Antoni Costa: “El cupo vasco tiene cobertura constitucional, pero no es generalizable”

“El Ministerio de Hacienda no tiene la voluntad de liderar ninguna reforma del sistema de financiación autonómico”, zanja Antoni Costa (Ibiza, 47 años), consejero de Economía, Hacienda e Innovación y portavoz del Gobierno balear (PP), al ser preguntado sobre la reunión que las comunidades mantuvieron con el Ministerio de Hacienda hace dos semanas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano donde se debaten estas cuestiones. En una entrevista por videoconferencia, plantea que variables como la insularidad o la población tengan más peso en el modelo, defiende una mayor autonomía tributaria para las comunidades y rechaza una financiación singular para Cataluña.“No es aceptable que, por el hecho de que hay una investidura en Cataluña, se negocie bilateralmente con una comunidad”.

Pregunta. ¿Cómo salió del CPFF?

Respuesta Bastante pesimista. Vimos que el Ministerio de Hacienda no tiene la voluntad de liderar ninguna reforma del sistema de financiación autonómico desde la multilateralidad. Sí apreciamos, aunque la ministra lo negase, cierta voluntad de negociar con Cataluña una posible reforma bilateralmente.

P. ¿Cree que Hacienda tiene en mente una reforma para todas las comunidades?

R. A la ministra [María Jesús] Montero le preguntamos si existía voluntad de abrir la negociación de la reforma y, en caso hubiese voluntad, cuál era su propuesta, al menos las grandes líneas. No obtuvimos respuesta, pero tenemos clarísimo que es Hacienda quien debe liderar la reforma, porque siempre ha sido así. Y siempre se ha negociado desde el CPFF.

P. Montero dice que la reforma es complicada también porque las comunidades del PP, que son mayoría, no se ponen de acuerdo.

R. Es más una excusa que una razón real. En todas las reformas, las comunidades han hecho sus planteamientos. En el CPFF se puso de manifiesto que todas estamos dispuestas a ceder. Empecemos a negociar. En 2009 también había discrepancias y las comunidades se entendieron. Estoy seguro de que se entenderían también ahora.

P. ¿Y cuál es el planteamiento de Baleares?

R. La variable insularidad debe tener un peso superior en el sistema y también el crecimiento poblacional. Hay una España que se vacía, pero hay también una que se llena. Tenemos 18 millones de turistas. Esta población flotante utiliza los servicios públicos, supone un coste añadido para las arcas autonómicas. Y el coste de la vida no es el mismo en todas las comunidades. Pero son planteamientos que se pueden someter a negociación, no son líneas rojas.

Por otra parte, defendemos la autonomía fiscal. Incluso que es necesario aumentarla, por ejemplo en los tributos cedidos tradicionales, como el impuesto de sucesiones y donaciones, que debería ser propio de cada comunidad. No aceptaremos en ningún caso que se impongan unos tipos mínimos de tributación. También hemos defendido un sistema con nivelación parcial o con respeto al principio de ordinalidad. Somos la segunda comunidad con mayor capacidad fiscal, pero la novena o décima en cuanto a financiación.

P. También Cataluña defiende la ordinalidad. ¿Qué opina de su propuesta de financiación singular?

Respuesta. No planteamos recaudar todos los impuestos que se generen en Baleares, sino los tributos que tenemos asignados. No discutimos que el Estado tenga sus propias bases impositivas aquí. Cataluña plantea una cesión de todos los impuestos, al estilo del cupo vasco o de la aportación navarra. De hecho, nos hemos opuesto al sistema de cupo porque entendemos que no es generalizable. En ningún país federal del mundo los gobiernos subcentrales, en nuestro caso las comunidades, recaudan todos los impuestos y el central ninguno.

P. ¿Debería reformarse también el régimen foral? ¿O al menos el cálculo del cupo y la aportación?

R. El cupo vasco y la aportación navarra se negocian bilateralmente con el Estado. Así lo dispone la Constitución. ¿Convendría que tuviesen un componente de solidaridad más o menos equivalente al del resto de comunidades? Creo que es deseable, pero no ponemos en duda algo que está en la Constitución. Ahora bien, este sistema tiene cobertura constitucional, pero no es generalizable y las negociaciones del sistema del resto de comunidades siempre se han hecho con carácter multilateral. No es aceptable que, por haber una investidura en Cataluña, se negocie bilateralmente con una comunidad.

