Con la melodía de Verano Azul de fondo, su lema de campaña, Alberto Núñez Feijóo ha entrado en la mañana de este lunes en la sala de conferencias de Seat, en Barcelona, con uno de los anuncios más esperados bajo el brazo: el de su programa económico. Entre otra veintena de medidas, y después de meses reiterando su intención de reducir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el presidente del PP ha prometido, a menos de un mes de las elecciones generales del 23 de julio, una rebaja del IRPF para un colectivo concreto: quienes cobren menos de 40.000 euros brutos al año. La rebaja fiscal impregna las líneas del plan estratégico de Feijóo, que pasa por acabar con “el populismo económico” del Gobierno de coalición. “Con estos cinco años perdidos, la economía española se ha estancado, se está empobreciendo y alejando del resto de Europa”, ha cargado Feijóo, que ha evitado responder a preguntas sobre los pactos con Vox en los Ejecutivos autonómicos y tampoco ha desvelado quién sería el responsable económico de su hipotético Gabinete.

Antes de desgranar su programa, el líder del principal partido de la oposición ha enumerado los indicadores económicos que, a juicio de los populares, hacen de España un país en el que se ha “empobrecido a las familias”: una caída de la inversión y del consumo privado, el alto paro juvenil y el déficit público. Desde el equipo de Feijóo entienden que la solución es generar un contexto “atractivo” para las empresas. “Hemos de fomentar que el sector privado cree empleo de calidad”, ha dicho Feijóo. La meta de los populares es “superar los 22 millones de afiliados” a la Seguridad Social al acabar la legislatura y hacer que la economía española sea una de las tres “que más crezca de la UE”. Para conseguir este objetivo, el presidente del PP considera necesario garantizar “la seguridad jurídica” y recuperar “los cimientos básicos de la credibilidad como país” para “garantizar la solidez de las instituciones”, gobernando ”de manera responsable, rigurosa y transparente”.

España es el país con la tasa de paro más elevada de la UE (12,9% en 2022), pero la afiliación a la Seguridad Social está en máximos. El número de ocupados marcó en mayo un récord de 20,8 millones, la cifra más alta de siempre y un 9% más con respecto a 2018. En junio de ese año, cuando triunfó la moción de censura promovida por el PSOE, la cifra se situaba en los 19 millones, más o menos el mismo nivel registrado en enero de 2020, cuando Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno de coalición. Si se compara con abril de 2020, en pleno inicio del confinamiento, el repunte en el volumen de trabajadores ha sido del 12,8%. La promesa de Feijóo —que ha vuelto a sugerir que la cifra de fijos discontinuos maquilla los datos de empleo— supondría un incremento más moderado: del 5,6%. “Su objetivo de crecimiento del empleo supondría un 1,3% medio anual en 4 años. En 5 años, desde junio 2018, el crecimiento medio ha sido casi del doble (2%), gestionando además los efectos económicos de la pandemia y la guerra en Ucrania”, ha replicado este lunes José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, a través de su perfil de Twitter.

Feijóo ha sumado después novedades concretas como la citada bajada del IRPF, que pretende acometer en los primeros 100 días de gobierno, en contraposición a las “40 subidas impositivas” que, ha afirmado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a cabo a lo largo de la legislatura entre nuevos impuestos e incrementos de los vigentes. El Ejecutivo de coalición elevó en 2021 el impuesto sobre la renta —tanto del trabajo como del ahorro— a quienes más ingresan. Con esta medida ha conseguido 339 millones más en recaudación en 2022, sobre un total de 255.463 millones del acumulado del ejercicio por todos los tributos. Para este año ha vuelto a subir los tipos a las rentas de capital más elevadas y, a la vez, ha aplicado una rebaja para trabajadores con sueldos inferiores a los 21.000 euros, con un coste estimado de unos 1.881 millones para las arcas públicas.

Feijóo ha dicho que eliminará “los nuevos impuestos tal y como se han planteado contra las personas y determinados sectores”, en referencia a los nuevos tributos temporales a grandes fortunas, banca y energéticas. Juan Bravo, el vicesecretario de Economía del PP, descartó la semana pasada derogar el gravamen a las entidades financieras si su partido llega a gobernar. Hasta abrió la puerta a alargarlo después de 2024 —el mismo calendario que tiene marcado el Ejecutivo—, en función de la situación económica, aunque criticó la forma en la que se ha diseñado la tasa.

