El cobro de los impuestos, llave para investir a Salvador Illa en Cataluña

Si la investidura de Pedro Sánchez en 2023 parecía imposible, la de Salvador Illa en 2024 no está siendo más sencilla. Entonces, el PSOE tuvo que ceder mucho y aceptar una amnistía para el procés que siempre había rechazado. Ahora, los socialistas de nuevo están dispuestos a conceder algo que los políticos catalanes llevan soñando muchos años pero jamás se había materializado en democracia: que la Generalitat pueda cobrar impuestos que son titularidad del Estado y no están cedidos a esta comunidad, al menos una parte de ellos.

No sería un concierto como el vasco —allí las diputaciones cobran y gestionan todos los tributos y luego dan una parte del dinero al Estado en concepto de distintos gastos comunes—, que el PSOE ha rechazado de plano, y habrá que ver en qué se materializa y cómo: qué impuestos, qué porcentaje, qué limites hay para gastarlo, cómo se gestiona el cobro y el gasto. Pero diversas fuentes cercanas a la negociación coinciden en que en las últimas semanas sí se ha aceptado el principio político que exigía ERC, lo que ellos llaman “soberanía fiscal”, esto es, que la Generalitat pueda cobrar una parte de los tributos, en especial el IRPF, el más importante.

En realidad, este ha sido siempre el corazón de todas las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat desde que se recuperó la democracia en 1978. En 1996, para ser presidente, José María Aznar cedió el 30% de la recaudación del IRPF en Cataluña a Jordi Pujol, algo que después se extendería a todas las comunidades. Más tarde, en 2000, Aznar aumentó esa cesión al 33%, además del 35% del IVA. En 2006, José Luis Rodríguez Zapatero pactó de nuevo con CiU subir esa cesión del IRPF y del IVA hasta el 50%. Las demás autonomías, también las del PP, que protestaron mucho, se acabaron beneficiando porque el modelo se extendió a todos, y es el que está vigente ahora.

Pero había una diferencia muy importante en esos acuerdos: hasta ahora se mantenía el principio de que el Estado recauda y la Generalitat recibe parte de esos recursos para ejercer sus propias políticas. Y este es el cambio decisivo que se está negociando en estas horas, con todos los detalles aún por conocer y en medio de un gran secretismo: que la Generalitat recaude, al menos la parte cedida de los impuestos o de algunos de ellos.

Con el tiempo se vería qué consecuencias prácticas implicaría una decisión así para todo el modelo de financiación, que tiene en la letra pequeña y en la aplicación práctica el verdadero meollo, pero el PSOE y el PSC parecen convencidos de que vale la pena hacer este gesto político porque lograr que un grupo independentista como ERC apoye la investidura de un socialista como Illa es, en opinión de los socialistas, un cierre definitivo al procés de 2017. El de Cataluña es un problema político y se resuelve con política, suele insistir Sánchez.

De hecho, estas mismas fuentes apuntan que, si Mariano Rajoy hubiera iniciado en 2012 una negociación como la que están haciendo ahora el PSC y ERC, con esta “financiación singular” encima de la mesa, es posible imaginar que el procés habría sido muy diferente o nunca habría llegado a explotar. En ese año, Artur Mas, líder de CiU y president, fue a La Moncloa con la propuesta del llamado “pacto fiscal”, muy similar a la petición de máximos de ERC en esta negociación, y recibió un no rotundo de Rajoy. Mas decidió convocar elecciones y a partir de ahí los acontecimientos se complicaron cada vez más hasta explotar en 2017, ya con Carles Puigdemont en la Generalitat.

Dificultades para cerrar

El acuerdo, que está siendo muy difícil de cerrar y que incluye muchas más cosas que la financiación —políticas de defensa del catalán, desarrollo de infraestructuras, líneas generales de Presupuestos en Cataluña, cuestiones políticas del reconocimiento nacional—, ha llegado a su momento decisivo. La idea inicial era cerrarlo el fin de semana para que ERC pudiera discutirlo el lunes en su Ejecutiva, trasladarlo a la votación de las bases a finales de semana y, si estas lo aprobaban, convocar la investidura la siguiente semana, el paso más delicado de todos. Pero nada está cerrado hasta que todo está cerrado, y en el último momento llegan síntomas de dificultades para cerrar la cuestión más delicada, la financiación.

