Varapalo al taxi: la justicia europea rechaza la limitación de las licencias a las VTC

El Tribunal de Justicia de la UE ha sentenciado que la restricción española a las licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC), que operan a través de plataformas como Cabify o Uber, es contraria al derecho comunitario. El fallo se centra concretamente en el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que recoge el límite estatal de un permiso administrativo de VTC por cada 30 de taxis. La sentencia admite, en cambio, la posibilidad de exigir la obtención de “una licencia adicional a la prevista a nivel nacional” si se considera “necesaria para la buena gestión del transporte, del tráfico, del espacio público y la protección del medio ambiente”. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deberá retomar ahora el caso y decidir si anula alguno de los preceptos del reglamento del AMB.

Con la sentencia de la justicia europea se abre ahora una nueva batalla judicial de alcance nacional entre ambos colectivos de transporte. De una parte, las empresas de VTC tendrán un argumento para recurrir cualquier legislación autonómica o municipal que intente aplicar ese baremo del 1/30. Por otra, los taxistas se agarrarán al fallo europeo para exigir a las administraciones, ya sean autonómicas o municipales, que impongan esa segunda licencia a los VTC, como ha hecho la AMB bajo la tutela de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La sentencia de los magistrados de Luxemburgo tiene un poso salomónico. No rechazan que puedan establecerse determinadas restricciones. “Los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público de una conurbación, así como de protección del medio ambiente, pueden constituir razones imperiosas de interés general”, señala la sentencia publicada este jueves. Por eso mismo, considera que las licencias administrativas que exige la regulación barcelonesa “pueden considerarse necesarias” para alcanzar esos objetivos.

Sin embargo, el texto legal exige “proporcionalidad”. Y aquí es donde falla la ratio de una licencia de VTC por cada 30 permisos para taxis, puesto que creen que la ratio del AMB “no parece idónea para garantizar la consecución de los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente”, según la sentencia.

La sentencia del TJUE llega después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña elevara en enero de 2021 dos cuestiones prejudiciales a los magistrados de Luxemburgo, tras el recurso interpuesto por la empresa Prestige and Limousine, filial de Cabify, contra el reglamento de la autoridad metropolitana. En su argumentación, los jueces del TSJ catalán explicaban que “intuyen que en el presente litigio se habrían aplicado normas nacionales o internas que habrían vulnerado el deber de respetar las normas generales del TFUE [Tratado de Funcionamiento de la UE]”.

La justicia europea admite que la mejora de la gestión del tráfico es de interés público, pero deja claro que “garantizar la viabilidad económica de los servicios de taxi es un motivo de carácter puramente económico que no puede constituir una de esas razones” de interés público para restringir la actividad de los VTC y, por tanto, no lo es tampoco fijar una ratio de un VTC por cada 30 taxis.

Segunda licencia

Respecto a la exigencia de una segunda licencia urbana en el AMB, el tribunal también la considera contraria al derecho comunitario, aunque matiza que “puede considerarse necesaria para alcanzar los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente”. Pero añade: “Esta autorización específica debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyan cualquier arbitrariedad y que no se solapen con los controles ya efectuados en el marco del procedimiento de autorización nacional, sino que respondan a necesidades particulares del AMB”.

Ya en diciembre pasado, el abogado general de la Unión Europea se pronunció contra esa ratio que impone el Área Metropolitana de Barcelona. Argumentaba que una medida así va contra el artículo 49 de los Tratados de la Unión Europea, que, literalmente, prohíbe las restricciones a “la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro”. Como ha hecho el tribunal, el abogado general, Macej Szpunar, no había rechazado la posibilidad de que se establezcan restricciones a la libertad de establecimiento. Pero añade que esta debe estar justificada y “responder a una razón imperiosa de interés general y […] respetar el principio de proporcionalidad”.

