Joaquín Pérez Rey: “Quien se salga del acuerdo para subir el salario mínimo pagará el precio”

El número dos del Ministerio de Trabajo, Joaquín Pérez Rey (Madrid, 51 años), recibió a EL PAÍS en su despacho este miércoles, solo dos días después de que Glovo anunciase que contratará a sus repartidores. “Tenemos una oportunidad para que las calles no se llenen de emprendedores sin derechos”, dice el secretario de Estado de Trabajo, antes de abordar otros asuntos que le ocuparán el resto de la legislatura, como el “inminente” acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada a 37,5 horas semanales —“esperamos que esté en vigor antes del verano de 2025″—; la reforma de la indemnización por despido; la salud del mercado laboral o el reto que suponen los algoritmos.

Pregunta. ¿Cómo se sintió al leer el comunicado de Glovo?

Respuesta. Satisfecho. Demuestra que los pulsos a la democracia y la Constitución se pierden, por muy grande que sea tu empresa. Obviamente para mí fue muy satisfactorio, después de una batalla que ha sido larga y complicada, que tiene como hitos fundamentales la ley rider o la reforma del Código Penal. Ahora sabemos que empresas que estaban acostumbradas a pasearse por los despachos de los ministerios sin que nadie nunca les dijera que no, pues esta vez se les haya dicho que no y hayan cumplido con el mandato que les han dado.

P. Delivery Hero, propietaria de Glovo, ha provisionado hasta 770 millones de euros para hacer frente a cotizaciones impagadas, multas, etcétera. ¿Es esa la cifra que adeuda?

R. Hay que distinguir dos cifras: la que deriva de las cotizaciones impagadas, que vamos a regularizar y que gira en torno a los 267 millones de euros, y luego están las sanciones. Es pronto para dar una cifra global.

P. Hay tres grandes actores en el delivery: Just Eat, que no opera con autónomos; Glovo, que acaba de anunciar el cambio en su modelo; y Uber Eats, que aún recurre a autónomos. ¿Es la siguiente tarea de Inspección?

R. Si hay alguna otra empresa, con independencia de su tamaño o de su fuerza, que está incumpliendo la ley rider en este momento, sobre ella caerá también el peso de la ley con toda su intensidad. No va a haber excepciones. Una multinacional del peso y el tamaño de Delivery Hero dice claramente que puede seguir haciendo su negocio respetando los derechos laborales. Es la primera vez que reconocen que no hay ninguna incompatibilidad entre la garantía de los derechos laborales y las nuevas formas de empleo. Es un mensaje para España y para el conjunto de Europa.

P. Vienen apuntando a otros sectores que mezclan plataformas y precariedad, más allá del reparto. Los especialistas apuntan que cada vez son más, como la fisioterapia, la psicología o el periodismo. ¿Les preocupa que el fenómeno no pare de crecer?

R. Esta especie de plataformización del trabajo va a ser una tendencia inevitable y frente a la cual el Ministerio de Trabajo no pretende hacer ninguna suerte de ludismo tecnológico. No solo no rechazamos el avance tecnológico, sino que estamos convencidos de que es positivo para la productividad. Ahora bien, cuando alguien con la intermediación de una plataforma o sin ella recibe órdenes, está en el marco de una relación laboral. Tiene que tener los derechos de una relación laboral. Estés en el sector de la limpieza, de la ingeniería, del asesoramiento jurídico o de la hostelería.

P. ¿Cuándo se concretará la trasposición de la directiva europea de plataformas?

R. Se acaba de publicar en el en el Boletín Oficial de la Unión Europea, pero los trabajos destinados a trasponer esta directiva van a comenzar inmediatamente. De hecho, vamos a reactivar nuestra comisión de expertos sobre el uso de algoritmos en las relaciones laborales, encargándole que también incorporen a su estudio la inteligencia artificial. Vamos a trabajar en una propuesta de transposición que, junto con el refuerzo de la laboralidad en plataformas distintas del delivery, establezca un mecanismo de transparencia algorítmica. España ha sido pionera también en esto. Tenemos que tender a garantizar auditorías algorítmicas, supervisión humana de todos los mecanismos que inciden en las relaciones laborales y que ese derecho de los representantes de los trabajadores pueda ser utilizado con eficacia.