P. La ministra negó en el CPFF una negociación bilateral entre Cataluña y el Estado; dijo que las conversaciones son entre PSC y ERC.

R. No tenemos por qué dudar de la palabra de la ministra. Ahora bien, la consejera de Cataluña dice que las negociaciones son con el Estado y el PSC no puede negociar algo que afecta a todos. La Generalitat y ERC saben perfectamente que el PSC no puede ofrecer lo que no tiene a disposición, que es la reforma del sistema.

P. ¿Los recursos del sistema son suficientes? ¿El Gobierno debería poner más dinero sobre la mesa?

R. La evidencia empírica nos dice que, en todas las reformas, el Estado ha puesto más dinero. La elasticidad de los impuestos ha provocado que la recaudación del Estado sea muy superior a la de las comunidades. Lo lógico sería que haya una inyección en el sistema.

P. Otro asunto pendiente es la condonación de la deuda autonómica.

R. Si se plantea, que se debata en el CPFF y haya unos criterios de reparto iguales para todos. Afecta a todas las comunidades, no puede ser que quien fije los importes sea un acuerdo entre el partido socialista y ERC.

P. Han aplicado una fuerte rebaja fiscal al llegar al gobierno. ¿Qué resultados esperan?

R. Cumplimos con nuestra palabra. Nuestro programa de gobierno ponía claramente que íbamos a bajar impuestos, concretamente que eliminaríamos el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Lo hicimos el 18 de julio de 2023. Además, hemos rebajado el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). El impacto de la reforma, cuando esté plenamente implantado, será de unos 200 millones anuales. Sin embargo, no ha impedido cerrar 2023 con superávit presupuestario, que prevemos también en 2024. Al mismo tiempo, hemos incrementado los presupuestos de 2024. Por lo tanto, hemos rebajado los impuestos e incrementado el gasto, y al mismo tiempo saneado las cuentas públicas.

P. Dice que las comunidades deberían tener más autonomía tributaria.

R. Mi opinión es que los tributos tradicionales cedidos, y los más importantes son el impuesto sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones e ITP y AJD, pasen a ser calificados como tributos propios. La capacidad normativa de las comunidades debería ser plena en estos impuestos. También hay que avanzar en el IRPF. El sistema de entregas a cuenta ha fracasado estrepitosamente. La parte que corresponde a la comunidad estaría bien que llegase no dos años después, sino en el propio ejercicio en el que los contribuyentes están pagando las retenciones. Incluso que tengamos alguna capacidad normativa en la base del ahorro.

P. ¿Van a poder aprobar los presupuestos de 2025 ahora que Vox ha roto los pactos de gobierno en las comunidades?

R. Nosotros teníamos un pacto externo. Ya hemos publicado la orden de elaboración de los presupuestos de 2025 ynuestra intención es negociar con todos los grupos parlamentarios. No tenemos ningún compromiso con Vox, porque unilateralmente rompió el pacto. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora: gobernar en minoría y negociar.

P. Ha habido movilizaciones en contra del turismo masivo. ¿La tasa turística es suficiente?

R. Hemos dicho públicamente que vamos a tomar medidas contundentes, de calado, pero no vamos a anticiparlas. Tenemos una mesa donde hay representación de todos los partidos, la sociedad civil, agentes económicos, sociales...

P. ¿Dentro de este debate se incluye también la vivienda?

R. La presión sobre el precio de la vivienda no solo es imputable al turismo. Tenemos un crecimiento poblacional que es de los más elevados de España. Hay mucha demanda y escasa oferta, y eso tensa los precios. Hace falta aumentar la oferta de vivienda con más garantías y facilidades a los arrendadores, básicamente pequeños, para que pongan sus viviendas en el mercado. También es necesario levantar más vivienda. Tenemos un decreto ley para cambiar el uso de locales, levantar viviendas en más alturas... Esta tensión no se resuelve en un año, pero las bases están puestas.

P. ¿No ven necesidad de poner restricciones a los pisos turísticos?

R. La lucha contra los pisos ilegales será incansable. También contra el intrusismo en el conjunto de actividades económicas.

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