Glovo, Uber y Cabify no garantizan el salario mínimo y no protegen a sus trabajadores de los riesgos laborales, según un estudio de la Complutense

Glovo no garantiza que sus trabajadores ganen al menos el salario mínimo, ni mucho menos una retribución justa después de gastos, ni mitiga los riesgos del trabajo, ni proporciona una red de seguridad social, ni condiciones contractuales claras, ni procedimientos adecuados para la toma de decisiones, ni un proceso administrativo equitativo, ni asegura la libertad de asociación y expresión de los trabajadores, ni promueve la gobernanza democrática, ni evita las clausulas abusivas. Como incumple en estas diez variables, la empresa de reparto obtiene un cero sobre diez en el examen al que le ha sometido un grupo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y que ha sido difundido este jueves. Es la peor nota posible. El análisis también suspende las condiciones laborales de otras grandes plataformas que operan en España, como Uber y Cabify, que solo respetan dos de las diez variables analizadas. Retrata un panorama desolador respecto a las condiciones de trabajo en estas compañías. Just Eat es la única gran plataforma que aprueba, con siete puntos.

“Hay plataformas que cumplen y dan unas condiciones de trabajo aceptables a sus empleados, como Just Eat, y otras que no lo hacen”, resume el coinvestigador principal, Arturo Lahera, que comparte el liderazgo del proyecto con el también profesor de la Complutense Alberto Riesco. Una de las fortalezas de la investigación es que se basa en un examen con estándares globales, los que impone el proyecto Fairwork. Es una idea impulsada y coordinada por el Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, que consiste en evaluar las condiciones de trabajo en plataformas mediante diez puntos específicos. Lahera y Riesco han hecho ese ejercicio en España adoptando los criterios de la universidad británica, apoyados por la financiación del sindicato CC OO. Han analizado siete plataformas, mediante entrevistas con las compañías y con empleados: las de reparto Just Eat, Glovo y La Pájara; las de transporte Cabify y Uber; la de limpieza MyPoppins; y la de mudanzas y montajes TaskRabbit.

La cooperativa La Pájara obtiene la mejor nota de las plataformas analizadas, ya que cumple ocho de las diez variables analizadas. Es más apropiado decir que cumplía, ya que en enero echó el cierre, pero aún seguía abierta durante la elaboración del estudio. Era un actor pequeño en el sector, a diferencia de Just Eat, la otra plataforma que destaca por una valoración positiva. Cumple siete de las diez exigencias de Fairwork, entre las que destaca el pago de retribuciones acorde al salario mínimo. El estudio subraya que las tablas salariales provienen de un acuerdo con los sindicatos, “lo que implica simultáneamente tanto el reconocimiento de la dependencia y subordinación de los repartidores en una relación laboral, como el reconocimiento de la negociación colectiva”. A la vez, Lahera y Riesco precisan que muchos de los repartidores de esta compañía están empleados a tiempo parcial: “Just Eat garantiza salarios a su personal de reparto por encima del salario mínimo, pero por debajo de lo que sería un salario vital suficiente”.

Just Eat también ha implantado una política de prevención de riesgos laborales, da cobertura de seguridad social a los empleados y les proporciona condiciones contractuales claras. El cumplimiento de la ley rider por parte de Just Eat implica, dice el estudio, “que sus condiciones de trabajo y empleo, siguiendo los criterios de evaluación de Fairwork, sean significativamente más garantistas y protectoras que las de otras plataformas”. A la vez, como suele destacar la propia compañía, por ello incurren en más costes operativos que sus competidores.

Glovo no cumple ni una sola de las exigencias del estudio para asignar puntos. Respecto a retribuciones, el análisis considera que Glovo no abona ni el salario mínimo: “Las evidencias recogidas en nuestro trabajo de campo muestran que los ingresos reales que perciben los trabajadores (entre los 3,4 euros y los 5,3 euros netos [por hora]) se sitúan por debajo del salario mínimo interprofesional (7,7 euros brutos en 2022)”. Un factor clave en esta retribución tan baja es que la empresa solo paga por pedido, no cubre los periodos en los que el repartidor está esperando, aunque con la normativa en la mano ello también sea tiempo de trabajo.

