El PSC exprime el consorcio tributario previsto en el Estatut para intentar un pacto con ERC

El PSC está intentando focalizar la negociación con ERC para investir a Salvador Illa exprimiendo al máximo la fórmula que establece el Estatut de Cataluña vinculada con la financiación. Los socialistas son conscientes de que su margen de maniobra es muy estrecho, pero ven un camino por recorrer para crear un consorcio paritario entre la Agencia Tributaria Estatal y la catalana a la que se delegaría la recaudación de los impuestos. Ese ente estatutario, que ya superó el filtro del Tribunal Constitucional, permitiría a la Generalitat disponer de información inmediata sobre la recaudación y abriría la puerta acabar con la práctica de los anticipos a cuenta. La propuesta no satisface ni de lejos las reivindicaciones de ERC, que pide una financiación singular fuera del régimen común, similar al concierto vasco aunque con solidaridad, y ya ha avisado de que sus bases no refrendarán un mal pacto. ERC, sumida en un proceso de caída libre y de una lucha fratricida, ha fijado el 31 de julio como fecha para alcanzar un principio de acuerdo.

ERC centra su lista de reivindicaciones en cuatro carpetas: la financiación, las condiciones del referéndum de autodeterminación, los servicios públicos y la protección del catalán. Descartada la consulta, el PSC fía su suerte en jugar al máximo con la potencialidad del marco estatutario, ignorado por completo por el independentismo durante el procés. El Estatut le permite al PSC un aterrizaje que confía que pueda cautivar a ERC más allá del aumento de financiación en determinadas partidas. Fuentes consultadas recuerdan que el Estatut prevé que el consorcio recaude todos los tributos, siempre que lo hagan de forma paritaria. En concreto, el artículo 204 recoge que “la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de los otros impuestos del Estado recaudados en Cataluña corresponden a la Administración tributaria del Estado”.

Aragonès defiende un modelo propio similar al concierto y avisa de que no se conformarán con una propuesta de “maquillaje”

Sin embargo, ese mismo artículo añade que el Estado puede delegar esa función y fijar una colaboración con el Govern, en especial cuando así lo requiera la naturaleza del impuesto. Para ello, el Estatuto fija que se creará un consorcio entre los organismos tributarios del Estado y de Cataluña que se puede transformar en la “Administración tributaria en Cataluña”. Además, contempla que pueda gestionar los impuestos locales. Detrás de ese artículo, según cuentan fuentes conocedoras de esas negociaciones, estaba la creación de una suerte de ventanilla única. Es decir, que el contribuyente pueda pagar sus impuestos en cualquier agencia de Cataluña.

La propuesta de entrada no seduce en absoluto a ERC, que reivindica la soberanía fiscal, es decir, tener la llave de la caja, como así recalcó en la fugaz y fallida sesión de la investidura. El propio president, Pere Aragonès, advirtió este jueves, durante la presentación del informe 2023 del Instituto de Estudios de Autogobierno, que la falta de revisión del modelo tiene “consecuencias graves” para las finanzas y por ende para los servicios que ofrecen a los ciudadanos. Ante ese panorama, convino que Cataluña necesita un modelo de financiación específico y singular que no sea solo “maquillaje”. Marta Rovira, la secretaria general de ERC, avisó hace semanas que su reivindicación no se limita a demandar más partidas para financiar competencias propias como los mossos o prisiones, sino en tener la llave y en gestionar los recursos. Josep Maria Jové, su líder parlamentario, dijo este viernes que la propuesta del PSC “les chirría”, pero vio margen para la negociación. El diputado recordó que su propuesta estaba incluida en el Estatut de 2005 que tuvo en el Parlament el consenso del “90% de los diputados”.

Durante el procés, el modelo de financiación desapareció del debate. Fue Artur Mas el que reclamó sin éxito un pacto similar al concierto vasco que el Gobierno consideró inviable aunque el PP catalán defendía un modelo de financiación propio (dentro de la LOFCA) con solidaridad limitada en el tiempo. En marzo, Aragonès presentó su propuesta y un mes después Illa, ante más de un millar de personas, ya en precampaña, se comprometió a cerrar 50 traspasos pendientes y a impulsar un pacto de financiación en tres meses si es president. El PSC asegura que su objetivo es mejorar la financiación siempre dentro del régimen común de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) e intentan rebatir las quejas de los autonómicos presidentes del PP pero también las de dentro del PSOE como las formuladas por Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Illa ha defendido que no quiere privilegios, pero sí que se aplique el principio de ordinalidad, es decir, que se corrija la desproporción que supone que Cataluña sea la tercera comunidad en aportar a la caja común y la 14ª en recibir.

Los plazos apremian y el PSC sabe que no se puede pactar en un mes un nuevo modelo que lleva 10 años congelado y que con solo mencionarlo levanta ampollas en comunidades dirigidas por el PP, pero también por el PSOE. Con todo, el Estatuto de Andalucía contempla en el artículo 181 un consorcio tributario similar al catalán. Ahora la Generalitat tiene cedidos el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales. En total, ERC calcula que el Estado recauda el 91% de los impuestos y la la Generalitat el 9%. Sin embargo, una agencia tributaria consorciada podría encargarse de gestionar la totalidad de los impuestos por delegación del Estado, siempre de forma conjunta y respetando el marco del sistema de financiación vigente. La principal virtud, según las mismas fuentes, es que el Govern tendría información inmediata sobre la recaudación y se abriría la posibilidad de acabar con la fórmula actual de los anticipos.

Al estar recogido en el Estatut, el consorcio no supondría grandes cambios legislativos. Eso permitiría vender el acuerdo al PSOE y no tener que enfrentarse a un Congreso en el que, entre otros, el PSC y ERC tendrían que convencer a sus socios del bloque de investidura, muchos de ellos reacios a una financiación singular para Cataluña. También a Junts, que quiere disputar la presidencia de la Generalitat a Illa y ya ha puesto reparos a esa negociación. Sin embargo, el despliegue no sería fácil. El propio Illa ha admitido que su propuesta, que fue rechazada durante la época del tripartito, va a encontrar “resistencias”. Entre otros, la de los propios funcionarios de una y otra agencia.

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