La Fiscalía de Barcelona abre una investigación a Glovo por operar con falsos autónomos

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto una investigación a Glovo por operar con falsos autónomos, lo que la legislación laboral prohíbe y el Código Penal castiga desde la reforma de 2022 con penas de cárcel de seis meses a seis años. Esta investigación deriva del informe elaborado por Inspección de Trabajo y que entregó a la Fiscalía General del Estado en octubre de 2023 y que, como adelantó este periódico este miércoles, detalla cientos de casos concretos de empleados que deberían ser asalariados, pero reparten para Glovo como trabajadores por cuenta propia. Este proceso penal se suma a las millonarias sanciones impuestas por Inspección, de en torno a 253 millones de euros sumando la liquidación de cuotas a la Seguridad Social.

De momento, las diligencias de investigación tienen carácter reservado. Una vez concluyan, la Fiscalía decidirá si archiva o si interpone denuncia o querella, informan fuentes de la Fiscalía de Barcelona.

Esta investigación viene motivada por el informe que Trabajo trasladó a la Fiscalía General del Estado, en el que explicaba los delitos que detecta en el proceder de Glovo. “Según las actuaciones inspectoras, esta empresa podría vulnerar el Código Penal por no atender los requerimientos que se le han realizado para que reconozca como trabajadores por cuenta ajena a sus repartidores”, explican fuentes del ministerio. Glovo dice que no conoce esta cuestión ni ha recibido ninguna información al respecto.

La Fiscalía General del Estado recibió el informe de Trabajo en octubre de 2023 y lo trasladó a la Unidad de seguridad y salud en el trabajo “por si los hechos denunciados pudieran ser delito contra los derechos de los trabajadores”. A la vista del informe de ese departamento, la denuncia fue remitida a la Fiscalía Provincial de Barcelona a principios de enero. La Fiscalía de Barcelona explica que empezó su investigación en febrero.

El Gobierno aprobó la ley rider en 2021 para que los repartidores que operan como falsos autónomos estén protegidos por un contrato de trabajo en lugar del mercantil. Pero Glovo, la principal empresa del sector, ignora la nueva legislación, a pesar de las millonarias multas impuestas por Inspección de Trabajo y la sentencia del Supremo de 2020 que reconocía la laboralidad de la relación de la empresa y sus repartidores. Ante ese empeño en esquivar la legislación, el Ejecutivo puso en marcha el pasado verano “la vía penal”, según adelantó a EL PAÍS el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. “Hemos requerido formalmente a estas empresas que cumplan con la ley para que sean conscientes de que si no lo hacen, ya no es un problema solo de sanciones económicas, sino también un problema de sanciones penales”, dijo en una entrevista con este periódico.

Desde el ministerio detallaban que ese aviso a Glovo “era la antesala de la aplicación del artículo 311.2 del Código Penal, recientemente modificado; si estos requerimientos no fructifican, trasladaremos a la Fiscalía la documentación pertinente para que ejerza las acciones oportunas atendiendo a esta nueva regulación penal”. Dado que la empresa sigue funcionando con autónomos, Trabajo cumplió su amenaza.

“Glovo no es conocedor de esta cuestión”, dijeron fuentes de la compañía este martes a EL PAÍS, ante la pregunta sobre el traslado del informe a la Fiscalía General del Estado. “No hemos recibido ninguna información ni notificación al respecto. En caso de producirse, estudiaremos su contenido. Como siempre hemos hecho, reiteramos nuestra entera disposición para mantener un diálogo abierto y constructivo con las administraciones y agentes de nuestro país para así, entre todos, seguir construyendo el presente y el futuro de la economía digital”, añaden las mismas fuentes.

Más allá de la vía penal, según ha podido saber este periódico, Glovo acumula unos 253 millones de euros en sanciones impuestas por Inspección por el uso de falsos autónomos. La última trascendió en enero, por emplear de manera fraudulenta a 49 repartidores en Asturias. Es el primer castigo por hechos posteriores a la aprobación de la ley rider.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal