Los funcionarios judiciales suspenden la huelga indefinida, pero retomarán el pulso cuando haya nuevo Gobierno

Los funcionarios de la Administración de Justicia han puesto fin este martes a la huelga indefinida que mantenían desde el pasado 22 de mayo sin que hayan conseguido entablar una negociación con el Ministerio de Justicia sobre las mejoras laborales y salariales que reclaman. Los cuatro sindicatos que convocaron el paro (CSIF, CC OO, UGT y STAJ) han decidido suspender la huelga debido, sobre todo, a que el inicio del periodo de vacaciones ha reducido considerablemente el seguimiento en las últimas jornadas, según admiten en una nota. Los trabajadores mantendrán otros actos de protesta, como dos jornadas de huelga los días 11 y 20 de julio, en plena campaña electoral, y varias concentraciones. Y adelantan que retomarán el pulso cuando haya sido elegido el nuevo Gobierno.

El conflicto entre los funcionarios judiciales y el Gobierno está abierto desde abril, cuando los trabajadores empezaron a movilizarse para exigir una subida salarial similar a la lograda por los letrados de la Administración de Justicia (entre 430 y 450 euros al mes) tras dos meses de huelga. Ese triunfo de los letrados está en el trasfondo de la huelga de los funcionarios judiciales, pero entre un conflicto y otro se coló la amenaza de huelga de los jueces y fiscales y el Gobierno se centró en este asunto para evitar la protesta de un poder del Estado en plena campaña electoral. Además, la revisión de retribuciones de jueces y fiscales está regulada por ley y se estaba incumpliendo desde hace 20 años. Los damnificados de esa negociación, que sí acabó con acuerdo, fueron los funcionarios. Justicia pospuso los contactos hasta solucionar el otro conflicto, más tarde anunció que dejaría pasar los comicios del 28 de mayo y, después, la convocatoria de las elecciones del 23 de julio volvió a dejar en segundo plano las conversaciones con los funcionarios judiciales.

Los 45.000 funcionarios de justicia dependen orgánicamente del Gobierno central, aunque la mayoría de las comunidades autónomas tienen transferida la gestión de la Justicia (todas excepto Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Baleares, y las ciudades de Ceuta y Melilla). No obstante, los sindicatos han centrado su reclamación en dos cuestiones que son competencia directa del ministerio: el complemento general del puesto (una retribución de carácter básico que se fija por los Presupuestos Generales del Estado y que está ligada a las funciones que realiza el funcionario) y la Ley de Eficiencia Organizativa que tramitaba el Gobierno y que se ha quedado en el aire con la disolución de las Cortes tras la convocatoria de elecciones para el 23 de julio.

En este mes y medio de movilizaciones solo se han celebrado tres reuniones con el Ministerio de Justicia, que han acabado sin visos de acuerdo. Los funcionarios han llegado a denunciar en la Fiscalía del Tribunal Supremo a la ministra, Pilar Llop, y al secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, por mantener bloqueado el conflicto. En la nota emitida este martes, los cuatro sindicatos vuelven a mostrarse muy duros con el Gobierno, al que acusan de mantener una actitud “cobarde” y “ausente”.

“La gran repercusión pública de las movilizaciones es prueba de que tenemos el apoyo de la sociedad, pero el calendario ha jugado a favor de los que huyen por la puerta de atrás”, señalan los sindicatos, que exponen que la llegada del periodo estival de vacaciones ha ocasionado “un lógico descenso en el seguimiento de la huelga indefinida, motivado por la necesidad de descanso y en muchos casos también por la necesidad de conciliación”. “A este descenso se une el agotamiento económico que supone una movilización de tan largo alcance. Algo que ninguna familia ni ningún trabajador puede soportar indefinidamente”, lamentan, para explicar su decisión de poner fin a la huelga indefinida. Se aplaza, aseguran, hasta que se constituyan las nuevas Cortes y se forme un nuevo Gobierno “con otros responsables en Justicia”.