La huelga de funcionarios ha afectado ya a un millón de actuaciones judiciales, según el sindicato mayoritario

La huelga de funcionarios de la Administración de Justicia ha afectado ya a más de un millón de actuaciones judiciales, desde juicios a la tramitación de multas o acuerdos, según el sindicato CSIF, el mayoritario del sector. Los 45.000 funcionarios judiciales estaban llamados este jueves a una nueva jornada de paro de 24 horas, la segunda desde que, a mediados de abril, pusieron en marcha movilizaciones para reclamar cambios en las leyes de eficiencia que impulsa el Gobierno y una mejora salarial similar a la acordada con los letrados judiciales en marzo pasado. El paro de este jueves fue acompañado de una concentración ante la sede del Ministerio de Justicia que reunió a varios cientos de personas. Los funcionarios han tildado de “clasista” al Gobierno por negarse a negociar con este cuerpo mientras ofrece a los jueces y fiscales subidas salariales.

“En el Ministerio de Justicia las políticas de personal y retributivas se desarrollan con absoluto clasismo”, ha afirmado a los medios durante la protesta Luis Calero, representante de CC OO, en referencia a la propuesta que hizo el miércoles el Ejecutivo a jueces y fiscales durante la mesa de retribuciones para evitar la huelga indefinida que ambas carreras han convocado a partir del día 16 de mayo. En opinión de Calero, aunque la Justicia se trabaja en equipo, “solo a una pequeña parte del colectivo, precisamente la más privilegiada” se le reconocen sus funciones y se les retribuye por ellas.

La concentración ante Justicia ha sido convocada por los cuatro sindicatos —CSIF, CC OO, UGT y STAJ— que impulsan los paros que se están registrando desde el pasado 17 de abril en los tribunales de toda España. La protesta se ha hecho coincidir con la jornada de huelga de 24 horas convocada para este jueves y cuyo seguimiento cifran los sindicatos en más de un 90%, un porcentaje que Justicia estima en el 28,5% en las comunidades que no tienen la gestión transferida y en los órganos centrales que dependen del ministerio. Justicia y la mayoría de las comunidades autónomas con las competencias transferidas no han dado todavía datos. La concentración ha transcurrido con muchos gritos acompañados de silbatos, megáfonos y sirenas. La titular de Justicia, Pilar Llop, ha sido la destinataria de la mayoría de las consignas lanzadas por los concentrados con gritos como “No más funciones sin retribuciones” o “Ministra, dimisión”. Algunos asistentes se habían colocado una flor roja en el pelo para aludir a la presencia de la ministra en la Feria de Abril en plena protesta del sector.

Los funcionarios de la Administración de Justicia dependen orgánicamente del Gobierno central, aunque la mayoría de las comunidades autónomas tienen transferida la gestión de la Justicia (todas excepto Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Baleares, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). No obstante, los sindicatos han centralizado su reclamación en dos cuestiones que son competencia directa del Ejecutivo central: el complemento general del puesto (una retribución de carácter básico que se fija por los Presupuestos Generales del Estado y que está ligada a las funciones que realiza el funcionario) y la ley de eficiencia organizativa. Los sindicatos reclaman un incremento salarial de entre 350 y 430 euros al mes, en la línea con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y los letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales) que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo. Los sindicatos avisan de que su protesta se endurecerá si el Ejecutivo no les ofrece una propuesta económica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido este jueves a las huelgas convocadas en la Justicia y ha asegurado que la voluntad de negociación del Gobierno “es absoluta”. Sánchez hizo esta afirmación tras ser preguntado por la huelga durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en La Moncloa y señaló que el Ejecutivo está a la espera de saber “cuál es la respuesta” a la propuesta que les hizo en la mesa de retribuciones.