Los concursos de particulares se disparan un 217%: se presentaron 9.279 durante el segundo trimestre

Acelerón de los concursos, es decir, de los procedimientos judiciales en los que un deudor no puede cumplir con sus obligaciones. En el segundo trimestre del año se presentaron 12.006 procedimientos en los juzgados de lo mercantil españoles. Se trata de un 107,1% más que en el mismo periodo del año pasado, un incremento interanual “importantísimo” según el organismo que publica los datos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cifra más llamativa es la de concursos de particulares, que sumaron 9.279 (un 77,3% del total). Esto supone un incremento del 217% respecto al mismo periodo de 2022. Sin embargo, los concursos de autónomos (-11,9%) retroceden y los de empresas (+1,2%) se estancan.

Los concursos acumulan varios trimestres al alza, impulsados por los de particulares. Son personas endeudadas que no pueden hacer frente a los créditos comprometidos. Hace un año se presentaron 2.927 concursos de particulares. En el último cuarto de 2022 ya eran 6.472, casi 3.000 menos que en el registro difundido este viernes. La dinámica alcista de este valor empezó en el tercer trimestre de 2021, cuando se presentaron 2.196. Entonces la inflación empezaba a repuntar (5,1% en octubre de 2021), pero el gran acelerón de los precios llegó meses después, ya en 2022 (los precios crecieron un 8,4%) coincidiendo con la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania. A lo largo de 2022 los salarios reales retrocedieron un 5,3% en España, entre las mayores contracciones sufridas por países de la OCDE.

Martí Batllori, miembro de la subcomisión de Derecho Mercantil y Concursal del Consejo de la Abogacía, cree que la inflación puede jugar un papel relevante en el aumento de estos concursos, pero indica que hay otro factor más decisivo: el cambio normativo de 2022. Si el único motivo fuera el aumento de precios, explica, la evolución de los concursos de particulares (personas físicas no empresarias) y autónomos (personas físicas empresarias) dibujarían una tendencia parecida y no es el caso, ya que los primeros han experimentado un crecimiento extraordinario y la de empresarios ha disminuido.

“El cambio en la ley concursal de septiembre de 2022 ha agilizado estos procesos para todas las personas físicas, ya que antes tenían que pasar previamente por el notario y ya no es necesario, pero la solución que se da a consumidores (particulares) y autónomos es diferente porque el cambio normativo dificultó el acceso a la segunda oportunidad a las personas insolventes con crédito público. Eso se da más en el caso de los autónomos”, indica este experto en la materia, que recuerda el fin de la moratoria concursal el 30 de junio de 2022 como otro elemento a tener en cuenta al tratarse de datos del segundo trimestre.

Un vistazo a la estadística en años anteriores muestra que solo unos pocos centenares de personas físicas se acogían a concursos (358 en el segundo trimestre de 2016). “Eso no quiere decir que hubiera tan pocas personas insolventes, sino que la reforma de 2015 era muy reciente y pocos llegaban al juzgado. Trimestre a trimestre hemos visto cómo la segunda oportunidad va al alza”, explica Batllori. Cree que es “bueno” que las personas insolventes presenten concursos porque así se evita la “muerte civil”, y señala que “el problema es cuando estas situaciones no pasan por el juzgado y las personas están apartadas del sistema, como zombis económicos que no tienen manera de encauzar su vida”. “Los juzgados”, continúa, “son los hospitales que pueden curar a personas que han tenido accidentes en el mercado de crédito. Antes era como si dejásemos a las personas en la puerta sin atenderles y ahora sí se les atiende, de ahí esta extraordinaria subida”.

Estirando la metáfora, Batllori considera que para autónomos esa “respuesta médica” sigue sin ser una “solución adecuada” con la nueva ley, y por eso la estadística apenas ha cambiado. “Hoy el crédito público es un límite al acceso al hospital, a la segunda oportunidad, y parece conveniente un cambio que facilite el acceso y que permita que el enfermo pague lo que pueda en función de sus ingresos, mediante un plan de pagos a tres o cinco años”, finaliza.