Szpunar incluso iba más allá en sus conclusiones al apuntar que “desde los años ochenta no se han emitido nuevas licencias de taxi”. “En su lugar, cuando el titular de una licencia deja de ejercer tal actividad, puede venderla en el mercado secundario. Mientras que las licencias iniciales, que en ese momento expedía directamente el Estado, costaban menos de 100 euros, las licencias que en la actualidad se venden en el mercado secundario cuestan más de 100.000 euros. En caso de que el AMB pretenda regular el mercado del taxi y de los servicios VTC de manera congruente y sistemática, terminar con ese mercado secundario podría ser un buen punto de partida”, dispara. “Esta situación muestra adecuadamente que las tarifas de taxi fijas tienen el efecto de subvencionar de forma cruzada el precio pagado por las licencias en el mercado secundario. Dicho de otro modo, si el AMB tiene la intención de reformar seriamente el sistema, debe abordar el problema de raíz. Llevar a cabo esta reforma a expensas de los servicios VTC equivale a resolver el problema de manera superficial”, critica.

Tras la sentencia del máximo tribunal europeo, el Tribunal Superior de Cataluña deberá retomar el pleito planteado por la filial de Cabify y decidir si anula alguno de los preceptos del Reglamento de la AMB. De ser así, la empresa recurrente podría recuperar unos 1.000 vehículos que no se ajustaban a las normas de la AMB. La sentencia de Luxemburgo afecta no solo a Barcelona sino a toda España. Los juzgados que tramitan las miles de demandas de las empresas de VTC deberán ajustar sus decisiones al fallo europeo, aunque las administraciones y las asociaciones de taxistas pueden pleitear y llevar de nuevo los asuntos al Supremo, según fuentes jurídicas del sector de las VTC.

No es esta la primera vez que los tribunales europeos se pronuncian sobre el transporte urbano de pasajeros a través de plataformas digitales en Barcelona, como recordaba el abogado general. En diciembre de 2017, un fallo del TJUE aclaró que Uber era una empresa de transporte y no una mera plataforma de intermediación entre particulares. La consecuencia de esto fue que la compañía digital estadounidense quedaba obligada a trabajar con licencias, como las de VTC. En realidad, cuando llegó la sentencia, Uber ya operaba con VTC y, por tanto, casi no tuvo consecuencias prácticas. A partir de entonces, la batalla estaba en la cantidad de licencias que daban las Administraciones y si estas podían establecer restricciones.

España contaba a 1 de junio de 2023 con 18.490 licencias de VTC y 60.302 licencias de taxis, por lo que la proporción es de un VTC por cada 3,3 taxis. La Comunidad de Madrid concentra más de la mitad de las licencias VTC a escala nacional: hay 15.053 autorizaciones de taxi por 8.795 de VTC, lo que supone un ratio de 1 VTC por cada 1,7 taxis. Le sigue, en cifras absolutas, Andalucía con 8.704 taxis por 3.435 VTC (2,6), y Cataluña, con 11.824 taxis por 2.907 VTC (3,9). Por orden de ratio, aunque con muchas menos licencias, están Cantabria (2,9), La Rioja (3,1), Castilla La Mancha (4,3), Baleares (4,9), Navarra (5) y Comunidad Valenciana (5,9).

Taxis y VTC, todos contentos

Las reacciones a la sentencia han sido, paradójicamente, de satisfacción en ambos colectivos, puesto que cada uno se ha aferrado a la parte de la sentencia que más les beneficia. Élite Taxi, la organización más combativa de los taxistas de Barcelona, se ha agarrado a la segunda parte de la sentencia, la que autoriza una doble licencia para las VTC en determinados ámbitos. Por eso, su portavoz, Tito Álvarez, ha anunciado un parón del sector para el próximo miércoles, 14 de junio, con ocupación de la Gran Via y el Paseo de Gràcia de Barcelona y una protesta a pie ante la Delegación del Gobierno para presionar al Ministerio de Transportes a que posibilite esta doble regulación de licencias en el ámbito del transporte interurbano. Además, Álvarez ha recordado que ya no están atados por ese reglamento de la AMB, sino por la ley catalana. “En Cataluña se ha trabajado muy bien y aquí no va entrar ninguna VTC más. Ahora queda una pieza para cerrar el círculo y es que el Ministerio de Transportes dé poder a los ayuntamientos para que puedan poner numerus clausus a las licencias de VTC”, ha afirmado.