Además, el estudio también advierte fallas en la seguridad de los repartidores: “Glovo no cuenta con una política adecuada de prevención de riesgos laborales para el grueso de sus repartidores. La formación recibida es limitada y la plataforma no se responsabiliza del estado de los vehículos empleados en el reparto”.

Uber y Cabify, dos sobre diez

El otro gran actor en el reparto de comida a domicilio en España es Uber Eats, pero no forma parte del estudio. Los autores no querían que el diagnóstico se limitase al reparto, de ahí que analicen a ese grupo por su actividad de transporte. Y ahí Uber tampoco cumple. Solo obtiene una valoración positiva en cuanto a la representación justa de los trabajadores. Suspende en materia retributiva, ya que, según las estimaciones de los investigadores, un conductor de Uber tiene que echar más de 60 horas semanales para obtener ingresos “ligeramente superiores al salario mínimo”. Tampoco cumple en prevención de riesgos laborales: “El sistema de remuneración salarial de una parte fija y una variable promueve jornadas de trabajo muy extensas que reducen los tiempos de descanso e incrementan los riesgos de sufrir un accidente”. Esta intensificación, diagnostican los investigadores, “promueve también la asunción de riesgos en la conducción que incrementa la posibilidad de sufrir un accidente, así como los riesgos psicosociales”.

Es un análisis parecido al que Lahera y Riesco hacen de las condiciones laborales en Cabify. Aunque estos conductores están sujetos en la Comunidad de Madrid a un convenio que establecía un salario base de 14.720 euros en 2022, ligeramente por encima del SMI de ese año (14.000), hay factores que diluyen esas ganancias. “El sistema de remuneración que aplica la plataforma exige al trabajador alcanzar un umbral mínimo de facturación a la semana para poder cobrar su salario base. El problema que hemos detectado es que el mínimo de facturación exigido es muy elevado y todas las personas entrevistadas afirman tener que efectuar largas jornadas de trabajo, unas 12 horas diarias”, señalan los investigadores. En las entrevistas a estos trabajadores han certificado, además, que “algunas tareas que deberían ser consideradas como tiempo de trabajo efectivo, como el repostaje de gasolina o la limpieza del vehículo, no siempre son remuneradas, al igual que los tiempos dedicados a atender las instrucciones de la empresa o devolver el vehículo al finalizar el turno”.

El estudio también aborda las condiciones de trabajo en plataformas más pequeñas, la de limpieza MyPoppins (que quebró en abril) y la de montaje y mudanzas TaskRabbit, propiedad de Ikea. La primera, como Glovo, incumple en todas las variables analizadas, mientras que la segunda obtiene un raquítico dos sobre diez.

Conclusiones negativas

Los investigadores hacen un diagnóstico muy negativo del panorama general: “A pesar de los avances registrados desde la aprobación de la ley rider, las condiciones de trabajo y empleo en la economía de plataforma en España resultan aún bastante precarias, contando con estándares laborales bastante modestos”. Ponen como ejemplo el hecho de que Just Eat salga tan bien parada, cuando “se limita, en realidad, a aplicar la legislación laboral vigente, alejándose muy poco de los estándares mínimos que son de obligado cumplimiento”. Por ello, Lahera y Riesco consideran que “el espacio de mejora de la protección del trabajo en la economía de plataforma es aún amplio”. Una de las líneas que señalan es que el paraguas protectores de la ley rider debe trascender al delivery y alcanzar al resto de de plataformas, justo lo que sucederá cuando se transponga la nueva normativa europea recientemente aprobada.

“Bajos salarios; jornadas de trabajo insuficientes o excesivas; tiempo de trabajo no retribuido; insuficiente protección frente a los riesgos laborales; amplia presencia de falsos autónomos y de subcontratación; cambios unilaterales de las condiciones de trabajo y presencia de cláusulas abusivas en los contratos de condiciones de uso facilitados; precario reconocimiento de derechos colectivos de representación y negociación colectiva... Muchos de estos problemas persisten incluso en aquellas plataformas y sectores donde sí se reconoce el carácter asalariado de la relación laboral y existe representación sindical”, insisten.

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