El Gobierno alarga las medidas antidesahucio y acaba con la prórroga extra de los alquileres

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley por el que extiende y amplía las medidas extraordinarias sobre vivienda, transporte, impuestos y precios energéticos que se adoptaron tanto durante la covid como a raíz de la crisis energética y de precios derivada de la guerra de Ucrania. La prórroga llega de nuevo sobre la bocina, ya que muchas disposiciones caducaban el 30 de junio, y ha adoptado la forma de un decreto ley ómnibus en el que el Gobierno, que cuando empiece la campaña deberá limitarse a decisiones que no interfieran de manera partidista con la misma, ha aprovechado para sacar adelante otras iniciativas anunciadas en los últimos días, como la rebaja fiscal por la compra de vehículos eléctricos. En total, el Ejecutivo calcula que el paquete de ayudas movilizará durante la segunda parte del año unos 8.900 millones, según ha especificado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. El grueso de esta cantidad se debe a la rebaja de impuestos energéticos que ya estaban previstas hasta final de año. Ademas, 3.800 millones se consideran “adicionales” ya que atañen a las medidas aprobadas este martes. Los siete paquetes que han salido adelante desde marzo del año pasado para combatir los efectos de la invasión rusa de Ucrania suponen una movilización conjunta de “más de 47.000 millones en respuesta al impacto de la guerra”, ha afirmado la también ministra de Asuntos Económicos.

Las medidas anunciadas este martes contemplan alargar hasta finales de año los procedimientos antidesahucio que se perfilaron durante la pandemia, la rebaja del IVA para alimentos (del 0% en la cesta básica y del 5% en aceite y pastas alimenticias) o la congelación del precio de la bombona de butano. Además, el Gobierno aprovecha el decreto, argumentando la necesidad de trasponer directivas europeas y ante el hecho de que el adelanto electoral impide hacerlo mediante la ley de familias que se debatía en el Congreso, para dar luz verde a cuatro nuevos permisos laborales. Y trata de encauzar el conflicto con los taxistas por la sentencia europea que tumbó el límite estatal de licencias para vehículos de transporte con conductor (VTC, un servicio que se presta habitualmente a través de plataformas como Uber o Cabify.

Dentro de las iniciativas relacionadas con la vivienda, el texto prorroga las medidas antidesahucios del denominado escudo social de la pandemia, que básicamente consiste en suspender las expulsiones de hogares vulnerables. Por el contrario, se ha decidido que decaiga la prórroga extraordinaria de seis meses a la que desde marzo de 2020 podían acogerse los inquilinos a los que se les acababa el contrato de alquiler. Esta última iniciativa se justificó en su día porque, con los confinamientos, resultaba imposible para muchos arrendatarios ponerse a buscar una casa, con lo que ganaban seis meses extra para hacerlo, en los que el propietario de la vivienda no podía cambiar el precio ni el resto de condiciones del arrendamiento. Se fue prorrogando sucesivamente y con nuevos argumentos pero, llegados a junio de 2023, fuentes de la parte socialista del Ejecutivo creen que “en la circunstancia actual, reclamar la urgente necesidad [de esa prórroga extraordinaria] es más complicado”. Sí lo había pedido la parte de Unidas Podemos en el Gobierno. Y los sindicatos de inquilinos, próximos en su visión al partido que encabeza Ione Belarra, han lanzado este martes un comunicado en el que sostienen que “miles de inquilinos pueden quedar desprotegidos este viernes”, el día en que expira la medida.

