Los VTC pasan del conflicto con el taxi a la guerra interna

Cabify pide medidas cautelares para recuperar los 1.000 coches de Auro que se han pasado a Uber, mientras desembarcan nuevos competidores como Bolt y se cierne el ultimátum normativo

Un vehículo del servicio de Cabify.
Un vehículo del servicio de Cabify.

Los Vehículos de Transporte Concertado (VTC) han iniciado un nuevo conflicto cuando sigue muy vigente su eterna pelea con el taxi. Esta vez se trata de una guerra civil con la llegada de nuevos competidores como Bolt y la ruptura de acuerdos para operar con exclusividad con cada una de las plataformas, como el que unía hasta ahora a Cabify y Auro. Desde el pasado viernes, día 20, Cabify dispone de 1.000 coches menos para operar, que han pasado a contratar con Uber, su máximo competidor.

La causa de esta adversidad es que Auro, el grupo propietario de 2.200 licencias fundado por José Antonio Parrondo —el que fuera presidente de la Gremial del Taxi de Madrid entre 2007 y 2009—, ha decidido romper el contrato de exclusividad que le ligaba a la plataforma. Los 1.000 coches de su filial Cibeles Comfort Cars apagaron la app de Cabify el pasado viernes, y encendieron la de su máximo rival, Uber, que se ve doblemente reforzado porque ya operaba en régimen de multiplataforma con gran parte de las otras 1.000 licencias que posee Auro en su otra filial.

Para entender este lío, hay que remontarse a 2009. Acosado por la crisis, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, incluyó en una ley ómnibus de liberalización de los sectores económicos una normativa que daba vía libre a que los VTC, hasta entonces un sector minúsculo de coches de alquiler con conductor para empresas y eventos, se generalizara para el conjunto de la población, haciéndole la competencia al sector del taxi. Unos pocos empresarios avispados aprovecharon la oportunidad y se hicieron con miles de licencias prácticamente gratis. Las restricciones normativas que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy ante la airada protesta de los taxistas cortaron el grifo de las licencias, e hicieron multimillonarios de la noche a la mañana a los propietarios de las autorizaciones conseguidas bajo el mandato socialista. Entre ellos estaba Parrondo, el combativo ex jefe de los taxistas madrileños. Sus empresas aportaban los coches y las licencias y plataformas como Uber y Cabify les facilitaban las aplicaciones para móvil para contratar el servicio online, aunque exigiendo exclusividad.

La madeja se ha complicado ahora. Cabify, además de la app, tiene su propia flota. Y Auro, descontento del rendimiento de su acuerdo para operar solo con Cabify, lanzó también su app —llamada Auro Viaje— y rompió el acuerdo de exclusividad que le ligaba a la plataforma de origen español, permitiendo que la mitad de su flota trabajara además para Uber. Ahora consuma su rebelión y desde el viernes pasado ha cerrado la app de Cabify de sus otras 1.000 licencias, que han pasado a operar con Uber y con Auro.

Cabify, que confirma que los coches de Cibeles se han desconectado de la plataforma, va a interponer medidas cautelares en los juzgados para que su hasta ahora socio tenga que dar marcha atrás y respetar el acuerdo de exclusividad, informaron fuentes de la plataforma. Un acuerdo que tampoco ha sido respetado por la otra gran filial del grupo —Auro New Transport—, que trabaja en régimen de multiplataforma con parte de su flota, según pudo constatar este diario.

Aunque es un golpe duro, el alcance es limitado, porque la flota de Cibeles Comfort Cars solo representa el 20% del total de los coches que funcionan con la app de Cabify en Madrid y, un porcentaje sensiblemente menor a escala nacional, donde opera en las diez principales capitales, incluidas Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, según las mismas fuentes. Los automóviles de Cibeles solo prestan servicio en la capital de España.

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En el conflicto jurídico que les enfrenta ambas partes esgrimen resoluciones encontradas. Auro dispone de un laudo arbitral para su otra filial que declaraba nula la cláusula de no competencia que se había establecido en el contrato que sellaron ambas compañías en 2017. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló ese laudo en noviembre de 2021. En cuanto a la otra filial, Cabify y Cibeles se sometieron a otro proceso arbitral a finales de junio de 2021 que resultó favorable a la plataforma en todos sus puntos, según fuentes de la misma. La resolución especificaba que no concurrían las causas de terminación del contrato alegadas entonces por Cibeles y que le llevaron a desconectar su flota durante casi cinco meses desde marzo de 2020, y que las sociedades de su grupo empresarial no pueden operar bajo ninguna plataforma de intermediación tecnológica distinta a Cabify. Ahora Cabify va a presentar medidas cautelares contra la nueva desconexión de Cibeles y Auro ha anunciado que llevará el asunto ante el Tribunal Constitucional.

Nuevos competidores

La batalla en los tribunales coincide con el desembarco de nuevos competidores. Tras la consolidación de Free Now como alternativa de los taxistas, ha llegado la estonia Bolt, que ya alquilaba bicis y patinetes en varias ciudades españolas, y desde el pasado verano puso en circulación su servicio de VTC y taxis en Madrid. Para hacerse un hueco en el mercado, la plataforma estonia viene aplicando fuertes descuentos promocionales sobre las tarifas de Uber y Cabify y controla, además, una moderna flota. Bolt no es la única que quiere entrar en el reparto del pastel de la movilidad urbana. La británica-israelí Gett ha anunciado a sus inversores que aterrizará en España durante la primera mitad de 2022, en lo que será una expansión por Europa que incluye también Francia, Alemania e Italia.

Y como telón de fondo se cierne la amenaza de la arbitrariedad de las Administraciones, que hace peligrar el negocio de todas las VTC. Al acoso normativo que sufren en ayuntamientos gobernados por socialistas o nacionalistas como Barcelona, Valencia o Bilbao para impedir su actividad, se une la incertidumbre del ultimátum provocado por la ley aprobada por el anterior ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Acosado por las protestas de los taxistas, que bloquearon vías principales de ciudades como Madrid y Barcelona, el Gobierno aprobó en 2018 el Real Decreto Ley 13/2018 —conocido como decreto Ábalos— que prohibía con carácter general a los coches VTC realizar trayectos urbanos más allá del 1 de octubre de 2022.

El decreto pasaba la patata caliente a las comunidades autónomas para regular y decidir si ampliaban ese plazo para que las VTC pudieran seguir operando. Salvo la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso ha certificado que no se prohibirá la actividad de los VTC, el resto de autonomías aún no ha aclarado cuál será su actuación. Y algunas como Cataluña, País Vasco o Valencia han esgrimido un fundamentalismo gremialista a favor del taxi que dibuja un futuro negro para las VTC. Se están jugando la supervivencia de un negocio que mueve 2.500 millones de euros al año y emplea a 60.000 personas, según los datos de la patronal Aseval.

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Sobre la firma

Ramón Muñoz

Es periodista de la sección de Economía, especializado en Telecomunicaciones y Transporte. Ha desarrollado su carrera en varios medios como Europa Press, El Mundo y ahora EL PAÍS. Es también autor del libro 'España, destino Tercer Mundo'.

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