Más cierres que concursos

Respecto al año pasado, los concursos de empresas crecen ligeramente: de 1.510 en el segundo trimestre de 2022 a 1.528 en el mismo periodo de 2023 (un 1,2%), mientras que los de autónomos caen de 1.361 a 1.199 (caen un 11,9%). Mirando aún más al pasado sí se aprecia un incremento, pero a un ritmo muchísimo menor que para personas físicas. Los 1.199 concursos de empleados por cuenta propia suponen el mayor registro desde el tercer trimestre de 2022, cuando se dieron 1.530. El registro de concursos de personas jurídicas (1.528) crece respecto al pasado trimestre (1.177), pero es menor que en el último cuarto de 2022 (1.756) y que en el tercero (2.377).

En línea con lo que señalaba Batllori, fuentes de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) indican que “muchas empresas, sobre todo las de menor dimensión, cierran sin realizar el preceptivo concurso, bien sea por desconocimiento o el temor a los costes del proceso e, incluso, por el miedo al proceso en sí”. Esta situación explica, dicen en Cepyme, que las cifras de concursos empresariales sean tan bajas, “cuando en España solo sobrevive el 40% de las empresas cinco años después de su creación”. Las mismas fuentes apuntan que el número de cierres de empresas resulta “bastante mayor de lo que se pueda extrapolar de las cifras de concursos”.

Desde la patronal de las pequeñas y medianas empresas avisan de que muchas compañías aún no se han recuperado del golpe de la covid y que en los últimos meses han afrontado “una explosión de costes” que erosiona sus cuentas. “Una situación que cabe esperar que empeore, ya que las presiones al alza no han llegado a su fin. El endurecimiento de las condiciones financieras hará que se multipliquen los concursos de acreedores en el futuro”, finalizan.

Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, también cree que ha habido una “normalización” de los concursos de particulares, “en línea con otros países de nuestro entorno; se ha aflorado una realidad que ya existía y no se traducía en concursos de acreedores”. Cree que es difícil saber el peso que ha tenido la inflación y el aumento de los tipos de interés en este fenómeno, al coincidir en el tiempo con el cambio normativo. “Pero creo que la nueva ley es más importante. No estamos viendo un repunte en los impagos a los bancos, se están manteniendo a raya. La subida de tipos anticipa dificultades, pero la devolución de créditos se mantiene. Creo que uno de los motivos es que el empleo está resistiendo”, comenta Torres.

Diferencias territoriales

El impulso de los concursos de personas físicas es palpable en otras cifras detalladas por el CGPJ. Una de las más relevantes es la proporción de concursos presentados por cada 100.000 habitantes, que alcanza un récord de 19,3. Hace solo un año este valor era de 6,2. Con todo, hay diferencias territoriales reseñables: la cifra más alta es la de Cataluña (36,4), seguida de Canarias, la Comunidad Valenciana (ambas con 23) y la Región de Murcia (20,6). En el otro extremo se encuentran Cantabria (10,2), Euskadi (9,5) y Asturias (8,6).

El mayor aumento interanual en el número de concursos de particulares es el registrado en La Rioja (5600%). Cabe señalar que al tratarse de una comunidad tan pequeña cualquier variación origina una estadística disparada: han pasado de un concurso en el segundo trimestre de 2022 a 57 en el último periodo analizado. Algo parecido sucede en la siguiente comunidad autónoma con mayor aumento respecto a 2022, Navarra, donde este tipo de concurso crece un 429,4% al pasar de 17 a 90. Además, en el País Vasco se incrementa un 414,6% (de 41 a 211), en Murcia un 315,6% (de 77 a 320) y en Cataluña un 283,8% (de 749 a 2.875). Las menores subidas respecto al año pasado se dan en Asturias (de 69 a 87, un 26,1%) y Aragón (de 108 a 162, un 50%)

Cataluña no solo lidera el registro de concursos de personas físicas. De los 1.528 concursos presentados de personas jurídicas, 496 se dieron en la comunidad catalana (un 32,5%). Y de los 1.199 de autónomos, 703 correspondían a Cataluña (58,6%). Consecuentemente, la mayor incidencia por cada 100.000 habitantes del primer tipo de concurso se da en Cataluña (6,3), seguido del País Vasco (3,9) y la Comunidad de Madrid (3,8); y la menor en Andalucía, Asturias (1,5 en ambas) y Navarra (1). Para el segundo tipo lidera Cataluña (6,7), seguida de Asturias (4,8), la Comunidad Valenciana y Navarra (las dos con 1,6) y los menores valores se dan en Cantabria, Euskadi y La Rioja, a cero.

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