En el Ejecutivo subrayan que, en todo caso, quienes ven acabarse su contrato hasta el 30 de junio tienen derecho a pedir esos seis meses de prórroga extra, con lo que esta iniciativa seguirá desplegando efectos hasta diciembre (para quienes lo hayan pedido este mes). Además, recuerdan que la Ley de Arrendamientos Urbanos establece un mínimo de cuatro meses en la comunicación del propietario al inquilino para recuperar la vivienda cuando se acaba el contrato (a los tres años si el alquiler se firmó con la norma que aprobó el PP; y a los cinco años, siete si el arrendador es una empresa, si se firmó tras la reforma del 1 de marzo de 2019) porque de lo contrario el contrato entra en una prórroga obligatoria. Esto quiere decir que los inquilinos siempre tienen un mínimo de cuatro meses para buscar otro alojamiento, aunque las fuentes consultadas admiten que es una práctica que no siempre se cumple.

No obstante, se trata de una decisión que no ha gustado a Unidas Podemos, como ha dejado claro la que fue candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones autonómicas, Alejandra Jacinto, quien se incorporó a Sumar como portavoz de vivienda. Jacinto ha acusado en las redes sociales a “la parte socialista del Gobierno” de “tumbar la medida”. “Ignoro esas críticas”, ha respondido Calviño en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, que ha insistido en que han “prorrogado y extendido todas aquellas medidas que complementan las que ya han entrado en vigor con la ley de vivienda”.

Paralización de desahucios

Si la prórroga extraordinaria de alquileres ha puesto sobre la mesa una nueva discrepancia entre los socios del Ejecutivo, en lo que sí ha habido acuerdo es en prorrogar las medidas antidesahucios de la pandemia. Estas suponen suspender la expulsión de una familia de su hogar cuando acredita las condiciones de vulnerabilidad económica y la imposibilidad de encontrar una vivienda. Estos supuesto se extienden a algunos supuestos penales (estos procesos pueden ir por vía civil o penal) cuando hay situaciones de víctimas de violencia de género, menores o dependientes en un hogar. Y nunca en supuestos de okupación de la vivienda habitual o la segunda residencia de una persona.

El Gobierno, en este caso, justifica la prórroga porque la Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada a finales de mayo, no ha podido desplegar todavía sus efectos. Esa norma, en realidad, recoge el mismo espíritu de las medidas antidesahucio que se pusieron en marcha con la covid-19. Pero exige el requisito de que las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en vivienda, desplieguen un servicio de mediación y arbitraje para buscar alternativa a las familias que van a ser expulsadas de sus casas. El decreto, según las fuentes consultadas, hará que esa obligación autonómica de mediar en los desahucios tenga efectos a partir del 1 de enero de 2024. “Esos seis meses dan margen para establecer esas medidas”, argumentan en el Ejecutivo.

Precios de alimentos, butano y combustibles

La protección a los vulnerables es también el argumento al que se ha aferrado el Gobierno para extender algunas de las medidas que se aprobaron cuando la inflación se disparó tras la invasión rusa de Ucrania. Una es la extensión de la rebaja del IVA para algunos alimentos. Los incluidos en la cesta básica —como el pan, los huevos, las frutas y las verduras— mantendrán el tipo del 0% (es decir, no se pagará IVA) hasta el próximo 31 de diciembre. El aceite y las pastas alimenticias tendrán un impuesto rebajado hasta el 5%. Estas medidas estarán vigentes mientras la inflación subyacente supere el 5,5%. En mayo, este indicador —que excluye los precios de alimentos frescos y combustibles por ser muy volátiles, y por eso se considera fiable para predecir el comportamiento de los precios a medio plazo— se situó en España en el 6,1%.

También durante seis meses más se congela el precio tope de la bombona de butano, que es de 19,55 euros, aunque eso es el máximo y actualmente, puesto que el importe se revisa y se fija cada dos meses, es de 15,96 euros. Además, se prorrogan las ayudas a los combustibles para uso profesional. Aunque el pasado 1 de enero se acabó la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina o diésel para todos los conductores, el Ejecutivo mantuvo medidas para transportistas y otras profesiones en las que el carburante supone un coste importante, como los agricultores y los pescadores. Las subvenciones actuales, de 10 céntimos por litro, seguirán hasta el 30 de septiembre según ha explicado Calviño. En el último trimestre del año se rebajarán hasta los 5 céntimos por litro. Para las industrias electrointensivas también se alargan las ayudas hasta finales de año.