El PSC es quien negocia, con Illa y su equipo a la cabeza, pero detrás está Hacienda con María Jesús Montero al frente, y Félix Bolaños como el interlocutor designado por Sánchez para todo lo que tiene que ver con ERC. Montero ya ha dejado claro públicamente cuál es su límite. “No estoy de acuerdo con una suerte de concierto económico para Cataluña”, dijo tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal. En la batalla de los detalles de esta fórmula que no es un concierto pero sí parece un salto importante es donde se juega en estas horas la investidura de Illa.

Para cerrar un acuerdo que hace unas semanas parecía imposible, el PSC, el PSOE y ERC tendrán que superar un ambiente de enorme presión contra esta investidura, similar al que se vivió cuando Pedro Sánchez estaba a punto de hacerse por tercera vez con la presidencia, en noviembre de 2023. Entonces entraron en juego algunos jueces —Manuel García-Castellón imputó por terrorismo a Carles Puigdemont en la semana decisiva— y ahora también son muy relevantes, porque el Tribunal Supremo ha impedido de momento la amnistía para el expresident y para otros políticos como Oriol Junqueras, de ERC, mientras otros tribunales sí la están aplicando.

Esa decisión del Supremo puede ser muy relevante para la investidura de Illa, porque Puigdemont ha confirmado que se presentará en Cataluña en unos días y casi sin duda será detenido. La imagen del expresident entrando en la cárcel puede tener una influencia decisiva en el voto de las bases de ERC, el último escollo para la investidura de Illa. Si los 8.700 militantes republicanos rechazan el acuerdo con el PSC —si es que finalmente se cierra—, ya no habrá marcha atrás: la repetición electoral será prácticamente inevitable y con ella una nueva inestabilidad para la legislatura de Sánchez. Nadie oculta, ni siquiera en el entorno de Puigdemont, que van a hacer todo lo posible por tumbar el acuerdo PSC-ERC. Y la entrada en la cárcel del expresident tendría efectos imprevisibles en el delicado equilibrio de la política catalana. “Haremos todo lo que podamos para que Illa no sea presidente”, dijo el sábado Jordi Turull, secretario general de Junts.

Junts tiene además otra carta con la que jugar para complicar las cosas: si lo que pactan ERC y el PSC conlleva alguna reforma legal importante —en especial, la de la LOFCA, la ley que rige la financiación autonómica—, es muy difícil pensar que esta pudiera contar con el apoyo del PP, así que necesitaría el respaldo de todo el bloque de investidura, y por tanto los votos de Puigdemont serían decisivos. Otra cuestión es si Junts podría defender políticamente votar en contra de algo que ha defendido siempre, esto es, ampliar el autogobierno fiscal, pero tendría ese mecanismo en sus manos.

Las posibles críticas en el PSOE

En el otro extremo de esa especie de pinza contra la investidura de Illa están el PP y Vox, que también se están moviendo para complicarla. Los populares controlan 13 autonomías y han sido muy beligerantes desde el principio contra el concepto de “financiación singular” de Cataluña que dirige toda esta negociación. Aunque es posible que con el tiempo también les beneficiara a ellos, como se vio con los anteriores acuerdos, el PP ya está preparando la ofensiva contra el pacto.

El PP tiene mucha relevancia porque ERC no quiere hacer un pacto ahora que dentro de unos años, cuando los populares puedan llegar a La Moncloa con o sin Vox, quede en nada con otro cambio legal. Por eso ERC está exigiendo a los socialistas garantías de que este acuerdo será definitivo y logrará una aplicación real, que no quedará solo en palabras. En este punto también se está complicando la negociación en el último momento, según fuentes republicanas.

Además el pacto tendrá también críticas dentro del PSOE. Es casi seguro el rechazo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pero en la cúpula de Sánchez preocupa más el del asturiano Adrián Barbón, al que intentarán convencer. Si hay acuerdo, Montero y otros dirigentes, incluido el propio Sánchez, tendrán que hacer un gran esfuerzo para explicarlo, como pasó con la amnistía, aunque algunos creen que esto es algo mucho menos duro de tragar que el giro de 180 grados que dio el Gobierno con el perdón al procés.

