Glovo anuncia que abandona su modelo de falsos autónomos un día antes de que su fundador declare en un proceso penal

La empresa de reparto Glovo ha anunciado que deja atrás su modelo de falsos autónomos, por el que acumula millones de euros en sanciones de Inspección y cotizaciones impagadas y por el que su consejero delegado, Oscar Pierre, está siendo investigado en un proceso penal, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores. La empresa de origen catalán hace este anuncio solo un día antes de la cita de Pierre ante el juez. A partir de ahora, explica la compañía, pasan a un modelo 100% laboral, en el que sus repartidores serán trabajadores con contratos al uso, sin autónomos de por medio. El Ministerio de Trabajo estima que este anuncio de Glovo significará la regularización de 60.000 trabajadores, “el movimiento afiliativo más importante de las historia de España”, ha dicho la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz.

“La tecnológica española Glovo ha decidido impulsar un nuevo modelo en España que permitirá la operativa con repartidores laborales. Esta decisión y apuesta se produce como parte de su firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país”, dice Glovo en un comunicado enviado a los medios este lunes. “El cambio de modelo”, prosigue la compañía, “incluirá la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que actualmente superan las 900, y se aplicará a todas las verticales de la aplicación. El nuevo modelo mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país”.

Glovo asegura que está preparada para que su servicio “se desarrolle como hasta el momento” con este cambio de modelo, “manteniendo métricas tan relevantes como los tiempos de entrega o la disponibilidad de repartidores en cualquier momento del día, entre otras”. Asimismo, la empresa anuncia que abrirá una diálogo con los agentes sociales “para dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso”. La empresa no concreta fechas para su cambio de modelo.

La propietaria de Glovo, Delivery Hero, también ha emitido un comunicado en el que anuncia que el cambio tendrá un impacto de “aproximadamente 100 millones de euros en el EBITDA ajustado para el ejercicio fiscal de 2025″. A la vez, eleva las provisiones de gasto por el impacto de multas, reclamaciones de IVA y cotizaciones atrasadas a la Seguridad Social de una horquilla de 330 a 550 millones a otra que va de 440 a 770 millones. “Hoy, la dirección de Glovo ha decidido cambiar del modelo freelance a un modelo basado en empleo para sus repartidores en España, con el fin de evitar más incertidumbres legales que pudieran aumentar las contingencias”, añade Delivery Hero en su comunicado.

Además, este lunes ha trascendido que Just Eat, que sí contrata a su repartidores, denunció el viernes a Glovo por competencia desleal y le reclama 295 millones de euros en daños y perjuicios. “Numerosas sentencias han condenado a Glovo por contratar a repartidores como falsos autónomos y vulnerar la normativa de Derecho Laboral. Esto sitúa a Just Eat España en una clara situación de desventaja competitiva, ya que Just Eat España, tal y como exige la ley, sí contrata a los repartidores por cuenta ajena, incurriendo en elevados costes adicionales”, dice Just Eat España en su comunicación. La empresa calcula que Glovo ha ahorrado más de 645 millones de euros con sus falsos autónomos en los últimos años, “lo que ha permitido a Glovo adquirir una ventaja competitiva significativa”.

Díaz ha opinado sobre el anuncio de Glovo desde Bruselas: “Un joven que transitaba en una bicicleta con un móvil en su mano, en cualquier ciudad del mundo, no es un emprendedor. Hechos hecho normas que así lo disponen. Por fin lo hemos conseguido, ninguna empresa por grande que sea, por mucho poder que tenga, puede imponerse a la democracia”. Ha indicado que Glovo va a regularizar a más de 60.000 repartidores, una cifra que la propia Glovo no precisa. “Es el movimiento afiliativo más importante de la historia de España”. Hasta abril, según detalló Inspección a este periódico, el organismo había regularizado a 41.000 repartidores de Glovo desde la fundación de la compañía, en 2015.

La vicepresidenta segunda ha agradecido “a los centenares de inspectores que se han dejado la piel para que esta empresa cumpla con la legalidad vigente; el principio de legalidad se impone”. Asimismo, Díaz ha explicado que esto implica una recaudación de 267 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social, sin contar el costes de las sanciones administrativas. Glovo no precisa cuántos repartidores empleo. Los expertos del sector suelen señalar que a la cifra de cuentas oficiales, hay que sumar muchos repartidores más por el alquiler de cuentas a terceras personas, normalmente a inmigrantes que en ocasiones carecen de permiso de trabajo.

Supremo, ley rider y proceso penal

El Gobierno aprobó la ley rider en 2021 para que los repartidores que operan como falsos autónomos estén protegidos por un contrato de trabajo en lugar de uno mercantil. Pero Glovo, la principal empresa del sector, viene ignorando la nueva legislación, a pesar de las millonarias multas impuestas por Inspección de Trabajo y la sentencia del Supremo de 2020 que reconocía la laboralidad de la relación de la empresa y sus repartidores.

Ante ese empeño en esquivar la legislación, el Ejecutivo puso en marcha el pasado verano “la vía penal”, según dijo a EL PAÍS el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. “Hemos requerido formalmente a estas empresas que cumplan con la ley para que sean conscientes de que si no lo hacen, ya no es un problema solo de sanciones económicas, sino también un problema de sanciones penales”, comentó en una entrevista con este periódico.

El Gobierno acababa de cambiar el Código Penal para reforzar el castigo a estrategias como la de Glovo. Desde enero de 2023 se amenaza con penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a 12 meses a “los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.

La investigación penal en marcha deriva de un informe elaborado por Inspección y que entregó a la Fiscalía General del Estado en octubre de 2023, que detalla cientos de casos concretos de empleados que deberían ser asalariados, pero reparten para Glovo como trabajadores por cuenta propia. La Fiscalía de Barcelona acusa a Pierre de “menoscabar y suprimir” los derechos laborales de sus repartidores. Además, el ministerio público consideraba “indiscutible” que los riders son empleados por cuenta ajena.

“Hemos tenido que modificar el Código Penal para mandar un mensaje fuerte a las empresas. Lo que sirve en España sirve el conjunto de grandes tecnológicas del mundo”, ha comentado la ministra de Trabajo. Díaz ha precisado que este movimiento de Glovo no detiene ninguna de las reclamaciones de Inspección ni el proceso penal en curso.