El rechazo de la patronal a reducir la jornada deja las ayudas a pymes pendientes del Congreso

El Ministerio de Trabajo tiene vía libre para pactar solo con los sindicatos la reducción de la jornada laboral. El rechazo que la patronal dio este martes a participar en un acuerdo tripartito para implantar esta medida ha alterado el equilibrio de la negociación, dando más fuerza a los representantes de los trabajadores. El propio secretario de Estado de Trabajo lo reconoció ya el martes: “Naturalmente, para alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales tendremos que establecer algunas medidas que se acomoden a lo que piden”. Y añadió Joaquín Pérez Rey: “Sin la patronal dentro, no estarán dispuestos [los sindicatos] a asumir algunas de las medidas que hay ahí”. Se refería, sin nombrarlas, a las ayudas a las pymes con las que Trabajo ha intentado hasta el último momento seducir a la patronal. Estas se caerán casi con toda seguridad del texto final que el ministerio acuerde con los representantes de los trabajadores, según varias fuentes consultadas, aunque en el entorno empresarial advierten que eso complicará aún más el ya empedrado camino parlamentario que debe afrontar la medida. Esta necesitará el voto favorable de toda la mayoría de investidura, incluyendo a PNV y Junts. Y por eso nadie se atreve a descartar que durante la tramitación en el Congreso resuciten las ayudas a las empresas.

Pérez Rey ya sugirió tras la última reunión tripartita que las ayudas a pymes (bonificación de la cotización de las nuevas contrataciones e inyecciones directas de hasta 6.000 euros) se podían desvanecer de la propuesta de Trabajo si los patronos no respaldaban un acuerdo tripartito. Y su vaticinio sobre la postura que adoptarían los sindicatos se ha cumplido. “Nosotros representamos a las personas trabajadoras, son las que nos proporcionan la legitimidad. No está en nuestro papel negociar medidas destinadas a las empresas que tienen su propia representación. Entendemos que no nos corresponde”, explican fuentes sindicales. “No vamos a defender esas ayudas. Si el Gobierno las quiere mantener será cosa suya, pero nuestro hipotético acuerdo pasa por la reducción de jornada y el control horario”, añaden desde la representación de los trabajadores. La lógica de las centrales es que no es razonable hacer cesiones a las empresas si estas no se comprometen con el pacto.

El Ministerio de Trabajo señala que mantendrá las ayudas a pymes en su propuesta. Dicho de otra forma, mantendrá la que era su última oferta. Pero esta propuesta, como reconoció el secretario de Estado, era fruto de meses de unas negociaciones que arrancaron en enero, y del intento de atraer a la CEOE. “Las posiciones del ministerio se han movido y han intentado genuinamente alcanzar un acuerdo”, dijo Pérez Rey. Por eso, una vez el Comité Ejecutivo de la principal patronal española rechazó participar del acuerdo, las fuentes consultadas dan por sentado que las ayudas se caerán del texto final que pacten Ejecutivo y sindicatos.

Al Parlamento

El acuerdo de Gobierno con los agentes sociales se intentará cerrar en la próxima reunión, prevista para este lunes, con la puerta patronal cerrada y la sindical abierta de par en par. De ahí, el texto pasará a la pantalla parlamentaria. La reforma del Estatuto de los Trabajadores (que regula la jornada ordinaria, ahora de 40 horas) exige el voto favorable del Congreso de los Diputados. Y si el Gobierno quiere cumplir su promesa, que las 38,5 horas semanales se apliquen en 2024 y las 37,5 horas en 2025, se deberá dar mucha prisa. Díaz ya adelantó que presentarán el anteproyecto de ley por vía de urgencia para acortar los plazos.

Dando por descontado el apoyo de la izquierda, las dudas están en el resto del arco parlamentario, donde el Gobierno necesita algún apoyo para alcanzar la mayoría. Esta no está asegurada, según un sondeo de este periódico, a los grupos para conocer su postura. El PP no especifica qué votará, pero fuentes del diálogo social ven imposible esta vía, pese al escarceo de Alberto Núñez Feijóo con la concentración de la jornada laboral en cuatro días. El motivo es que no consideran viable que el grupo popular respalde la medida estrella del pacto de Gobierno, y menos después de que la patronal la haya rechazado.