Como es habitual en los últimos años en la política española, todo es extraordinariamente complejo y parece casi imposible, pero hasta ahora Pedro Sánchez y su equipo de máxima confianza, en el que Illa es una persona clave, siempre han encontrado una salida para resolver la situación a costa, claro, de cesiones muy importantes. Este parece ser de nuevo el escenario, que se precipitará casi con seguridad hacia un lado u otro en las próximas horas.

El delicado momento de ERC

La dirección de ERC está siendo especialmente exigente en la recta final porque quiere un acuerdo impecable para convencer a sus bases de que lo respalden. ERC vive un momento delicado después del duro golpe electoral de las catalanas, que sacará al partido de la Generalitat y le ha hecho perder la primacía del independentismo frente a Puigdemont. La dirección está de salida y vive un momento de tensión interna muy duro. No es el ambiente ideal para controlar una votación de las bases, pero todos los implicados en la negociación se están esforzando para que el acuerdo sea algo tan sólido que sea muy difícil oponerse. Lo que se está negociando no es un punto, sino varias páginas con un auténtico plan de legislatura y pasos nunca alcanzados.

La oposición es muy fuerte, pero la voluntad de pacto también lo parece. La dirección de ERC ha entrado a fondo a negociar porque parece convencida de que una repetición electoral no cambiaría las cosas y en las circunstancias actuales es mejor aprovechar el peso decisivo que le han dado las urnas para sacar el mejor acuerdo posible.

Esta semana, dominada por este ambiente de posible cierre de acuerdo en Cataluña, ha vuelto además a dejar muy claro que la batalla entre los independentistas condiciona de manera muy peligrosa la legislatura de Sánchez e incluso puede acabar con ella. Junts, cada vez más inquieto por la posibilidad de que Illa sea president con los votos de ERC y ponga así en riesgo el futuro político de su líder —Puigdemont ha insistido en que no volverá para ser el jefe de la oposición—, ha lanzado un golpe duro para recordar que sin ellos no hay mayoría, al tumbar la senda de estabilidad, primer paso imprescindible de los Presupuestos.

La secuencia de cómo se conoció esa decisión muestra cómo están las cosas en el independentismo. Como reveló el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una conversación informal que fue grabada por un micrófono en el patio del Congreso, María Jesús Montero estaba convencida de que Junts votaría sí. Y con ella todo el Gobierno. Al terminar una reunión para el plan de regeneración con Miriam Nogueras, portavoz de Junts, esta les dijo a Urtasun y Bolaños, como de pasada, que iban a rechazarla. La indignación en el Gobierno fue importante. Era un golpe duro e inesperado que enseguida atribuyeron a una “rabieta” por los avances en el pacto con ERC.

Este fiasco ha hecho que la oposición vuelva a pensar que la legislatura es inviable. Pero en el Ejecutivo recuerdan que Junts puede complicarle mucho las cosas al Gobierno, como hizo el martes, pero tiene muy poco margen para tumbarlo. Porque para eso necesitaría apoyar en una moción de censura a Alberto Núñez Feijóo como presidente. “A ver cómo explicarían eso en Cataluña”, resumen varios dirigentes socialistas consultados.

Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y el hombre clave para tratar de ganar todas las votaciones en el Congreso, daba esta semana un dato para tratar de desmentir esa tesis de Feijóo de que Sánchez en realidad no gobierna, sobrevive. De las 527 votaciones en el Congreso en esta legislatura, el Gobierno ha perdido 32 y ha ganado las otras 495. En ese tiempo ha aprobado 12 leyes y ha convalidado seis decretos leyes. La debilidad parlamentaria existe, el Gobierno está en minoría, pero no es tan grave como se puede pensar, insisten en La Moncloa.

Ahora la prioridad es cerrar el acuerdo con ERC y confiar en que lo aprueben sus bases e Illa sea president en breve. Después, cuando Junts haya digerido el trago, Sánchez y su negociador con este grupo, Santos Cerdán, volverán a intentar en septiembre recomponer los puentes con ellos para buscar unos posibles Presupuestos. “Con Puigdemont en la cárcel eso es imposible”, resumen fuentes de los independentistas. Ese será el siguiente capítulo, en el que Tribunal Constitucional, de nuevo, tendrá mucho que decir. Y podría ser rápido, porque se trata de derechos fundamentales de alguien en prisión. Pero esa es la siguiente batalla. Ahora todos están concentrados en una que hace unos meses se veía imposible y ahora parece cercana, aunque puede frustrarse en el último momento: la investidura de Illa.