Delivery Hero mantiene a Oscar Pierre al frente de Glovo tres meses después de la denuncia de la Fiscalía

El modelo laboral de Glovo “constituye una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena”, según la Fiscalía Provincial de Barcelona. Hace ya tres meses que el ministerio público cristalizó este diagnóstico en un escrito de denuncia, que motivó la apertura de diligencias en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona. La denuncia advierte un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y apunta al máximo responsable de la compañía de reparto, Oscar Pierre, consejero delegado y cofundador de la empresa. Por encima de él hay otra autoridad, que puede decidir sobre su continuidad. Glovo es propiedad de la compañía alemana Delivery Hero, que mantiene en el puesto a Pierre pese al inicio de esta investigación penal.

A la pregunta directa de este periódico sobre si hay cambios previstos al frente de Glovo o si Delivery Hero está reflexionando al respecto, un portavoz de la compañía alemana se limita a la siguiente comunicación: “Respecto a este tema no tenemos nada que comentar en este momento”. La Fiscalía indica que la investigación es reservada y que aún es pronto para conocer su resolución. Así, Pierre aún está lejos de clarificar su situación. Glovo ha preferido no pronunciarse para este artículo. Según adelantó El Periódico, Pierre declarará ante el juez el lunes 16 de septiembre.

Delivery Hero adquirió la startup catalana por cerca de 1.000 millones de euros en la Nochevieja de 2021. Entonces ya hacía más de un año que el Tribunal Supremo reconocía la laboralidad de la relación de la empresa y sus repartidores en España, y también hacía meses que se había aprobado la ley rider, que apoyaron los sindicatos, la patronal y la mayoría del Congreso

En los últimos años se han ido sucediendo las multas de Inspección de Trabajo y Seguridad Social a Glovo por su modelo laboral, mediante falsos autónomos a juicio del Ministerio de Trabajo pero que la empresa sigue considerando empleados por cuenta propia. Según reconoció Delivery Hero en su informe del primer semestre, Glovo se enfrenta a potenciales multas por importe de 953 millones de euros, que tendrían que ser sufragadas por la empresa alemana y que casi empatan con lo que pagó por la compañía. Estas posibles multas se componen de, según la propia empresa alemana, un máximo de 550 millones por el sistema de contratación y otros 400 por la investigación en curso de la Comisión Europea.

Pero el señalamiento de la Fiscalía a Pierre avanza por otro carril, por el de la justicia penal, por el cambio que introdujo el Gobierno en el Código Penal en enero de 2023. El ministerio público acusa a Pierre de un delito contra los derechos de los trabajadores sobre la base del artículo 311, que castiga con penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a 12 meses a “los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.

Poco después, en octubre de 2023, el ministerio que dirige Yolanda Díaz entregó a la Fiscalía General del Estado un informe en el que detallaba cientos de casos concretos de empleados que, a su juicio, deberían ser asalariados pero reparten para Glovo como trabajadores por cuenta propia. Este análisis llegó a la Unidad de seguridad y salud en el trabajo “por si los hechos denunciados pudieran ser delito contra los derechos de los trabajadores”, y a la vista del informe de ese departamento, la denuncia fue remitida a la Fiscalía Provincial de Barcelona a principios de enero, que empezó su investigación en febrero de 2024. En julio abrió diligencias un juzgado de Barcelona.

“Reducir sus costes empresariales”

“Para la realización de los servicios”, indica la Fiscalía de Barcelona en su escrito fechado a 13 de junio, “Glovo utiliza trabajadores a los que exige su alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia de la Seguridad Social [el de autónomos], estableciendo con ellos una relación en apariencia mercantil que le permite reducir sus costes empresariales, al no garantizar un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada, y al poder dejar de ingresar a la Seguridad Social las cantidades correspondientes a las cotizaciones laborales de tales personas”.

“Glovo continúa manteniendo la misma relación de trabajo con sus trabajadores, incluso en fecha posterior a 12 de enero de 2023″, agrega en referencia a la fecha en que cambió el Código Penal. Considera que sus empleados se “siguen viendo obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa, lo cual constituye una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección de la Seguridad Social”.

El ministerio público afirma que la condición de empleados por cuenta ajena de los repartidos de Glovo es “indiscutible, por haber sido declarada por los órganos judiciales competentes en la materia”, y refuerza esta idea a continuación: “El hecho de carecer los repartidores de una organización de trabajo propia, al prestar sus servicios dentro de la implementada por la empresa Glovo, la cual dirige y organiza sus trabajos diarios a través de la plataforma digital de obligada utilización, donde se determina la forma y el precio del servicio de recogida y entrega de productos, y se establece un sistema de control del proceso productivo por medio de la gestión algorítmica del servicio”.

La Fiscalía pide que se tome declaración en calidad de investigado a Oscar Pierre y también requiere la declaración de varios testigos para que expliquen si han seguido operando como falsos autónomos para Glovo desde el cambio del Código Penal.

Hasta principios de abril Inspección ha ordenado el alta de oficio de 40.889 repartidores de Glovo, todos ellos desde que la empresa empezó su actividad en 2014. Para poner en contexto esta cifra conviene precisar que la compañía de origen catalán emplea actualmente a unos 12.000 repartidores, cifra que la empresa prefiere no detallar. Los expertos del sector señalan que el número real de riders es aún mayor, dado el alquiler de cuentas a terceras personas, normalmente a inmigrantes que en ocasiones carecen de permiso de trabajo.