Por su parte, las patronales Feneval VTC y Unauto, se refirieron a la parte de la proporcionalidad. Las entidades, que representan a las empresas de VTC, celebraron la sentencia del Tribunal de Luxemburgo porque consideran que avala su posición de que cualquier restricción debe estar amparada en una razón imperiosa de interés general, que en ningún caso puede ser la protección de la viabilidad económica del sector del taxi. El fallo europeo pone en cuestión gran parte de las restricciones que en los últimos años las autoridades de Aragón, Baleares, Cataluña o Valencia han impuesto a las VTC, según estas organizaciones.

Sobre la exigencia de una segunda licencia para operar si persigue objetivos de buena gestión del transporte”, las patronales creen que es “algo que parece muy alejado de algunas restricciones recientes como la longitud mínima de los vehículos impuestas en el decreto ley de la Generalitat”.

El portavoz de Feneval VTC, Ignacio Manzano, destacó que “esta sentencia no hace sino demostrar que la regulación de algunas regiones españolas es contraria al Derecho español y europeo, y nos coloca a la cola de muchos países de la región en materia de movilidad y sostenibilidad”. Por su parte, Jose Manuel Berzal, portavoz de Unauto, sostuvo que, “tras esta sentencia, el regulador español deberá adaptar la normativa para que el número de licencias sea determinado en función de las necesidades de movilidad de los ciudadanos y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y no en base a los intereses de la minoría más radical del taxi”.

Un embrollo legislativo y judicial

R. M.

Para entender el conflicto de los VTC, hay que remontarse a 2009. Acosado por la crisis económica, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, incluyó entonces en una ley ómnibus de liberalización de los sectores económicos una normativa que daba vía libre a que los VTC, hasta entonces un sector minúsculo de coches de alquiler con conductor para empresas y eventos, se generalizara para el conjunto de la población, haciéndole la competencia al sector del taxi. Unos pocos empresarios avispados aprovecharon la oportunidad y se hicieron con miles de licencias prácticamente gratis. Las restricciones normativas que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy ante la airada protesta de los taxistas cortaron el grifo de las licencias, e hicieron multimillonarios de la noche a la mañana a los propietarios de las autorizaciones conseguidas bajo el mandato socialista. 

El conflicto se encarnizó en 2018, con fuertes protestas de los taxistas, que en algunos casos derivaron en incidentes violentos contra conductores y vehículos VTC. El Gobierno de Pedro Sánchez optó por lavarse las manos y ceder las competencias a las autonomías. Aunque promulgó un decreto ley, conocido como decreto Ábalos, por haber sido tramitado por el anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por el que se establecía un periodo transitorio de cuatro años para que las autonomías regularan la actividad de los VTC en trayectos urbanos, que venció el 1 de octubre de 2022. A falta de esa normativa regional, estos vehículos solo podrían realizar trayectos interurbanos, condenándolas en la práctica a la desaparición. 

Tras el fin de la prórroga, algunas autonomías como Madrid y, en menor medida, Andalucía, regularon a favor de la libertad de establecimiento, mientras que otras como Cataluña, País Vasco o Valencia impusieron normas muy restrictivas a los VTC.  Las empresas tienen recurrido en torno a 20.000 licencias presuntamente vencidas en los tribunales, que ahora deberán considerar el fallo europeo para decidir sobre las mismas. Se está jugando la supervivencia de un negocio que mueve 2.500 millones de euros al año y emplea a 60.000 personas. 

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