas que contempla ya venían aplicándose en la legislación especial aprobada durante la pandemia y la coyuntura derivada de la guerra de Ucrania. Por tanto, se podría justificar que las circunstancias han variado respecto a 2019, pero con relación a 2022 la principal diferencia es la huelga que afectó a los juzgados, como también valoran otras fuentes consultadas.

La caída de desahucios ha sido consistente en todas las categorías. Los derivados de impagos de alquiler u otros problemas relacionados con el arrendamiento, que hace años representan la mayoría de lanzamiento que hay en España, retroceden en el segundo trimestre del año un 32,6%. En cifras absolutas representaron 5.306 casos (es decir, siete de cada diez desahucios). En cambio, 1.497 se correspondieron con ejecuciones hipotecarias, lo que expresa una bajada interanual del 37%. El resto se corresponden con otras causas y descendieron un 16.2% respecto al segundo trimestre de 2022.

Frente a esos datos, las organizaciones que trabajan con colectivos afectados por el encarecimiento de la vivienda sí perciben una aumento de la vulnerabilidad de muchas familias. “Nos está contactando mucha gente que estaba pagando su hipoteca, pero que ya tienen enormes dificultades”, resume Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Esta organización se queja de que el Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno para hacer frente a situaciones de dificultad por parte de los prestatarios, y al que se ha acogido el 98% de la banca, resulta “insuficiente” porque pone demasiados requisitos, por lo que creen que tiene y tendrá poca incidencia en la serie estadística.

También en el Sindicato de Inquilinas de Cataluña perciben que muchas personas “están teniendo problemas” para encontrar pisos a un precio asequible. La subida del euríbor en el último año y medio ha provocado que para las hipotecas variables vinculadas a este indicador (la mayoría) la cuota se haya incrementado de media en unos 300 euros al mes. A la vez, los portales inmobiliarios sitúan a numerosas capitales provinciales (Madrid, Barcelona y Valencia, entre otras) en importes máximos de arrendamiento.

Flexibilidad para negociar

El temor, por tanto, es que superada la huelga y conforme pasen los meses, los desahucios repunten. Aunque en la asociación de usuarios financieros Asufin lanzan un mensaje de calma: “El encarecimiento de hipotecas variables ha sido muy importante, pero los datos de mora que tenemos de momento no son alarmantes”, dice una portavoz. Con la entrada en vigor de la ley de crédito inmobiliario de 2019, el banco solo puede invocar el vencimiento anticipado del préstamo si se producen al menos 12 impagos y estos afectan a un 3% del total de la hipoteca. Por eso en Asufin piden “flexibilidad” a la banca para negociar —”a las entidades tampoco les interesa ahora quedarse con inmuebles en cartera”, razonan— y ayudar a atravesar una situación que entienden como coyuntural porque “en algún momento los tipos tendrán que bajar para situarse en el entorno que el BCE considera idóneo, entre el 2% y el 3%”.

Palomar, de Provivienda, observa otro signo de que las dificultades financieras de muchas familias han crecido en el aumento de los concursos (un procedimiento para pedir una reestructuración de deuda) por parte de personas físicas, que se han disparado más de un 200% según misma la estadística judicial. Esta también da cuenta de los procedimientos verbales posesorios por ocupación de vivienda, que aumentan un 2,3% respecto a un año antes y se sitúan en 797 casos. No obstante, estos procedimientos no reflejan toda la realidad judicial del fenómeno de la ocupación ya que ni pueden acogerse las empresas ni reflejan otras vías jurídicas a las que se puede recurrir para pedir la desocupación de una vivienda, como el procedimiento penal. Lo que sí se observa es un aumento del 2,5% en nuevos casos que llegan a los juzgados por cláusulas abusivas en las hipotecas (21.522 asuntos en el segundo trimestre), mientras que los casos resueltos retrocedieron casi un 20%. Y lo que no cambia es el abrumador porcentaje de sentencias estimatorios: un 97,4% de los fallos dieron la razón al cliente bancario.

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