Esto dejaría al Gobierno en manos de PNV y Junts, dos de sus socios de investidura. Los primeros, que gobiernan el País Vasco con el PSOE, suelen apoyar al Ejecutivo, pero han sembrado dudas sobre su respaldo a la medida. En febrero, el partido vasco apoyó una iniciativa de Sumar que instaba al Gobierno a reducir la jornada y el 22 de octubre el líder de la formación, Andoni Ortuzar, dijo que “en principio” el partido es favorable a dar su respaldo. Sin embargo, ese mismo día desde el partido se matizó la posición subrayando la importancia de que se alcanzara un pacto en el diálogo social. Preguntado por su posición actual, el grupo parlamentario vasco evita pronunciarse hasta conocer el texto definitivo.

Junts tampoco precisa qué votará, pero fuentes empresariales ven “clarísimo” que el partido de Carles Puigdemont rechazará la propuesta del Gobierno. Tampoco creen esas fuentes que un hipotético apoyo del grupo catalán a los Presupuestos pueda ir asociado a un respaldo a la reducción de jornada. Una de las frases más repetidas por el líder patronal, Antonio Garamendi, desde que empezó la negociación, ha sido: “Vete al Parlamento y que te lo aprueben”. En repetidas ocasiones, el dirigente de CEOE ha animado al ministerio a llevar un acuerdo con los sindicatos al Congreso.

Por eso en Trabajo no descartan que las ayudas a pymes, incluso si caen en la negociación con los sindicatos, se recuperen durante el trámite parlamentario. Sería una manera de atraer a los partidos nacionalistas de derechas. Pero, dado que la oferta no ha sido suficiente para cambiar la posición de las patronales, otras fuentes plantean dudas sobre el poder de convicción que puedan tener sobre el PP o Junts.

Idas y venidas

El rechazo patronal a la última propuesta de Trabajo culmina una negociación larga, de casi 11 meses. Primero intentaron ponerse de acuerdo sindicatos y patronales por su cuenta, pero no lo consiguieron. En junio el ministerio puso un primer texto encima de la mesa, que ya alejaba a los empresarios porque descartaba aumentar el máximo de horas extra anuales (como reclamaban los empresarios). Antes del verano el pacto parecía imposible, con durísimos reproches cruzados entre el ministerio y la patronal, pero el tono bajó después de que el PSOE pidiera paciencia a Trabajo para atraer a los empresarios. Con los sindicatos dando por imposible el acuerdo, dada la distancia en las posiciones de cada parte, Trabajo transmitió optimismo hasta octubre. “Estoy absolutamente convencida de que hay posibilidad de acuerdo en esta materia en nuestro país. Ojalá avancemos, no me voy a levantar de esta mesa. Tengo una paciencia infinita”, dijo Díaz. Fuentes del diálogo social no entienden por qué el ministerio transmitió ese grado de esperanza, ya que en “ningún momento” han visto cerca un pacto a tres bandas.

La propuesta del Gobierno mantiene las horas extra en las 80 que actualmente recoge como máximo la legislación, da flexibilidad para que la reducción se aplique en cómputo anual y refuerza el registro horario, de manera que las sanciones se den por empleado y no por empresa (lo que aumentaría mucho el coste en castigos). Además, quiere que el sistema de registro de horarios sea digital y que Inspección pueda acceder a él directamente para monitorizar incumplimientos. La patronal defiende que los cambios en la jornada laboral son patrimonio de la negociación colectiva y que se deben emplazar en ese marco, sin bajadas unilaterales. Argumentan que en los sectores más productivos, los que consiguen hacer más en menos tiempo, la jornada pactada ya se ha reducido sin necesidad de cambios legales. Sindicatos y ministerio contraponen que justo ello refuerza la necesidad de la modificación normativa, ya que la negociación colectiva nunca conseguirá reducir la jornada en los sectores más precarios.