La Generalitat carga contra el impacto del modelo de financiación en Cataluña en la recta final de la negociación por Illa

La Generalitat aprovecha cada año los últimos días de julio o los primeros de agosto para denunciar los resultados del sistema de financiación autonómico para Cataluña. Ejercicio tras ejercicio, sus cálculos reiteran que la comunidad, pese a ser la tercera que más recursos aporta al sistema por habitante, acaba relegada a la décima posición una vez se ponen en funcionamiento los mecanismos de redistribución territorial. A pocos días de cerrar las negociaciones con el PSC para decidir (o no) la investidura de la presidencia autonómica, el Departamento de Economía y Finanzas ha vuelto a lanzar su denuncia. “Esto solo cambiará cuando cobremos todos nuestros impuestos″, ha complementado la información la consellera de Economia, Natàlia Mas, a través de la red social X, insistiendo en la petición de ERC de contar con un sistema de financiación singular. “Hace falta tener la llave de la caja”, ha remachado.

Los resultados publicados por su conselleria, con los datos de liquidación de 2022 facilitados por el Ministerio de Hacienda este mismo viernes, muestran cómo Cataluña parte con una capacidad fiscal por habitante de 3.565 euros, un 17% más que la media española, antes de la aplicación de los fondos de solidaridad. Una vez activados estos, la cuantía que percibe cada catalán de promedio es de 3.264 euros, el 97,7% del total.

La Generalitat no esconde que ese impacto sobre Madrid y Baleares es incluso más duro. La primera pasa de 4.328 euros (un 42,7% por encima de la media) a 3.233 euros (un 96,8%, incluso por debajo de Cataluña), mientras que la segunda cae de 3.677 euros (un 21,2% más que la media) a 3.312 euros (un 99,1%). Sin embargo, lo que se ha convertido en una denuncia permanente del Govern independentista, y que apoya el PSC de Salvador Illa, es que comunidades más pobres acaben teniendo una capacidad fiscal per cápita más alta una vez efectuado el reparto de recursos entre comunidades. Por ejemplo, Cantabria (quinta), Rioja (octava) y Extremadura (decimocuarta) se convierten en las tres primeras comunidades más ricas tras la nivelación (4.215, 4.131 y 4.018 euros, respectivamente), siendo las únicas que acaban con más de 4.000 euros per cápita.

“El modelo de financiación de 2022 volvió a situar a Cataluña en la cola de las comunidades de régimen común en ingresos recibidos por habitante, un resultado desfavorable que se repite cada año desde 2010”, denuncia el comunicado enviado por el Govern. Los cálculos de la Generalitat añaden otra estadística que complica todavía más los resultados de Cataluña, que es el impacto del coste de la vida. En ese caso, queda relegada a la posición 14, mientras que el farolillo rojo sería Madrid.

Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que en 2022 la Generalitat percibió 4.324 millones de euros del total de 20.537 millones que se repartieron a todas las comunidades del régimen común del sistema de financiación. El Gobierno defiende que en la etapa de Pedro Sánchez, el Estado ha dado a Cataluña un 42,7% más que en tiempos de Mariano Rajoy.

La crítica del Govern se centra también en el retraso que se cierne sobre el actual modelo de financiación, puesto en marcha en 2009 con el compromiso de actualizarlo cada cinco años, con lo que acumula una década sin reforma. Otra queja se refiere al modelo de liquidación, basado en anticipos, que en opinión del Ejecutivo catalán ha provocado que durante la vigencia del actual modelo se haya producido un movimiento de concentración de recursos a favor de la Administración del Estado, que ha visto como mejoraba sus ingresos un 88,7%. Mientras, las comunidades autónomas solo conseguían una subida del 40,5%.

La financiación autonómica es uno de los puntos de negociación entre el PSC y ERC para intentar sacar adelante la investidura de Illa después de imponerse con una victoria insuficiente en escaños en las pasadas elecciones autonómicas. Los republicanos quieren salir del régimen común y contar con una suerte de concierto catalán, con algunas similitudes con el vasco y el navarro, exigencia que no se asume desde el Gobierno.

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