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Las ejecuciones hipotecarias tocan mínimos en plena escalada del euríbor

Las dificultades económicas para familias y empresas no se traducen hasta ahora en inicios de embargo de vivienda, que caen casi un 40% respecto a 2021

Protesta contra un desahucio en Madrid, en una imagen de archivo.
Protesta contra un desahucio en Madrid, en una imagen de archivo.Olmo Calvo
José Luis Aranda

Con el euríbor en el nivel más alto de los últimos 14 años, las hipotecas variables se están encareciendo hasta niveles que pueden acabar siendo insostenibles para muchas familias. Sin embargo, ese movimiento incipiente no se refleja de momento en las ejecuciones hipotecarias, que siguen reduciéndose en España. De hecho, el tercer trimestre del año ha marcado la cifra más baja de la serie estadística (que arranca en 2014) en cuanto al inicio de ejecuciones, con 4.105 fincas afectadas por este procedimiento. Es un 38,3% menos que en el mismo periodo de 2021.

Todas las categorías de inmuebles ven reducir las ejecuciones hipotecarias hasta mínimos históricos. Las viviendas, como habitualmente, suponen el grueso de los inicios de embargo, con 2.884 casos, lo que supone un 29,9% menos que un año atrás. Más se reducen todavía las ejecuciones sobre solares (100 casos, un 51,5% menos que en el tercer trimestre de 2021), otras fincas urbanas tales como garajes o trasteros (933 casos, -51,6%) y fincas rústicas (188 casos, -53,1%).

De vuelta a las viviendas, la estadística difundida este lunes por el INE recoge una menor reducción de las ejecuciones que afectan a particulares (la mayoría, con 2.507 casos y un 14,5% de bajada interanual) que en las casas que pertenecen a empresas (377 casos, un 68,1% menos que un año atrás). Este último dato se entiende normalmente como un reflejo de la situación por la que atraviesa el tejido empresarial, ya que se refiere a préstamos que han pedido empresarios o compañías poniendo como aval una vivienda a nombre de la sociedad. Sin embargo, es también el dato que más a las claras muestra las limitaciones de la estadística, que bebe de los registros de la propiedad y recoge el momento en que un acreedor inicia el procedimiento de ejecución para, si no recupera el dinero que se le debe, acabar embargando el bien.

Se trata, por tanto, de un proceso que no se plasma hasta meses después de que familias y empresas comiencen a experimentar dificultades para devolver una hipoteca. Y los problemas ya han empezado: el pasado viernes, una estadística judicial recogía un aumento extraordinario de los concursos de acreedores (la antigua suspensión de pagos) como resultado del final de la moratoria que el Gobierno aprobó durante el coronavirus y que permitía a las empresas evitar temporalmente este procedimiento para intentar reflotar sus cifras. Muchas no lo han conseguido y eso, en un entorno económico deteriorado por la inflación, los altos costes energéticos y la subida de los tipos de interés, se debería traducir en un repunte de las ejecuciones. Pero este no se ve ni en la estadística del INE ni en la judicial de lanzamientos, un momento todavía más avanzado del procedimiento de embargo porque es cuando el juzgado ordena la posesión del inmueble para el prestamista.

Lo mismo pasará con las familias. Conforme las dificultades financieras se prolonguen, y especialmente si se deteriora el empleo, pagar el préstamo se hará más difícil. De momento, la morosidad sigue en mínimos, en torno al 3,8%, pero el sector bancario espera que suba progresivamente. Un informe de la consultora EY, publicado también este lunes, apunta a un aumento de la morosidad hasta el 4,5% en 2023. De hecho, según el Banco de España, el deterioro en la renta de las familias se producirá en los próximos trimestres. “El grueso de las revisiones hipotecarias con euríbor alto se van a producir entre noviembre y verano del año que viene”, explicó hace unas semanas Ángel Estrada, director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España.

Lo que de momento no se espera es una situación como la de la Gran Recesión. Entonces, tras el estallido de la gran burbuja inmobiliaria de principios de siglo, miles de familias españolas perdieron sus viviendas por no poder pagar la hipoteca y los desahucios generaron una amplia alarma social (no por casualidad el INE empezó entonces a recoger datos). Es más, los excesos de burbuja todavía son patentes en los embargos actuales: la mitad de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en el tercer trimestre de este año (un 49,7%, exactamente) se corresponden con viviendas compradas entre 2005 y 2008. En los últimos años, sin embargo, los problemas de asequibilidad de la vivienda se han desplazado de la compra al alquiler, que es donde se producen actualmente la inmensa mayoría de los desahucios en España.

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Sobre la firma

José Luis Aranda
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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