P. ¿Cómo se va a implementar esto?

R. Cuando una empresa toma una decisión que afecta a las condiciones de trabajo de uno de sus empleados, tiene derecho a conocer la causa. Me da igual que las tome una persona o un algoritmo. Tanto a los representantes de los trabajadores como a la inspección, las empresas tendrán que desvelar las razones de sus mecanismos automatizados. Un trabajador tiene derecho a saber por qué se ve perjudicado en una prima anti absentismo; por qué se está tomando una decisión que puede acabar con su despido; o por qué se me dice que tengo un descenso en mi rendimiento. A nosotros no nos interesa desvelar los secretos industriales de las empresas, pero sí saber cuándo esos elementos tienen incidencia laboral.

P. Anunció que el acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada era “inminente”. ¿Tienen una fecha prevista para el anuncio del acuerdo?

R. Creo que es cuestión de días que podamos alcanzar un acuerdo que fije lo que queremos hacer desde el inicio: que en 2025 la jornada legal en España sea de 37,5 horas, que esa jornada se cumpla, que hagamos también una ambiciosa reforma del registro horario y que garanticemos la desconexión digital.

P. ¿Antes de final de año?

R. Sí, antes de fin de año habrá acuerdo con las organizaciones sindicales.

P. ¿Irá al Consejo de Ministros antes de final de año?

R. Vamos a intentarlo por todos los medios. Si no es a final de año, será nada más empezar 2025.

P. ¿Se arrepiente de haber alargado tanto la negociación, de haber dado tanta cancha a los empresarios? Se ha llevado por delante el compromiso inicial de las 38,5 horas este año.

R. No. El Ministerio de Trabajo ha hecho un esfuerzo ímprobo por incorporar a la patronal a un acuerdo. Eso nos ha obligado a saltarnos la la fase intermedia, pero creo que por encima de eso estaba dar todas las oportunidades posibles al diálogo social. Lo hemos intentado hasta la extenuación y solo un veto de carácter ideológico de la patronal española justifica que hoy no puedan participar de una reducción de jornada que reclama unánimemente el conjunto de la ciudadanía española.

P. Han empezado a hablar con los grupos políticos del Congreso. ¿Qué reciben de Junts y el PP?

R. Tenemos contactos frecuentes con las fuerzas políticas. El test parlamentario fue la proposición no de ley de Sumar que dio el resultado que dio [todos los socios del Gobierno votaron a favor en febrero, salvo Junts, que se abstuvo, como el PP; Vox votó en contra] y por tanto eso me da esperanzas en que obtendremos el resultado parlamentario. Creo que hasta el PP es consciente de que esto es algo que no le puede negar a los españoles.

P. ¿Se podrán recuperar las ayudas a pymes en la negociación parlamentaria?

R. Como todas las negociaciones, habrá que ver cuáles son sus derroteros. No es descartable. Pueden ser las ayudas o pueden ser otros elementos que aún no hemos planteado.

P. ¿Estará vigente antes del verano?

R. La reducción de jornada va a estar vigente en 2025. Si logramos avanzar en términos parlamentarios lo más rápido posible, estará cuanto antes. Realizamos el proceso legislativo de manera urgente. Nos vamos a volcar para obtener el respaldo mayoritario de las fuerzas políticas a la mayor brevedad y esperamos, desde luego, que sea antes del verano.

P. ¿En qué están pensando para que el registro sea interoperable para la Inspección? ¿Una red similar a la de la Seguridad Social?

R. Con Glovo el Ministerio de Trabajo demuestra que no le gustan las normas destinadas a adornar. Entre otras cosas, para evitar la competencia desleal y garantizar unas relaciones laborales adecuadas. El registro es clave para que esto suceda en tiempo de trabajo. ¿Cómo haremos esa interoperabilidad? Lo hemos puesto esto en manos de expertos, que nos harán una propuesta de cómo ajustar el registro horario. Pero la interoperabilidad es muy clara. Los protocolos de los registros digitales de las empresas tienen que tener un código que permita a la Inspección acceder a los mismos en remoto. Esto, en plena revolución de las comunicaciones, no parece ser un gran inconveniente. Modelos como el de la Seguridad Social ya demuestran esa capacidad de interconexión entre empresas e instituciones públicas.

P. El Consejo de Europa pide a España que cambie su normativa de indemnización por despido. Es, además, un compromiso del acuerdo de Gobierno. ¿A qué están esperando?

R. Nuestro compromiso con la Carta Social Europea es un compromiso muy firme. Creo que por un motivo de prudencia teníamos que esperar a que se despejara definitivamente la posición del Comité Europeo de Derechos Sociales, con la decisión del Consejo de Ministros [del Consejo de Europa] pidiendo a España un cambio en el despido. Vamos a terminar con la reducción de jornada y abriremos la mesa de diálogo social para que el despido en España cumpla con los estándares europeos, que sea disuasorio y repare eficazmente el daño.

