Los taxistas de Barcelona dicen que la sentencia europea no les afecta: “Aquí no nos van a invadir”

El líder de Elite Taxi, la organización de taxistas que lleva años capitaneando en Barcelona las negociaciones con la administración y las movilizaciones del sector, Alberto Tito Álvarez, ha asegurado que la sentencia europea que tumba la proporción entre una licencia de VTC (vehículos con conductor) 30 de taxis, no afecta al Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Álvarez ha comparecido este jueves a mediodía, se ha mostrado muy tranquilo e incluso “satisfecho con el contenido de la sentencia europea”. Ha argumentado que “el tribunal europeo se refiere al famoso reglamento de Ada Colau [el que fijaba la ratio 1/30], que se suspendió” y que en Barcelona manda “el decreto catalán” el que impone, cuestiones como una antigüedad de un año y que los VTC midan un mínimo de 4,9 metros (vehículos tipo furgoneta o de lujo).

Desde el gobierno de la alcaldesa de Barcelona en funciones, Ada Colau, ha respondido a la sentencia la teniente de alcalde de Urbanismo y Movilidad en funciones, Janet Sanz, que se ha pronunciado en la misma línea que el sector del taxi. Ha manifestado que la sentencia europea “blinda el trabajo realizado” realizado desde Barcelona y el Gobierno catalán. “Una normativa que permita regular y restringir la actividad de las VTC siempre y cuando esté garantizado el interés general: con criterios que ya establecíamos como el riesgo en cuestiones de congestión, contaminación o que no sea contraria a la oferta de transporte público”, ha dicho y ha afirmado que disponen de un informe que “justifica la necesidad de la restricción”. “El tribunal europeo confirma y clarifica que el trabajo hecho estos años en el AMB y Govern va en la buena dirección para evitar que se convierta en un problema para el sector, la ciudadanía y las administraciones”, ha celebrado y ha señalado que el informe apunta al impacto que las VTC donde no ha habido regulación: “Ha incrementado la competencia entre las VTC y el autobús urbano”. En realidad, con todo, en Barcelona nunca se ha cumplido la proporción 1/30. Hay 1.200 licencias de vehículos con conductor y 10.500 taxis, que sitúan la ratio en 1/8.

Mientras, el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) ha respondido a la sentencia que “deberá analizarla en detalle”, pero ha avanzado que si su reglamento incluía la proporción de una autorización de VTC por cada 30 de taxis fue porque lo incluía un decreto avalado por el Tribunal Supremo. En un breve comunicado de dos párrafos, sobre la autorización adicional o doble autorización, “sobre la que la sentencia apunta a que podría resultar necesaria para la buena gestión del transporte, el tráfico, el espacio público y la protección del medio ambiente”, apunta el organismo que “ya la reflejó en el Reglamento sobre las condiciones de explotación de las VTC”. “Además”, añade, “la autorización adicional ya se aplica con la autorización VTC de carácter urbano, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 9/2022″.

El decreto al que se refiere Elite Taxi, contra el que falló la Autoridad Catalana de la Competencia, se acordó en verano de 2022 entre el Govern (entonces de Junts y ERC) y el PSC, lo que llevó a Álvarez a pedir el voto en los pasados comicios municipales por el socialista Jaume Collboni, candidato para el Ayuntamiento de Barcelona. La sentencia, ha asegurado, “igual que dice que puede ir contra el Derecho Comunitario restringir por razones económicas y que no se puede restringir a las VTC por de número de taxis, también abre la puerta a que se pueda dar una doble autorización y se pueda restringir por los ayuntamientos por razones de congestión del tráfico, motivos medioambientales, ocupación del espacio público y seguridad vial”.

Unos informes que Álvarez asegura que tiene, facilitados por el Ayuntamiento de Barcelona desde el miércoles. “En Cataluña se ha trabajado muy bien y podemos neutralizar todas las VTC y no entrará ni una más, nos hemos adelantado”, ha celebrado. “Los taxistas en el AMB pueden estar muy tranquilos de que aquí no nos van a invadir, aquí se ha hecho un trabajo; como dije en su día: el decreto 9/2022 es una obra maestra y es el hijo del taxi y se está viendo con el tiempo”, ha añadido.

Con todo, Álvarez ha alertado de que para evitar que zonas turísticas (se ha referido a las costas Brava o Daurada o a Málaga) se llenen de VTC faltaría “una pieza en el puzzle”. “Que el Ministerio de Transportes”, que tiene las competencias en transporte interurbano, “tome cartas en el asunto, restrinja de alguna manera y no deje que el trabajo hecho desde el Parlament y AMB con todos los partidos ahora se vaya al traste”. La restricción, ha precisado, pasaría porque el ministerio “diera competencias a los Ayuntamientos para que puedan poner números en la Ley de Ordenación de los transportes terrestres”. Álvarez ha recordado a la ministra Raquel Sánchez su apoyo al PSC y que se acercan las elecciones generales “y está la cuenta atrás puesta, vamos a ir a saco”: “Les hemos apoyado, esperamos que ahora sea correspondido y la ministra catalana ponga orden a esto para toda España. No se pueden dejar las costas de nuestro país llenas de coches negros sin control en manos de plataformas con gente precarizada, no es de derechas o izquierdas, esto no puede ser y el Ministerio puede hacerlo”.

Para solidarizarse con el resto de taxistas, Elite taxi ha llamado a los de toda Cataluña a manifestarse el próximo miércoles en Barcelona “e ir a la delegación del Gobierno a exigir desde allí a la ministra que acabe con esta pesadilla y se quede el modelo de VTC tradicional conviviendo con el taxi como siempre, con límites. No puede ser que esto sea un cachondeo”.

También la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha valorado el pronunciamiento del tribunal europeo y ha asegurado que ”una buena oportunidad para emprender una revisión íntegra y procompetitiva” de la normativa que afecta a taxis y a VTC. La ACCO entiende que el pronunciamiento del TJUE va “en línea delo que siempre ha defendido”: que la regulación de este mercado es ”injustificadamente restrictiva y perjudica a los usuarios de los servicios de transporte de viajeros bajo demanda”. A su juicio, una “nueva normativa debería posibilitar el desarrollo de ambas actividades, reconociendo derechos y obligaciones equivalentes a los diferentes operadores, de manera que las limitaciones legales para operar (entendidas como barreras de entrada o requisitos de ejercicio) respeten los principios de no discriminación, necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión”, añade la ACCO.

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