Abono de transportes

La subvención estatal del 30% al abono de transportes, que solo se aplica si las autoridades autonómicas o locales responsables del transporte público lo complementan con al menos un 20% adicional, también estará vigente durante todo este año. Es decir, que el Gobierno se compromete a poner su parte, que cuantifica en 380 millones para el segundo semestre del año, aunque dependerá de nuevo de las comunidades y los ayuntamientos su extensión. Estas Administraciones deben aceptar la condición de poner también dinero para sufragar la parte correspondiente.

La nueva prórroga no afecta a los abonos especiales de Renfe en Media Distancia o Cercanías, ya que estos fueron aprobados originalmente para todo 2023. Es decir, que la duda estaba solo en aquellos transportes públicos urbanos o interurbanos que no gestiona directamente el Estado.

Deducción al coche eléctrico

En materia de movilidad, el Ejecutivo ha formalizado un anuncio que la propia Calviño y el presidente, Pedro Sánchez, ya hicieron este lunes. Se trata de dar una deducción del 15% en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la compra de vehículos eléctricos. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sí ha servido para dar algunos detalles adicionales sobre esta medida. El primero, que la deducción tendrá un límite de 20.000 euros. Y, además, no solo se aplicará a la compra del vehículo, también dará derecho a ese 15% el gasto la instalación de sistemas de recarga de baterías. Con el mismo objetivo, también se aprueba un incentivo fiscal para empresas.

No es la única iniciativa en materia de transportes. Una sentencia europea que declaró contrario al Derecho de la Unión el límite español a las licencias VTC puso en pie de guerra a los taxistas, que amagaron con convocar una huelga. El Ministerio de Transportes prometió buscar una solución y esta se va a incluir también en el decreto-ley ómnibus. Se endurecerán los criterios para poder tener una de estas licencias y se reforzará la posibilidad de que las comunidades autónomas o ayuntamientos pongan límite a este tipo de servicios por motivos de gestión de tráfico o medioambientales, una posibilidad que admitía el fallo del Tribunal de Justicia de la UE.

Hipotecas y derecho al olvido oncológico

Dentro del nuevo paquete de ayudas entra, asimismo, la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que los menores de 35 años o familias con menores al cargo puedan acceder hasta al 100% del importe de una hipoteca. Es una medida que se anunció durante la campaña de las elecciones autonómicas para facilitar el acceso a la vivienda y cuya letra pequeña faltaba por concretar. Dotada con 2.500 millones, con la nueva línea se pretende financiar la compra de hasta 50.000 viviendas. El dinero sale de la adenda al Plan de Recuperación financiado con fondos europeos y servirá para avalar hipotecas que se soliciten hasta el 31 de diciembre de 2025, siempre que los prestatarios tengan unos ingresos individuales de hasta 37.800 euros brutos al año. El aval estatal se extiende durante 10 años y comprende un 20% del importe de la casa (la parte que normalmente no cubren los bancos, que por motivos de regulación financiera suelen otorgar como máximo el 80% de lo que vale la vivienda), aunque en ciertas circunstancias puede llegar al 25%.

El de los préstamos es uno de los supuestos que recogerá también la nueva normativa de derecho al olvido oncológico. Tal y como ha explicado la vicepresidenta, impedirá discriminar “en la contratación de cualquier producto financiero o no” a quienes han sufrido cáncer si ya han transcurrido cinco años desde la remisión de la enfermedad y no han sufrido recaídas. Por último, la nueva norma da más flexibilidad a la ayudas relacionadas con el PERTE de los chips con el objetivo de dinamizarlo, y extiende las bonificaciones fiscales, aplazamiento de pagos de cuotas a la Seguridad Social o en la hipoteca y otras iniciativas que se pusieron en marcha para los afectados por la erupción volcánica de La Palma a finales de 2021.

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