P. Economía no comparte esta posición. ¿Han hablado de ello desde la petición del Consejo de Europa? ¿Están más cerca las posturas dentro del Gobierno?

R. Que el despido en España no cumple con la Carta Social Europea no es una opinión. Ni del Ministerio de Trabajo, ni del Ministerio de Economía. Es una afirmación incontrovertible del Comité Europeo de Derechos Sociales y del Consejo de Ministros del Consejo de Europa. No es un problema de si estamos de acuerdo, es un problema de cumplir con nuestras obligaciones internacionales. Cuando en el programa de Gobierno se dijo que España cumpliría en materia de despido con la Carta Social Europea, obviamente todo el mundo sabe que nos referíamos precisamente al escenario que se acaba de producir.

P. ¿Va subir el salario mínimo en torno a un 4%, en línea con el resto de salarios, o van a llegar al 5% o 6% que piden los sindicatos?

R. Vamos a escuchar a la comisión de expertos. Lo que quiero es que los expertos me digan cómo el salario mínimo no pierde poder adquisitivo y cómo garantizamos seguir cumpliendo con la Carta Social Europea [que represente el 60% del salario medio]. Una vez que tengamos la opinión de los expertos, iremos a la mesa de diálogo social y haremos todo lo posible para alcanzar un acuerdo.

P. La propia ministra desveló el año pasado que hubiera estado dispuesta a firmar a un incremento menor del salario mínimo si la patronal hubiera entrado en el acuerdo. ¿Mantienen esta estrategia?

R. Nadie que se siente en la mesa de diálogo social tiene derecho de veto y, obviamente, quien se queda fuera de la negociación tiene que asumir el coste que eso supone. ¿Qué factura le pasó a la patronal hace un año por estas fechas? Fue muy nítido y muy visible en la última negociación del SMI, donde efectivamente una propuesta del 4% que podría haber sido transitable acabó con una subida del 5%. Eso pasará también en la reducción de jornada. Y pasa como siempre que uno se sale de un acuerdo: paga el precio de no acordar, de su autoexclusión. Esto no es una revancha del ministerio, es el propio equilibrio de la negociación. Si la patronal no entra, es evidente que nos obliga a alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales. Y ese acuerdo ya no tiene en cuenta de la manera que lo debería haber tenido los intereses de quien se queda fuera de ese equilibrio.

P. ¿Cómo prevén que evolucione el mercado laboral el año que viene? ¿Se mantendrá el ritmo de creación de medio millón de empleos al año? ¿Ven síntomas de agotamiento?

R. Hay un elemento que debemos tener en cuenta: tenemos prácticamente 22 millones de ocupados según la EPA. Rajoy soñaba con una España de 20 millones de ocupados. Con un récord de población activa, con más mujeres trabajando que nunca, con una reducción significativa del desempleo juvenil y con una diferencia fundamental, que ese trabajo reposa sobre empleo estable y de calidad. No soy adivino, pero nada nos hace pensar que el empleo vaya a frenarse en los próximos tiempos. A la vista de lo que nos dicen los organismos internacionales parece justo lo contrario.

P. Hace ya un año y medio que presentaron el acuerdo con los sindicatos para sacar adelante el estatuto del becario. Aún no está en aplicación, algo que no ha pasado con ningún otro pacto del diálogo social. ¿Cómo es posible?

R. El ministerio suscribió un acuerdo con las organizaciones sindicales al final de la legislatura pasada y entre medias se nos introdujo un proceso electoral y la formación de un nuevo gobierno. Efectivamente, nunca nos hemos retrasado tanto en dar cumplimiento a un acuerdo de diálogo social, pero nunca ninguno ha tenido una coyuntura tan accidentada. Hay un compromiso no solo de la vicepresidenta, también del presidente, que puso el estatuto del becario como una prioridad. Ya tenemos hecho el trámite de consulta pública. Haremos los últimos ajustes técnicos sobre el texto que pactamos con los sindicatos, le daremos su tramitación y cumpliremos con el compromiso del Gobierno de coalición y con el acuerdo que tenemos con las organizaciones sindicales.

P. Con lo que está explicando, entiendo que van a aprobar el texto que pactaron con los sindicatos. ¿Le consta que lo acepte la parte socialista del Gobierno?

R. A mí me consta lo que ha dicho el presidente del Gobierno públicamente, que es su compromiso con el estatuto del becario, y me consta lo que está en el programa de coalición. Yo hablo con papeles y declaraciones públicas.