Además, de llegar a La Moncloa, Feijóo impulsará una “racionalización” de las normativas autonómicas para que permisos y licencias obtenidos en una comunidad sean válidos automáticamente en otra; la creación de un organismo regulador de coordinación del agua para establecer mecanismos comunes del uso del agua en todo el país, un cheque de formación para desempleados, un PERTE (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) para el sector turístico y un plan de atracción del talento y de empresas emergentes basado también en la reducción impositiva. También ha prometido rebajas fiscales para trabajadores autónomos y bonificaciones a cuenta de los fondos europeos para aquellas empresas que realicen inversiones.

Revertir “el desmantelamiento” de las centrales nucleares

“Será una política de mi Gobierno revertir el desmantelamiento previsto y la prolongación de la vida de nuestras centrales nucleares”, ha añadido el candidato a la presidencia para el PP en referencia al cierre previsto de las plantas nucleares, que dejarán de funcionar de forma escalonada entre 2027 y 2035, según el actual plan de desmantelamiento. Feijóo ha señalado que no se puede desenchufar “el 21% de la energía instalada en España sin tener otro 21% susceptible de funcionar con energía renovable”. Ha alertado que, de hacerlo, el precio de la energía “subirá de forma exponencial” y España dejará de ser una potencia energética capaz de retener industria. ”La transición [ecológica], como su propio nombre indica, no pasa por cambios abruptos y repentinos”, ha dicho.

El actual Gobierno de coalición pactó en 2019 con las propietarias de las centrales nucleares (que son las tres principales compañías eléctricas) un calendario del cierre progresivo de las cinco instalaciones nucleares del país, que comenzará en 2027 y culminará a mediados de la década próxima. No cerrarán todas a la vez y la potencia eléctrica que generan se irá sustituyendo por otras tecnologías, principalmente renovables y almacenamiento. Pero el PP lleva años manteniendo que no se debe cumplir ese calendario y se debería ir más allá (sin aclarar hasta cuándo ni si esto está acordado con las empresas). Para ampliar la vida de las centrales se necesita hacer inversiones y en el pasado las empresas eléctricas habían dejado claro que no les salen las cuentas. Ahora, tras insistir los populares en que su intención es no cumplir con ese calendario de cierre, los responsables de algunas de estas compañías, como Enel e Iberdrola, han dicho que, si se cambia la retribución que reciben estas centrales y se disminuye la presión fiscal, podrían continuar con su actividad, informa Manuel Planelles.

Sánchez respondió a la propuesta del PP de extender la vida de las centrales nucleares dirigiendo una pregunta a los populares: “¿Quién va a pagar eso? ¿Los ciudadanos o el Estado? Porque en el largo plazo el coste de producción por energía nuclear es mucho más caro que en las renovables y tendrán que explicar quién lo va a pagar”. El presidente del Gobierno ha calificado de “drama” que “la derecha española no sea como la alemana, que ve en la transición ecológica una oportunidad”, informa José M. Abad Liñán.

“Revertir” la actividad legislativa

Feijóo pretende “revertir” la actividad legislativa del Gobierno de coalición, al que ha acusado de multiplicar la aprobación de leyes y normas. “Hay una regla muy fácil: por cada ley o reglamento que aprobemos tenemos que derogar tres”, ha sostenido el líder del PP, que en materia económica ha prometido borrar del mapa la Ley de Vivienda y ha reiterado en la necesidad de una ley para desalojar a okupas en 24 horas, así como dotar de más recursos a las fuerzas de seguridad. Eso sí, ha prometido conservar “los avances que, debido a la pandemia, se produjeron en algunas áreas en toda Europa”, como España. No ha desvelado aún quién será el responsable económico del PP en caso de acceder a La Moncloa. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, pidió precisamente este domingo a Feijóo que despejara la incógnita y avisó de que un Gobierno de PP y Vox tras el 23-J “supondría un frenazo” de los fondos europeos.

La elección de Barcelona para avanzar las líneas centrales del programa económico obedece al interés de los populares por “relanzar” su proyección económica, lastrada, a su entender, por el procés independentista. “Yo no estoy de acuerdo en esto, aspiro a que los catalanes vivan mejor, tengan mejores y más empresas y servicios públicos, y recuperen la unidad”, ha subrayado Feijóo, que ha cargado contra el Gobierno central, como viene haciendo en los últimos días, por “mentir” y “colonizar las instituciones”.